"Seguridad alquilada": se sigue cayendo el maquillaje de Pérez

En medio de una crisis de Seguridad, en un nuevo barrio de Godoy Cruz fue presentada como una herramienta revolucionaria que iba a dar tranquilidad a los nuevos vecinos. La casilla de vigilancia en altura instalada en el Barrio ATSA -ubicado a un costado del acceso sur junto a la denominada “triple frontera”- era lo "top" y el gobernador Francisco Pérez durante la entrega de las viviendas, incluso, anticipó que llegarían más unidades.

Pero, tal como otros aspecto que se van descubriendo, este maquillaje también se cayó y ahora la casilla o mangrullo de seguridad tiene los días contados. Al momento de los bombos y los platillos se olvidaron de dejar claro que la estructura era alquilada y no propiedad del Ministerio de Seguridad. Por eso, y ante la complicada situación financiera, se descartó la opción de extender del alquiler y aunque la casilla sigue en su lugar, a la hora que la empresa propietaria decida venir a buscarla se terminará otro de los maquillajes que se hicieron en la gestión Pérez, uno que afecta y dejar temor entre los vecinos.

Este caso puede ser el típico ejemplo del corte de cinta para la foto, donde un Gobierno busca salir del paso y apagar un incendio, pero sin entregar soluciones concretas. Los vecinos del Barrio ATSA quedaron en el medio de la necesidad de Pérez para salir de los problemas y los intereses electorales del actual gobernador, quien se desempeñaba como intendente.

Historia complicada

En diciembre de 2014, cuando se hizo entrega del Barrio ATSA, se instaló el mangrullo luego de los reclamos de los vecinos por la inseguridad en el sector, la cual se hizo sentir incluso antes de que habitaran sus viviendas. A los robos durante la construcción se sumó el asesinato del sereno Arnaldo Giménez de 40 años, quien en agosto de ese año murió de un disparo en el cuello mientras custodiaba las viviendas del IPV.

Desde ese momento los futuros vecinos se organizaron y exigieron medidas considerando los índices de inseguridad que registraba la denominada "triple frontera". La cuestión es que incluso pidieron restringir el acceso, a lo que se opuso el entonces intendente Alfredo Cornejo, argumentando que la ley no le permitía cerrar una calle. Esa era la voz oficial, pero los mismos funcionarios que participaban de las reuniones con los vecinos en el Hiper Libertad reconocían que no era una medida popular y que generaría cuestionamientos que no eran buenos con miras al año electoral.

Sin embargo, y tras varias reuniones se firmó un acta de acuerdo con el Ministerio de Seguridad para instalar un puesto fijo y mantener el cierre perimetral que dejó la empresa constructora. Todo se mantuvo así hasta hace unos días, cuando una reunión convocada por el municipio de Godoy Cruz alertó a los vecinos. Según indican los pobladores del sector, la idea era informarles que se iba a quitar la casilla "porque no la pagaron" y también anunciares el retiro del cierre perimetral, medidas a las que se oponen rotundamente.

Consultado por esta situación, el Director de la Policía, Roberto Munives, aclaró que la casilla estaba en alquiler y que lo acordado se venció, por lo que desde Logística le informaron que no se renovaría el acuerdo con la empresa que propocionó la herramienta. Los vecinos enterados se pusieron en alerta, pero el comisario intentó llevar calma. "La estructura hoy está en el lugar y si en algún momento la empresa propietaria lo retira, rápidamente la reemplazaremos por una casilla", dijo el funcionario policial, asegurando además que se mantendrán los patrullajes constantes.

Pero a pesar de las explicaciones el temor persiste, porque al retiro del mangrullo se sumaría la intención de retirar el cierre ubicado en la calle Cabo San Pio y que hasta ahora limita el tránsito de los barrios de la "triple frontera" por la zona. En teoría esa era la información que a tratar en una reunión que se iba a realizar con los vecinos este viernes, pero que curiosamente fue suspendida.

Martín Appiolaza, quien está al frente de la Dirección de Prevención y Participación Ciudadana en el Gobierno de Tadeo García Zalazar en Godoy Cruz, descartó que la reunión se haya convocado con fines de seguridad y dijo que la idea era trabajar en otros temas que interesan a los ciudadanos.

Respecto a la posibilidad de que se retire el mangrullo y el cierre, recalcó que "no va a cambiar nada en temas de Seguridad, por eso te digo que la reunión no tenía que ver con cuestiones de seguridad". Además, el funcionario aseguró que en el corto plazo, y de acuerdo a la información que tenía entregada por autoridades policiales, no se retiraría la casilla de vigilancia de altura. También manifestó desconocer la situación del alquiler de la estructura.

A pesar de las explicaciones los vecinos tienen miedo, porque consideran que estas medidas son las que los han mantenido seguros. Además suman otras señales, como el retiro de los equipos que tenían los delegados del barrio para comunicarse con el móvil policial que patrulla la zona. En ese sentido, Roberto Munives dijo que la explicación está en el término del contrato con la empresa que prestaba los servicios de telefonía.

El director de la Policía indicó, además, que va a verificar la situación de energía con la que se abastece la estación, porque según los vecinos está "colgada" de la luz. De esta forma se ponen en juego nuevamente en disputa los intereses políticos y de los ciudadanos, en una discusión que está lejos de terminar.