La población carcelaria se duplicó en los últimos 15 años

En la dirección que depende del ministro de la Corte Omar Palermo sostienen además que la tasa de encarcelamiento de Mendoza se ubica por encima de la media nacional.

La Provincia tiene un promedio de 232 personas en prisión cada 100.000 personas, de acuerdo con el informe. En cambio, el último dato publicado por el Ministerio de Justicia de la Nación en 2013 indicaba que el promedio nacional era de 152,33 prisioneros cada 100.000.

El dato explica los casos de hacinamiento en las cárceles de Mendoza, que cuenta con cuatro complejos de grandes dimensiones. La Provincia trata de avanzar en la construcción de un quinto penal en Cacheuta, además de tener 3 unidades penales y 5 alcaidías.

Pero el informe elaborado en el Poder Judicial no tiene como objetivo principal sugerir la necesidad de ampliar las plazas carcelarias, sino que busca "mejoras adentro" de la propia Justicia para atenuar el crecimiento de la población en las prisiones.

"La puerta giratoria sólo gira para adentro", afirma en este sentido Milagros Noli, quien conduce la Dirección de Derechos Humanos. La abogada Noli considera que la “tasa de prisionalización” de Mendoza, tanto en el caso de los varones como las mujeres, es alta por responsabilidades del Ministerio Público y la Justicia de Garantías a la hora de dictar la prisión preventiva.

Noli le asigna un peso muy fuerte a la difusión de hechos sensibles para la sociedad ya que considera que la población de los penales "crece más rápido en años en los que se producen hechos que afectan a la clase media".

Pero específicamente sobre el rol de los fiscales y los jueces de garantías, expresa: "El 93 por ciento de los pedidos de prisión preventiva son ratificados por la Justicia de Garantías. Esto quiere decir que el juez de garantías convalida la mayoría de los pedidos de los fiscales. Es prácticamente automática la prisión preventiva y creemos que en esto hay un trasfondo ideológico".

El problema es que "un alto porcentaje de las personas a quienes se les aplica la prisión preventiva, después sale en libertad", o sea, no recibe condena alguna, según la directora de Derechos Humanos del Poder Judicial.

En el informe se analiza específicamente lo ocurrido en el Primer y Sexto Juzgados de Garantías de la Primera Circunscripción Judicial durante 2014. Se recopilaron la totalidad de prisiones preventivas dictadas durante siete meses en ambos juzgados y luego se verificó qué ocurrió con ellos: a julio de este año, las prisiones preventivas resultaron en sólo 54 condenas, 84 libertades y 69 aún en proceso. O sea que sólo 26 por ciento fue condenado hasta ahora, mientras que el 41 por ciento salió en libertad y el 33 por ciento restante espera un fallo. 

Por otra parte, a nivel global, el estudio dice que sólo el 48 por ciento de la población penal tiene condena, mientras que el 52 por ciento restante se encuentra en condición de procesada. 

Si bien este valor de Mendoza sí se acerca a la media nacional, "se observa un aumento importante en la proporción de personas procesadas en 2014, ya que el 2013 terminó con aproximadamente el 40% de la población penal procesada y el 2014 termina con el 45%", dice el informe.

La muerte

"La expectativa de vida en prisión se reduce mucho", señala Noli sobre otro aspecto del informe que publicó el Poder Judicial el 10 de este mes.

Y es que "la sobrepoblación genera un contexto propicio para la violencia intracarcelaria", que se manifiesta en el siguiente número: 171 personas murieron dentro de los penales mendocinos entre 2004 y 2014.

En tanto, entre 2009 y 2014 hubo un pico de muertes ya que fallecieron 104 personas en las cárceles de la provincia, de las cuales aproximadamente el 40% se encontraba sin condena.

En 2015, por otra parte, la violencia no ha disminuido: ya han muerto 15 personas en los penales mendocinos.

El informe además hace hincapié en cuál es la franja social que está sujeta a sobrevivir a la muerte en la cárcel: más de la mitad de la población de las prisiones mendocinas tiene menos de 30 años de edad y sólo la mitad de los presos tiene el primario completo. El delito con mayor mención es el robo agravado, que es la razón por la cual el 43 por ciento cae detrás de las rejas.

"Las cárceles están ocupadas en su mayoría por personas de escasos recursos", dice Noli, quien ofrece como excepciones los casos de adultos mayores (más de 50 años) que cayeron presos por delitos de lesa humanidad y contra la integridad sexual.

Los tiempos de la Justicia

Así como es alto el índice de procesados, también es importante el tiempo que tarde una detenido en tener su primer contacto con un juez.

Corresponde legalmente que el tiempo de detención desde el ingreso a un penal hasta que se dicta la prisión preventiva sea de 10 días, como máximo, pero esto se cumple en apenas el 1 por ciento de los casos en Mendoza.

Por el contrario, la mayoría espera mucho tiempo: hasta 10 meses en algunos casos.

Para Noli es muy importante resaltar la duración de las detenciones dado que en ese momento la persona "depende solamente de una de las partes del proceso, que es quien lo persigue, y no de un juez imparcial, quien debe ocuparse de velar por la legalidad del proceso y la protección de las garantías fundamentales".