La increíble obsesión por conchabar a los amigos

Un préstamo del Nación es la única alternativa viable de financiamiento para la gestión que viene.

Hay quienes, dentro del entorno de Cornejo, creen que ya hay que empezar a prepararse para dar la mala noticia: que el acuerdo será imposible y que, entre otras consecuencias, peligran los salarios y los aguinaldos de diciembre. Pero habrá que esperar para esa reacción.

De nada habría servido en este contexto la sutil presión de Daniel Scioli, quien, como trascendió dentro del PJ, le pidió al peronismo que arregle con la UCR para terminar de sacar de una vez por todas de la agenda pública la grave situación financiera de la provincia en el último tramo de la campaña electoral.

Una jugada está apareciendo en el horizonte de la Casa de Gobierno que le permitiría al oficialismo quitarse de encima la presión radical por acordar, arreglo cuestionado puertas adentro del PJ, entre otros, por el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús.

Sin posibilidades legales de endeudarse en lo que resta del año, porque así se lo impone la ley de Responsabilidad Fiscal, el Ministerio de Hacienda explora una ventana para poder tomar préstamos que le abriría un artículo de la ley de Administración Financiera y llegar como se pueda a fin de año.

La ratificación por ley de los pases a planta le permitirían a Paco quitarse de encima las denuncias que ya se hicieron ante la Justicia y ante la Fiscalía de Estado, que fueron impulsadas tanto por los radicales como por ATE, por presuntas irregularidades administrativas en esas designaciones.

Pero asimismo se lograría subsanar otro problema. Se buscó, en el marco de las paritarias de la Salud, efectivizar gente en medio de los pases a plata de médicos y enfermeros.

Pero, fuera de eso, existiría una traba legal. La ley de Presupuesto vigente (2014) lo obliga a contar con un crédito presupuestario de al menos 13 meses para efectuar las designaciones. Esto más allá de que los nombramientos se hagan en los últimos meses de este año. Solo una cláusula que salve esta situación en la ley de la transición, alejaría futuros inconvenientes judiciales.

Para Cornejo aceptar el blanqueo de los pases a planta significará transformar el acuerdo en un pacto.

Por un lado quedará arrinconado contra su discurso (viene denunciando desde la campaña el descontrol en materia de personal) y por el otro quedará impedido, como varios dirigentes suyos anunciaron, de revisar esas designaciones sospechadas a partir de 2016.

Mientras tanto el reloj corre. Sin ley que lo autorice, no habrá forma de que la actual administración pueda salir a negociar el préstamo multimillonario con el Nación y mucho menos conseguir la autorización del ministerio de Economía para tomarlo.

El 15 vencerán $800 millones anticipados que la entidad financiera nacional otorgó para pagar los sueldos de agosto y, a este ritmo, llegaremos a diciembre con una deuda de al menos $3.500 millones solo con el banco que lo habilitó al gobernador para evitar que la cosa explote. A esto habrá que agregarle la deuda con proveedores y por retenciones.

No hay dudas de que, en caso de que Mendoza consiga que alguien le preste la friolera de $6.000 millones, estos funcionarán en definitiva solo como un asiento contable.

“El trabajo dignifica”

La obsesión gubernamental por los pases a planta, llevó al gobernador a mezclar este tema con otro de los que sacudió a la opinión pública esta semana: la sentencia judicial absolutoria sobre Mariano Luque, el único imputado por la desaparición de Soledad Olivera, hace cinco años en Lavalle.

Pérez descargó toda su furia sobre uno de los encargados de la investigación, el fiscal especial Santiago Garay, luego de calificar el fallo de la Segunda Cámara del Crimen (integrada por Roberto Uliarte, Mateo Bermejo y José Valerio) como “vergonzoso”.

“Me llama la atención (que los fiscales especiales) no hagan hincapié en esto y que pongan tanta energía en 50 pases a planta permanente”, apuntó Pérez a Garay, quien lo está investigando por este asunto. “El trabajo trae dignidad”, argumentó, defendiendo los conchabos.

Garay no tardó una tarde en responderle. Y en duros términos.

En los hechos la responsabilidad por las deficiencias en la instrucción de la causa (que existieron) no fueron responsabilidad suya sino de quien la tuvo en sus manos durante los primeros once meses: el fiscal Darío Nora.

Fue Garay (quien tomó la investigación hace un año) el que pidió el listado de mensajes telefónicos entre Luque y Soledad, elemento que se convirtió, en definitiva, en la base de la serie de indicios que le permitieron elevar la causa a juicio y que Nora nunca tuvo en cuenta incomprensiblemente.

Un repaso por los fundamentos de la sentencia de la Cámara pueden ayudar a entender por qué pasó lo que pasó.

“En el marco del Estado de Derecho, que parte del estado de inocencia del imputado, la prueba cobra una relevancia sustancial, porque es la única legalmente autorizada para destruir dicho estado de inocencia: sólo se puede declarar la culpabilidad de aquél respecto de quien se ha podido probar con certeza que ha participado de un hecho que, a su vez, debe acreditarse como ilícito también con certeza. El in dubio pro reo es en nuestro país una garantía constitucional que proviene de forma expresa de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos”, redactó Bermejo, como presiente del tribunal.

Y siguió: “En efecto, tal como se dijo, para que un testigo de los hechos que aquí se juzgan haya sido directo debió haber estado presente en el lugar de los hechos o muy cerca de él y debió percibir a través de alguno de sus sentidos el momento en que Soledad era privada de su libertad por el imputado Luque o haber oído los gritos de ayuda de la víctima”.


Los protagonistas de la cuestión judicial en este caso coindicen que los camaristas pusieron “la vara muy alta” al considerar los indicios que eran muchos. Y algunos de ellos muy fuertes.

- “Venite, te estoy esperando”, le mensajeó Luque a Soledad a las 15.30 de aquél 18 de noviembre de 2010, día que desapareció.

Los magistrados no acreditaron la carátula de “homicidio” (porque el cuerpo nunca apareció), aunque sí admitieron la privación ilegítima de la libertad.

“... Está acreditado con certeza, y por ende más allá de toda duda razonable, que Elvira Soledad Olivera no dejó a sus hijos, su familia y sus seres queridos de forma libre y voluntaria. Por el contrario, fue forzada y, por ende, privada de su libertad ambulatoria. El hecho ilícito que es objeto de este proceso, la privación ilegítima de la libertad entonces, se encuentra acreditado”

Sin embargo, pruebas para una condena no existía ninguna. “De la prueba testimonial que fue producida en este debate, no pudimos oír a ningún testigo directo, ni del hecho ilícito del que habría sido víctima Soledad ni de la autoría del imputado Luque”, cerraron.

Pérez reaccionó a lo Pérez, subido a la reacción social por el controvertido fallo de Cámara: con una rabieta, de manera demagógica y poco informado.

Sus cuestionamientos recientes al trabajo de los fiscales, queda desacreditado luego de que, en 2014, en una salida más virulenta que la de esta semana, amenazó con el juicio político al jefe de ellos, el Procurador Rodolfo González, cuando la provincia se sacudía por las bandas del narcotráfico. Pudo haber cambiado la historia, pero nada pasó.

Al mejor estilo kirchnerista, apeló a sus humores para arremeter contra la Justicia por un fallo cuestionable por el criterio aplicado. Pero ajustado a derecho.

Hubo un desconocimiento además del mundillo interno de Tribunales. La Segunda Cámara es considerada una de las más duras en cuanto a las sentencias y, compite con otra, la del juez Rafael Escot, a la cual la jerga denomina “la Cámara de gas”.

La privación ilegítima tiene una pena de entre 2 y 6 años de prisión y Luque ya había pasado dos preso. Los jueces objetados podrían haber optado por el camino más corto: condenarlo, quitarse la presión social de encima y que el reo recupere su libertad en poco tiempo.

Pero el gobernador también pasó a los hechos con su arremetida contra la Justicia. Anunció que congelaba el pliego de Bermejo, hoy subrogante, para convertirse en juez.

Quizás no lo advirtió, pero Bermejo es integrante de la línea interna kirchnerista Justicia Legítima. O quizás sí lo hizo: hay quienes indican que la movida tiene que ver, precisamente, para preservar políticamente a un magistrado promovido por el hombre de Pérez en la Corte, Omar Palermo. 

De cualquiera de las dos formas, la reacción fue bochornosa.