La UCR sospecha que hay más pases a planta en Salud
Los diputados del radicalismo reclamarán esta semana al Gobierno que proporcione la lista de empleados contratados del área de la salud que ingresarán a planta permanente del Estado y ya agitan una sospecha: dos legisladores de ese partido señalaron que el total de personas beneficiadas podría ser de 1.600, es decir, 600 casos más de los que hasta ahora fueron detectados.
La nómina de pases a planta será tema principal de la próxima reunión de labor parlamentaria en Diputados, donde la UCR intentará conseguir el aval del oficialismo y las otras fuerzas políticas para emitir este miércoles un pedido de informes concreto al Poder Ejecutivo.
Los pedidos de informes normalmente no son trabados en la Legislatura, pero hay dudas sobre cuál será la actitud del PJ en este caso. Si no hay acuerdo de las distintas fuerzas, el pedido quedará trabado, ya que su aprobación requeriría los dos tercios de la Cámara Baja para que pase al Ejecutivo.
En cualquier caso, está subiendo la tensión en la Legislatura por los acuerdos sellados entre el Gobierno y los gremios, en especial, ATE y Ampros. Ya hubo un anticipo la semana pasada cuando los radicales pidieron las actas de las paritarias, reclamo que fue rechazado por el FIT y criticado por el PJ en el recinto.
A esta altura, la polémica ya tiene impacto electoral. Algunos legisladores creen que el Poder Ejecutivo no puede retener los acuerdos paritarios para evitar que la Legislatura los revise, ya que esos documentos deben ser ratificados tarde o temprano por los legisladores. En caso contrario, el aumento salarial que se paga en las distintas áreas no tiene el respaldo legal adecuado.
Quienes creen que los acuerdos paritarios van a llegar pronto a la Legislatura dicen que la estrategia del oficialismo será “tirar a los gremios encima” del radicalismo para forzar su aprobación.
Prometen que enviarán las listas
La realidad indica que, hasta ahora, ninguna acta paritaria ha recibido su ratificación legislativa, a pesar de que desde marzo se espera el envío del acuerdo celebrado con el SUTE por el aumento a los docentes.
Respecto de los pases a planta de la salud, la actitud ha sido esconder las listas y eludir todo tipo de explicación oficial. Recién ayer un funcionario asumió la responsabilidad de decir en qué consisten los acuerdos con los gremios. Se trata de Mauricio Guzmán, el subsecretario de Trabajo, a quien le cabe el rol de “árbitro” en las disputas salariales, no la defensa específica de lo que ha firmado el Gobierno.
Guzmán rebatió parcialmente la nómina de mil empleados. Reconoció que hay 563 contratados de salud con ocupación reconocida que alcanzarán la estabilidad, a los que se suman 403 “prestadores” más. De ellos, “algunos no van a pasar a planta”, dijo el funcionario, quien habló de traspasos a “planta transitoria” en lugar de “permanente”.
“Estimo que esta semana van a ir saliendo los decretos de homologación del gobernador para su ratificación legislativa”, prometió Guzmán, y consideró que las demoras registradas están entre los “trámites normales”.
Pero el radicalismo salió nuevamente al cruce. “Tenemos información de adentro que dicen que los pases a planta en la salud son 1.600, por eso queremos ver las nóminas”, recalcaron fuentes partidarias.
Públicamente, el diputado Martín Kerchner y el jefe del bloque de diputados, Néstor Parés, anunciaron el pedido de informes sobre las listas de empleados y además hablaron de otros acomodos de políticos en planta permanente, casos en los que incluyó al ministro de Salud, Oscar Renna; a hermanos del ministro de Gobierno, Rodolfo Lafalla; y a la senadora justicialista María José Ubaldini.
“Están incurriendo en algún tipo de delito”, advirtió severamente Kerchner, y señaló que hay antecedentes de acuerdos paritarios corregidos en forma parcial por la Legislatura para evitar pases a planta.
Los antecedentes del año pasado son dos. Según recordó el senador Juan Carlos Jaliff, el Senado rechazó en 2014 el pase a planta de algo más de 100 empleados de la fundación Coprosamen (Comisión Provincial de Sanidad Animal Mendoza), quienes habían sido impulsados a realizar el reclamo por parte de ATE a pesar de que no tenían vinculación directa con el Estado.
Estos empleados venían en una nómina de 600 pases, pero sólo consiguieron el beneficio de la estabilidad los cerca de 500 que estaban vinculados al Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria (Iscamen), que sí es un ente del Estado provincial.
El otro antecedente recordado por Jaliff fue el de “12 pasantes que cumplían funciones de inspectores en la dirección de Defensa al Consumidor y que cobraban a través de una mutual”. A ellos también les frenaron el pase a planta el año pasado.