Una amiga en la Corte, por las dudas

 Al gobernador Francisco Pérez le quedan apenas 9 meses para entregarle los atributos institucionales a quien lo suceda. A los mendocinos, nos quedan solo 3 meses hasta el día en que decidamos quién será ese sucesor y quede en claro que ya, lo que haga o quiera hacer el señor Pérez deberá consultarlo con el mandatario electo.

Ese es el contexto en el que envía al Senado para su tratamiento los pliegos para nombrar, a perpetuidad, a tres miembros de órganos de control y de la Suprema Corte de Justicia. ¿Tiene derecho a hacerlo? Sí, lo tiene. ¿Está obligado a hacerlo, ya? No, para nada. ¿Por qué lo hace? Sin dudas, porque no quiere perder esos espacios para su fuerza política.

Dicho en términos de café, lo que Pérez busca es dejar amigos en cargos que son de por vida, salvo que por alguna razón de fuerza mayor puedan ser removidos de sus cargos o renuncien, actitud bastante inusual para quienes se encuentran con "la vaca atada".

Los cuestionamientos a la actitud de "jubileo" del gobernador cuyo mandato se extingue y que, en los hechos, se encuentra raquítico de poder, pasan por muy diversos parámetros. Pero hay uno central y que es crucial: la idoneidad de las personas propuestas.

No tiene antecedentes en organismos de control, ni siquiera en la tarea de auditorías contables al nominado para dirigir nada menos que el Tribunal de Cuentas, el dirigente justicialista lasherino que responde al eje de los hermanos Félix de San Rafael, Ricardo Pettignano. Tampoco se le conoce proyecto de reformulación de un organismo al que es acusado de dejar escapar las tortugas lo que, en criollo, implica que no previene ni sanciona la corrupción, sino que representa una "dura" promesa de chaschás en la cola varios años después de que alguien no presentara en tiempo y forma las facturas por los gastos de su gestión.

Diferente es el caso de Fernando Simón, senador y ex mano derecha de Alejandro Cazabán durante el gobierno de Celso Jaque, autor, además, de algunas de las normas más fuertes de la reforma policial de 1998. Simón sí tiene antecedentes de control y gestión y académicos, aunque los cuestionamientos se centran en si se votará o no a sí mismo para ser el nuevo Fiscal de Estado, ya que es senador.

La situación es más ridícula con la nominación de la concejala de Maipú Miriam Gallardo para integrar, en paridad con los actuales integrantes, la Suprema Corte de Justicia.

El argumento oficialista es que tienen "derecho" a atornillar a un peronista. ¿En qué basa ese "derecho"? En que gobiernan, en que lo hicieron los radicales antes o en que -sencillamente- tienen los votos para hacerlo (aunque el ex ministro de Salud, Matías Roby, afirmó en MDZ Radio que Pérez los "compraría" si no los tenía).

Si es por legitimidad política, el justicialismo ya la perdió en la última oportunidad electoral provincial, en 2013. El partido de Francisco Pérez sacó 27,13 % de los votos y el radicalismo el 47,72%: 20 puntos menos. Un argumento menos a favor de esa excusa. Aunque claro, al oficialismo le gusta poner el "mojón" de la legitimidad en el resultado que mejor les dio, siempre.

Si es por idoneidad, estamos en problemas. Gallardo podrá ser la mejor persona del mundo, pero la Corte no es "el club de la buena onda": es el organismo máximo de gobierno de uno de los tres poderes establecidos por el sistema republicano al que adhiere la provincia de Mendoza desde el artículo 1 de su Constitución.

Por ello se requiere cumpla con algunos requisitos básicos, elementales: que no provenga impuesta por otro poder, que esté capacitada y específicamente para la Corte, que sea abogada (lo es, desde hace 20 años) pero además que tenga diez años de ejercicio u ocho de ejercicio de algún cargo de magistrado.

Gallardo fue presidenta provisional del Senado y ha estado a cargo de la Gobernación y está siendo impuesta -y se nota mucho- a la fuerza por el Poder Ejecutivo en retirada.

Un capítulo aparte es su formación: no ha dictado clases en la Universidad, ni siquiera ha sido jefa de trabajos prácticos; no ha escrito artículos jurídicos en revistas especializadas. No ha sido jueza, fiscal: ni siquiera secretaria de un juzgado, ni atendido algún juzgado de paz.

En cuanto al ejercicio de la profesión, los datos relevados en la audiencia pública son demoledores: no alcanza los 400 puntos en la Caja Forense en 20 años desde que recibió el título de abogada cuando debería tener entre 5 y 6 mil, como el resto de los que pertenecen a su generación y sí ejercieron el derecho. Lo dramático, irónico e insostenible es que sus compañeros de curso en la Facultad, los que sí tienen entre 5 y 6 mil puntos, deberán recurrir a ella como referente en la materia, en la cumbre del Poder Judicial.

Gallardo encaró en Tribunales uno que otro juicio en los últimos años.

Y lo que queda en superficie es que el mayor mérito que pretende poner en la balanza el gobernador Pérez en su defensa es que es desde hace todos estos años la apoderada del Partido Justicialista, vale decir, la que realiza las presentaciones en favor de la parcialidad política. 

Una experta en defender y representar al peronismo, y poco más que eso, además de "buena persona", claro.

Pero no es todo. Mientras que los otros postulados consiguieron 165 (Simón) y 150 adhesiones (Pettignano), la concejala maipucina recogió solo 65 firmas de respaldo y, entre ellas, está la de una sola jueza y nadie más de la Magistratura.

Si quieren que un peronista vaya a la Corte podrían haber buscado a algún otro. Se nos obliga a poner la lupa sobre ella y ella lo acepta, a pesar de todo lo que se ha dicho y demostrado. En la audiencia pública quedó expuesta su desnudez y no se sonrojó. 

¿Se espera que una noticia "mate" a la otra y nos olvidemos rápidamente de cómo se gestó su ingreso al máximo tribunal?

Gallardo en la Corte será, en todo caso, una amiga de Pérez en la Corte a costa de todos los mendocinos y lo que establece la propia Constitución como condiciones.