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La Corte provincial deberá dirimir la interna entre Palermo y González

Será cuando se reúna para resolver en plenario si acepta o no la apelación del Procurador contra el fallo sobre las prisiones preventivas que impulsó el ministro, que es el principal referente del ala progresista del alto tribunal. Cualquiera sea el ganador, la aplicación sería resuelta por la Corte Nacional.

La apelación del procurador de la Corte, Rodolfo González, logró finalmente diluir por lo menos hasta comienzos de febrero el conflicto político y judicial en torno al fallo que puso restricciones y condiciones a la prisión preventiva para atenuar el hacinamiento de presos en las cárceles mendocinas.

Tal como se esperaba desde el fin de semana, González cuestionó el fallo de cuatro ministros de la Corte por considerar que el alto tribunal se tomó atribuciones de otros poderes y además atentó contra la autonomía del Ministerio Público.

De esa manera se inició un proceso de análisis que demorará cerca de un mes en resolverse. Y una vez definido ese proceso, cualquiera sea la decisión, lo más probable es que la resolución de la Corte vaya a parar a la Corte Nacional, lo cual demoraría más su puesta en práctica.

El primer efecto directo de la intervención de González fue la suspensión de una reunión a través de la cual la Corte iba a empezar a poner en práctica este miércoles el fallo sobre la prisión preventiva. 

A ese encuentro estaban invitados el propio procurador, los jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y jueces de garantía y de instrucción, para organizar la implementación del fallo.

Según se informó oficialmente, la sola presentación del Recurso Extraordinario Federal por parte de González suspendió la aplicación de la sentencia. El paso que se dio fue notificar a la ONG Xumex (que presentó el hábeas corpus colectivo), que tiene 10 días hábiles para expedirse. Luego, la Corte provincial tiene 10 días hábiles más para resolver en plenario si el recurso del procurador es aceptado o no.

Si ocurre lo segundo, el Recurso Extraordinario probablemente se convierta en un Recurso de Queja, con lo cual, en ambos escenarios, el expediente irá a la Corte Suprema de la Nación.

La Corte provincial habilitó la feria judicial para que continúe el trámite, pero el parate es evidente. Un freno que más o menos equivale a la feria de enero, en principio. De hecho, este miércoles, uno de los ministros de la Corte ya había salido de vacaciones.

Se cree que cuando llegue el momento de decidir sobre la apelación del procurador, todos estarán de nuevo en funciones, ya que una de las aristas de la polémica es netamente judicial y la Corte está en el foco de todas las miradas.

A la hora de emitir el fallo, el más progresista del alto tribunal, Omar Palermo, consiguió el apoyo de tres ministros (Alejandro Pérez Hualde, Julio Gómez y Nanclares). De los otros tres, uno, Mario Adaro, se opuso porque no habían sido consultados otros poderes y considera que es inaplicable; y los otros dos, el presidente Pedro Llorente y Herman Salvini, se excusaron de votar debido a que ambos habían sido sometidos a un pedido e juicio político por parte de Xumex.

En este escenario, el resultado de la votación sobre la apelación de González, más allá de que no tendría efectos prácticos sobre ella, podría demostrar cuál es el respaldo que tiene Palermo para enfrentar al Procurador, su gran enemigo interno en la Justicia.

Para el gobernador Alfredo Cornejo, en tanto, es posible que haya llegado el momento de retirarse de la confrontación, al menos por ahora, dado que la resolución de la Corte sigue lejos de aplicarse.

Sin embargo, desde el oficialismo se sigue batallando contra una medida que, según consideran, les dará libertad automática a muchos presos y demandará recursos humanos y materiales del Ministerio de Seguridad para su aplicación.

Una prueba fue la presentación de un proyecto de resolución en la Legislatura por parte de un grupo de senadoras radicales quienes expresaron su preocupación ante este fallo, ya que la restricción de la prisión preventiva permitiría que quedaran libres los acusados en casos de violencia de género.