La Corte en pleno revisará el fallo de la polémica

Desde el Ejecutivo provincial buscan una salida institucional luego del polémico fallo judicial que pone en jaque al sistema de seguridad de Mendoza. Ante la ausencia de los cuatro magistrados de la Corte que determinaron modificar el sistema de prisión preventiva de la provincia, esta previsto que el martes el máximo tribunal se reúna en pleno y los tres jueces que hoy recibieron al gobernador Alfredo Cornejo les hagan llegar a sus pares las dudas que existen en Casa de Gobierno.

Si bien la vicegobernadora Laura Montero cuestionó la actitud de los jueces Omar Palermo, Jorge Nanclares, Julio Gómez y Alejandro Pérez Hualde, quienes se excusaron de participar en el encuentro, cuidó la formas para no agravar un conflicto de poderes que ya es indisimulable. En este sentido, apostaron a que mañana los jueces Pedro Llorente, Mario Adaro y Herman Salvini logren convencer a sus colegas de modificar (al menos en parte) el fallo que fija nuevos requisitos para la implementación de la prisión preventiva.

Montero aseguró que lo último que desean es una mala relación con la Corte y agradeció la presencia de los tres magistrados que se reunieron con Cornejo y su gabinete.

Según reiteraron desde el Ejecutivo, entienden que el Poder Judicial se ha adjudicado facultades legislativas al emitir un fallo que sienta jurisprudencia sobre un tema que repercute directamente en el funcionamiento del gobierno provincial. "Nuestro deber es pensar en los derechos de todos. Los detenidos y el resto de los ciudadanos", expresó la vicegobernadora, para quien los requisitos establecidos en la resolución emanada de la Suprema Corte son "de cumplimiento imposible". "Deja al borde del colapso al sistema de Seguridad", sostuvo en nombre de Cornejo, quien se retiró de la sala de acuerdos del Poder Judicial sin dar declaraciones a la prensa.

Si bien la segunda del gobernador admitió que es un dictamen que desnuda todas las falencias que existen en el sistema judicial vigente, aclaró que para solucionarlas se emitió "un fallo poco operativo".

En base a estos reclamos, el presidente de la Corte, Pedro Llorente, se comprometió a convocar a un plenario para que se revisen aspectos puntuales de la resolución, como la fecha de implementación de estas nuevas disposiciones y las dificultades de cumplimiento de algunas de sus premisas. Una de ellas es la necesidad de que en 24 horas los fiscales determinen si existen pruebas que justifiquen la prisión preventiva.

"Los jueces recogieron nuestras inquietudes desde las perspectivas legislativa, policial y gubernamental", expresó al vicegobernadora acompañada por los ministros Dalmiro Garay (Gobierno) y Gianni Venier (Seguridad), el diputado nacional Luis Petri, el diputado provincial Néstor Parés y el jefe de la Policía, Roberto Munives.

"Es un fallo que altera el orden legal vigente a través de la jurisprudencia", aseveró Montero. "Creemos que es dudoso e imprudente e cuanto a los efectos sobre la ciudadanía y las finanzas del Estado", agregó.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Néstor Parés, aclaró que "nadie quiere un conflicto entre poderes" y pidió ir "paso a paso" en busca de soluciones. En la misma sintonía se mostró Dalmiro Garay, quien lamentó la ausencia de los jueces que no asistieron al encuentro con el gobernador.