La Corte avanza en la aplicación del fallo a pesar de las quejas de Cornejo
A pesar de que el gobierno de Alfredo Cornejo espera una revisión del fallo sobre el régimen de prisión preventiva, la Corte parece avanzar en otro sentido y en realidad se prepara para su aplicación.
Uno de los ministros del alto tribunal mendocino así lo demostró al develar que la única medida que se ha decidido después de la aceptación del habeas corpus colectivo a favor de los presos es la implementación del punto número 7 de la resolución, que se haría efectivo este miércoles.
Ese punto establece "convocar al Procurador de la Suprema Corte de Justicia, a los jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y a los jueces de garantías y de instrucción a fin de establecer las pautas inherentes a la implementación de la presente resolución".
El solo anuncio de esta reunión parece una respuesta a la ruidosa queja política de Cornejo, quien desde el fin de semana viene batallando contra la resolución que restringe el uso de la prisión preventiva y recomienda medidas alternativas a las detenciones.
Cornejo, la vicegobernadora Laura Montero y varios funcionarios fueron a plantear las quejas a la Corte en el mediodía de este lunes pero no consiguieron que se hicieran presentes en el encuentro los cuatro firmantes de la resolución: Omar Palermo, Alejandro Pérez Hualde, Jorge Nanclares y Julio Gómez.
Después surgió la versión de un encuentro plenario que convocaría el presidente de la Corte, Pedro Llorente, pero en la noche de ayer no había novedades al respecto de una convocatoria de ese tipo.
En cambio, una alta fuente dijo que cuando se marchó Cornejo de tribunales, Llorente, Mario Adaro y algunos de los ministros que avalaron la polémica resolución se reunieron para hablar de su aplicación. "Nosotros continuamos en el curso en que vamos", aseguró por su parte anoche uno de los ministros de la Corte que defiende el fallo.
La reunión de mañana es claramente "de implementación", no de revisión del fallo, y en ese sentido buscará solucionar algunos problemas, tales como el hecho de que en Mendoza todavía rigen dos códigos procesales penales. "Al mediodía ya estaban saliendo las notificaciones para esta reunión porque lo que hemos ordenado tenemos que hacerlo efectivo", aseguró la fuente consultada.
La resolución de 81 páginas que abrió un inesperado conflicto entre el Poder Ejecutivo y parte del Judicial aceptó un habeas corpus colectivo presentado hace tres meses por organismos de derechos humanos, en el cual se cuestionaba las condiciones de detención de los presos y el uso de la prisión preventiva en las cárceles mendocinas.
Para reducir el hacinamiento de presos y el constante crecimiento de la población penitenciaria (se duplicó de 2000 a 4000 en los últimos 15 años), cuatro ministros de la Corte decidieron establecer plazos muy limitados para el establecimiento de la prisión preventiva y para normalizar las procesos en los casos de aquellas personas que llevan meses detenidas sin que las haya atendido un juez.
El fallo impulsado por Palermo consiguió el aval de tres ministros de la Corte con orígenes políticos diferentes y se interpretó como un disparo contra el procurador Rodolfo González, jefe de los fiscales; aunque también marcó un fuerte cuestionamiento a los jueces de garantías, que son los encargados de recibir los pedidos de prisión preventiva de los fiscales para su aprobación o no.
La interna de la Corte también quedó a la vista, pero fue evidente anoche el enojo de aquellos ministros a los que no les gustó la avanzada del Poder Ejecutivo, que entre otros puntos sostiene que el fallo demandará el uso de numerosos efectivos para la notificación de resoluciones judiciales.
"Este fallo es para adentro porque estamos actuando defectuosamente en materia de garantías. Damos órdenes y directivas adentro del Poder Judicial, no se las damos a la Penitenciaría, ni al Gobierno ni a la Policía", buscó aclarar un ministro de la Corte.
La fuente además indicó que no habría argumentos para que el Procurador de la Corte dictara la nulidad de la resolución y en el núcleo que acompaña a Palermo minimizaron la importancia del número de personas que están presas sin que se haya normalizado el proceso. "Tenemos 2.000 presos más, 48 por ciento de personas sin condena y un número que se discute, pero que es grave, de gente que está meses en la cárcel sin que un juez ordene esa detención", se fortaleció este grupo.
La alta fuente judicial cerró su comentario con una mirada sociológica del asunto: "Si usted paga un buen abogado eso no le va a pasar. Ni al hijo de ningún amigo suyo. No es un problema de la clase media, es de personas de bajos recursos que tenemos que proteger".