Así es fácil ser progresista

Pronto, demasiado pronto, Alfredo Cornejo ya enfrenta su primer conflicto institucional de relevancia.

El gobernador, la vicegobernadora Laura Montero y dos ministros, Gianni Vennier y Dalmiro Garay, caminarán mañana cerca del mediodía los escasos cien metros que separan a la Casa de Gobierno con el palacio de Tribunales para reunirse con los miembros de la Suprema Corte y pedirles allí que revisen o bien posterguen el fallo que puso límites a las detenciones.

Aunque la primera reacción contundente saldría de la misma Justicia.

El procurador de la Corte, Rodolfo González, principal apuntado por el fallo impulsado por el juez Omar Palermo, plantearía la nulidad de la sentencia a más tardar el martes, con el argumento, entre otros, de que se falsearon datos para dictarla.

Según se supo, las estadísticas de la Procuraduría estiman que no son más de 160 los casos de detenciones en las cárceles mendocinas sin prisión preventiva y no poco más de 800, como redactó Palermo.

Para González, estas cifras plantean un "nivel razonable" de casos, que se alejan bastante de la realidad planteada por los cuatro ministros (además de Palermo: Alejandro Pérez Hualde, Jorge Nanclares y Julio Gómez) que dictaron la controvertida medida.

Ya desde hace un par de días Cornejo sabía lo que se venía. El ruido interno que provocó en la misma Corte el apuro de Palermo en impulsar la sentencia definitiva había llegado a oídos del gobernador, quien habló por teléfono con Pérez Hualde.

El magistrado de extracción judicial jugó a poner en alerta al gobernador. "Yo estoy de acuerdo con Palermo", le dijo a Cornejo el miércoles a las siete de la tarde. Pero ya era tarde: a las nueve de la noche ya había sido notificada la sentencia y se desató la crisis.

El planteo de mañana será directo: el Gobierno entiende que la sentencia pone en riesgo el sistema de seguridad en la provincia, entre otros puntos clave, porque afectará el nivel de operatividad de la Policía.

Para el nivel de detenciones habituales en Mendoza, entre 20 y 70 por día, se necesitarán alrededor de 250 efectivos solo abocados a resolver los traslados y custodias mientras un juez resuelve.

Con recursos para hacer muy poco o nada en materia de seguridad, este solo movimiento de la fuerza los dejará -entienden den el Poder Ejecutivo- sin espacio para más nada.

Ahora bien. El verdadero problema está en otro lado.

Palermo está enfrentado con González, el jefe de los fiscales, y el principal funcionario cuestionado en este pedido de hábeas corpus, y si este último concreta su planteo de nulidad, la guerra estallará puertas adentro del Poder Judicial. 

No será la guerra política de Cornejo, pero afectará al sistema de justicia seguramente.

El hedonismo jurídico

La sentencia de la Corte conocida el miércoles, que apuntó a limitar las prisiones preventivas dictadas solo por la orden de un fiscal, es un golpe, en definitiva, al corazón del funcionamiento del Poder Judicial.

Desde hace tiempo que existe un reclamo generalizado que no sólo abarca la situación de congestionamiento de las cárceles mendocinas, sino también a las condiciones de detención de personas que pueden pasar hasta diez meses mientras se tramita su causa, sin que los atienda un juez.

Las mismas organizaciones de Derechos Humanos habían establecido que en Mendoza se ha llegado a comprobar hasta diez personas alojadas en celdas de 2,5 metros por 3,5 metros, durmiendo siete de ellas en el suelo.

Y también que 7 de cada 10 presos de las cárceles se encuentran en esa situación gracias a la prisión preventiva. En Mendoza, el 45 por ciento de las personas privadas de la libertad está en condición de procesada, es decir, sin sentencia en firme.

La población de las cárceles se duplicó en los últimos 15 años (de unos 2.000 a unos 4.000 presos) sin que en los últimos ocho años se haya construido un metro cuadrado de cárcel nueva.

Y esto ha ocurrido, muchos coinciden, porque los jueces de garantías avalan el 93 por ciento de los pedidos de prisión preventiva que hacen los fiscales.

La sentencia de la polémica se movió en dos planos, al menos. Determinó, para las detenciones a partir de la sentencia, que los fiscales deberán informar a los jueces de garantías dentro de las 24 horas de producida una detención y que estos tendrán otro día más para resolver si seguirán así o no.

Por otra parte, para los detenidos antes de la sentencia, la Corte instruyó una regularización de la situación procesal en un plazo de 60 días.

Los magistrados son parte de un sistema y no deberían regirse, como quedó en claro en este fallo, por motivaciones que sólo responden al hedonismo jurídico.

"Es obvio que esta sentencia caerá muy bien desde el punto de vista judicial y que será muy comentada en todos los ámbitos progresistas", se jactó un integrante del Poder Judicial conocedor de las motivaciones de cierta facción kirchnerista del palacio vinculada a Justicia Legítima.

"Aunque seguramente será de cumplimiento imposible", argumentó la misma voz.

¿Cómo hará un juez de garantías para probar efectivamente en 24 horas, como impuso la Corte en los aspectos resolutivos de la sentencia, que ese detenido no debe quedar en libertad?. Este es uno de los interrogantes.

Otro es por qué los jueces no se hicieron eco de la recomendación que realizaran los mismos abogados que presentaron el hábeas corpus colectivo.

"Hay que armar una mesa de trabajo para manejar criterios, porque esto es una bomba de tiempo", había dicho Diego Lavado, uno de los denunciantes.

La Corte actuó al revés: primero dictó sentencia y luego salió a plantear el diálogo con el Gobierno para aplicarla.

El camino del progresismo, tomado así, resulta fácil.

Palermo, el impulsor

Cornejo señaló este sábado a Palermo como impulsor, dentro del máximo tribunal, de aceptar el hábeas corpus colectivo presentado en setiembre por la organización Xumex.

Xumex es una asociación civil para la defensa y protección de los Derechos Humanos que saltó a la notoriedad en 2011, cuando fue el canal para difundir videos de torturas en las cárceles mendocinas que tuvieron un fuerte impacto nacional en aquel momento.

También cobró cierta relevancia un par de años después, cuando planteó la inconstitucionalidad contra la ley se salidas transitorias de presos, conocida como ley Petri, que aprobara la Legislatura en medio de un fuerte debate político.

Entre sus integrantes, además de Lavado, está Pablo Salinas, otro abogado históricamente ligado al kirchnerismo y que incluso fuera también funcionario del gobierno de Celso Jaque en materia de Derechos Humanos.

Palermo es quien tiene a cargo la Dirección de Derechos Humanos de la Corte y siempre coincidió con los argumentos de la denuncia sobre la situación carcelaria.

Es más: los datos que el Procurador está a punto de desmentir y que fueron presentados por Xumex salieron del observatorio que el propio Palermo creó en la Corte.

El fallo generó duros cruces en la sede de la Corte. Dos jueces, Herman Salvini y Pedro Llorente, se excusaron bajo el argumento de que ellos habían sido sometidos hace un tiempo a un pedido de juicio político por los mismos abogados que impulsaron el hábeas corpus.

Mario Adaro se opuso. Entendió que una medida de este tipo no podía concretarse sin haber articulado su aplicación con el Poder Ejecutivo.

Pero Palermo avanzó igual, luego de haber conseguido los cuatro votos que precisaba. El viernes 18 pidió votación plenaria y apareció el martes con una sentencia de más de 80 carillas para terminar de definir la cuestión el miércoles.