La novata que arrojaron a la jaula de leones

Alfredo Cornejo sorprendió con la designación de la joven dirigente del PD, Josefina Canale, como la nueva titular del Instituto de Juegos y Casinos.

La ex candidata demócrata a intendenta de Capital, en rigor, no era la elegida por el gobernador para ese cargo: ya había decidido que María Mercedes Rus (vinculada a Néstor Majul y a Miguel Bondino, dos dirigentes muy cercanos) iba a quedar al frente de la política del juego.

Rus fue designada en definitiva como integrante del directorio junto a Marta Arrigoni, una ex funcionaria del iglesismo y el cobismo que ya tuvo su paso al frente del Casino.

Fueron dos intendentes los que los que le acercaron la opción que finalmente quedó. Tadeo García Zalazar y fundamentalmente Rodolfo Suárez, le soplaron el nombre de Canale y se la ofrecieron al gobernador como una de las promesas a futuro de la política mendocina. De hecho el jefe comunal capitalino ya la había convocado para que se desempeñe en el área de Turismo de su departamento.

Cornejo compró la opción de la extrapartidaria que le permitió hacer dos jugadas, además. Una, despejar las sospechas de que iba a continuar con la tradición (lamentable) de cooptar a la caja del juego para el financiamiento de la política.

Y la otra fue que, con la designación, terminó de pagar con cargos a sus socios en la coalición del Partido Demócrata, a quienes ya les había entregado el control de Aysam con la designación de Richard Battagión en el organismo del agua.

El manejo del Casino y las políticas del juego no son prioridad para el nuevo gobierno. Aunque quizás deberían serlo.

Se sabe que en el arranque de la nueva gestión Cornejo apunta básicamente a pagar los sueldos, a evitar el colapso del sistema sanitario, a cambiar al educativo y que está enfocado en el combate contra el delito, por sobre todas las tareas que tiene.

El objetivo principal por esos días está cerca, aunque no pueda anunciarlo ningún funcionario por ahora.

Asimismo ya está acordado que el Nación le prestará a la provincia los ya famosos $5.800 millones solicitados y que, como renegoció Francisco Pérez, no habrá que pagar antes del 31 de diciembre $2.200 millones que se pidieron prestados en el último tramo de 2015 para pagar salarios.

Con un alto nivel de angustia, Cornejo deberá esperar seguramente hasta el día 23 para saber si podrá hacer frente al medio aguinaldo antes de Navidad. O deberá dar de manera irremediable la mala noticia.

Ese día asumirá Carlos Melconían al frente del Banco Nación y se descarta que firmará todos los papeles de la ayuda que Macri ya avaló.

Pero el presidente les fue claro a los gobernadores en la cumbre que tuvieron en Olivos hace poco más de una semana.

“Yo no quiero ser el bombero de ustedes. En la emergencia los voy a ayudar, pero después se van a tener que hacer cargo”, les advirtió Macri.

El incendio de fin de año muy probablemente se apagará con la manguera nacional y con algunas decisiones como, por ejemplo, gotear todos los días recursos a los municipios de la coparticipación. Pero habrá que empezar a buscar soluciones propias.

De lo que más se ocupó Cornejo durante los primeros días de gestión, fue en instruir a los subsecretarios de todas las carteras en buscar la forma de achicar el gasto.Los dueños del negocio del juego

No debería el gobernador descuidar qué sucede en el Instituto de Juegos y Casinos que, amén de ser el segundo organismo recaudador de la provincia detrás de la ATM, quedó envuelto en denuncias y sospechas de desmanejos y corrupción en los últimos años.

Carlos Bicnchinelli, presidente del Directorio hasta hace días, estuvo a tono de lo que fue la gestión del peronismo a nivel general.

El Instituto de Juegos acumula en la actualidad cerca de 750 empleados, unos 200 más que hace dos años y casi el doble de los que había hace cuatro. Y esto sin que se hayan extendido la cantidad de salas de juego públicas en ocho años.

Por mes, la recaudación neta es de $50 millones de los cuales la mitad ($22 millones) se destinan a pagar sueldos y otro gran porcentaje al resto de los gastos.

La excusa principal de la expansión del juego a nivel oficial, el financiamiento de distintos programas de salud, se cumple a cuentagotas: por mes se le destinan solo $7 millones a tal fin.

Los administradores anteriores lograron un hecho inédito: que un casino perdiera plata. En 2014, el balance fue negativo en $90 millones. 

Es factible que el tridente de mujeres conformado por Canale, Arrigoni y Rus, pueda meter mano en este caos administrativo.

Pero el panorama se ensombrece en otro aspecto. En Mendoza, el juego es manejado por un puñado de empresarios dispuestos a todo para seguir cuidando sus negocios millonarios.

“Me tiraron a la jaula de los leones”, reconoció con cierto candor Canale, en una entrevista radial a horas de su designación.

Y no se equivoca. Repartidos entre públicos y privados, la provincia tiene en la actualidad una veintena de casinos concentrados fundamentalmente en la zona de Mendoza y el Gran Mendoza, aunque la timba oficial y privada también llega a otros departamentos.

Salvo Lavalle, Santa Rosa, La Paz, Junín y Luján que no cuentan con salas de juego, en el resto de la geografía es posible hoy apostar en alguna de las 6.000 máquinas tragamonedas que se reparten casi por mitades iguales entre el Casino de Mendoza y los casinos de los hoteles cinco estrellas que acumulan otras siete salas.

El juego oficial controla la casa central ubicada en San Martín y Barraquero y además propagó las maquinitas a través de anexos que funcionan en San Martín, Rivadavia, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, La Consulta, Malargüe, Uspallata y General Alvear.

El negocio se lo reparten los patrones del juego en Argentina y empresarios locales que desde hace años, entre otros negocios, facturan millones a través de las apuestas.

Ya es sabido que desde hace años el grupo Vila-Manzano opera los tragamonedas de la sede central del Casino a través de la empresa Mendoza Central Entretenimientos.

Cristóbal López, el zar del juego en Argentina, es el operador de los anexos de San Martín, Rivadavia, Gral. Alvear y Malargüe, con su empresa Traylon SA y además controla uno de los dos casinos de San Rafael, el Casino Club. La otra sala de juego sureña, que funciona en el hotel Tower, es operada por el Grupo Andreani.

Los anexos de La Consulta y Eugenio Bustos están en manos de la UTE BINGOS, perteneciente a Bingo Ciudadela y tanto en Tupungato como en Uspallata opera Betec SA, propiedad del actual presidente de Boca, Alfredo Angellici, quien además desde hace un tiempo es el principal operador del casino del Arena Maipú.

Todos tienen en claro que Canale no será quien tome las decisiones cuando haya que negociar con “los leones” y que ese tipo de definiciones serán tomadas en el ministerio de Hacienda. Martín Kerchner o en la propia gobernación.

Cornejo se cubrió las espaldas en ese sentido. Designó como Gerente General del organismo a un dirigente radical, Andrés “Peti” Lombardi, otro de los hombres de su confianza que, como muchos otros con esta condición, están repartidos en cargos secundarios en todos los ministerios.



Los dos posibles escándalos

Canale se mostró un tanto herrática en los días posteriores a su designación cuando fue interpelada acerca de cuáles serán sus políticas para el juego en la provincia.

Desde el gobierno la defendieron. “Las políticas se van a notar en los próximos meses, cuando se vea si extendemos el juego en Mendoza o no”, argumentan.

El primer desafío habrá que buscarlo para mediados de 2016. En esa fecha se vencerán las concesiones de algunas salas, Tupungato y Tunuyán, por ejemplo. La intención del gobernador es reducir paulatinamente la cantidad de casinos oficiales, pero la decisión final será compleja: en el Valle de Uco es uno de los lugares en los que mejor recauda la timba oficial.

La novel dirigente “gansa” sorprendió sin embargo por su desconocimiento acerca de los dos grandes asuntos que tiene pendiente el Instituto: la licitación para las apuestas por internet y el sistema para controlar en línea la recaudación de todas las máquinas tragamonedas oficiales y privadas.

Estos dos procesos, fueron el centro de todas las sospechas que recayeron sobre Biachinelli y otros de los ex integrantes del antiguo directorio, Federico Domínguez, de haber intentado armar un negocio a medida de Alfredo Vila.

Las apuestas on line, aún no han sido puestas en marcha. Aunque allí hay una empresa en primera línea, HTC Ingeniería SRL, cuyo representante es Carlos Aguinaco. Un ex CEO del Multimedios UNO.

Pero el otro contrato ya está en vigencia. La empresa SIELCOM fue quien resultó adjudicataria para establecer un control estatal y paralelo de la recaudación de las tragamonedas y, aunque el sistema debería estar funcionando desde agosto, todavía no comienza.

SIELCOM tiene un representante cuyo nombre es Diego Corvalán y su perfil de Linkedín deja a las claras dónde estuvo: “entre octubre de 2003 y agosto de 2009, 15 años y 11 meses”, como el mismo escribió en la red social, trabajó en UNO medios SA.

Allí hay que encontrar una de las claves de por qué el sistema el Estado todavía no puede controlar de manera efectiva a las tragamonedas de los casinos privados que recaudan $70 millones mensuales y tributan el 21% de Ingresos Brutos.

Los casinos privados se resisten a ser monitoreados por una empresa que, sospechan, pertenece en definitiva a uno de sus competidores en el negocio.

Los ingresos de SIELCOM dejan a la luz cifras para investigar. El acuerdo les permite alzarse con el 1,35% más IVA de la recaudación neta de las tragamonedas, lo que representa en total ingresos por más de $20 millones anuales.

Y con una particularidad: los casinos privados, que ya tienen controles en línea propios, pagan por este servicio 0,30 centavos de dólar por cada máquina. El Estado, le paga a SIELCOM un dólar por hacer el mismo trabajo.

“No sabemos por qué cuestionan a Canale, si hasta hacer poco había un peluquero al frente del Casino”, se defienden con sorna en el gobierno, apuntándole a la reconocida profesión original de Bianchinelli.

No deja de ser cierto el argumento para defender a una funcionaria en la que Cornejo ha puesto todas las fichas. Sin embargo, en esta ruleta, el Estado no siempre salió ganando.