Cornejo, más cerca de poder emitir bonos por 1000 millones de pesos
Todo indica que en los primeros días de la semana que viene el gobierno de Alfredo Cornejo tendrá autorización definitiva para emitir bonos por 1.000 millones de pesos y empezar a saldar deudas de la gestión de Francisco Pérez con los proveedores del Estado, una de las aristas fuertes de la crisis financiera de la provincia.
Esto se debe a que ayer fue aprobado en Diputados el proyecto de “Emergencia administrativa, fiscal y financiera” que impulsaba el oficialismo a tal fin. El martes próximo se discutirá el proyecto en el Senado, que cuenta con el respaldo, al menos en general, de las bancadas del PJ.
La emisión de títulos públicos para pagar a proveedores ya figuraba en la ley de Financiamiento (8706), que autorizó un endeudamiento por 5.800 millones de pesos. Sin embargo, para el radicalismo, hacía falta además una normativa específica.
Los bonos serán de aceptación optativa por parte de los acreedores del Estado mendocino, que tienen (si se suman lo consolidado y el "pinche") deudas muy superiores al límite máximo de emisión de títulos establecido en la ley 8706 y ratificado en la que se sancionó ayer.
Así lo recalcó el Ministerio de Hacienda, que hizo notar que para hacer frente a la crisis financiera de la Provincia cuenta con instrumentos por 6.800 millones de pesos, sólo más de la mitad del “agujero” que deja Pérez, que se acerca a los 12.000 millones de pesos.
La precisión de que la Emergencia Fiscal no implica permiso de nuevo endeudamiento para la nueva gestión fue parte del debate legislativo de ayer, la primera pulseada de Cornejo con el justicialismo tras su asunción como gobernador y el lapidario informe que presentó sobre la herencia de Pérez.
De hecho, el justicialismo consiguió introducir en el artículo 2 una modificación sobre las paritarias de los empleados públicos y un eventual endeudamiento para afrontar los aumentos.
Ese artículo señala expresamente que se exceptúa "de la autorización anterior toda modificación o alteración en los salarios de los empleados del Estado Provincial que no se compadezca con la normativa legal vigente, así como los que se acuerden oportunamente en las negociaciones paritarias".
Además, recalca que "la presente autorización no implica hacer uso del crédito en los términos del artículo 41 de la Constitución provincial, que no se encuentren previamente autorizados de acuerdo a las normas mencionadas en el primer párrafo del presente artículo".
El jefe del bloque de diputados de la UCR, César Biffi, señaló al respecto que "una modificación importante fue que no se afecta la movilidad de los salarios" y que la Emergencia "no implica autorización para nueva deuda".
El legislador agregó al respecto que esta ley le permitirá a Cornejo sentar a los proveedores “una vez que termine el análisis pormenorizado de las deudas” para establecer la legalidad de esas acreencias y fijar “un cronograma y un medio de pago”, que es la emisión de bonos.
Otro módico logro peronista en el debate fue la reducción del periodo de emergencia, en el cual Cornejo podrá "tomar, dentro del marco del ordenamiento jurídico vigente, todas las medidas tendientes a concretar y efectivizar el necesario equilibrio presupuestario", tal como señala el artículo 2 de la norma.
El radicalismo pretendía que esa emergencia se extendiera durante 36 meses, pero de acuerdo con el artículo 1, el periodo se redujo a los ejercicios de 2016 y 2017 solamente.