Un traslado lleno de dudas

 "No hay nada. Estuve mirando y puede haber alguna desprolijidad, pero no hay delito".

De esta manera Maria Teresa Day, la coordinadora del ministerio público, le descartó hace unos días al fiscal Daniel Carniello todo tipo de preocupación alrededor de la causa que desde hace unos meses venía dando vuelta por los Tribunales y que involucraba al fiscal que tenía en sus manos investigaciones que afectaban a sectores sensibles de poder y que fue trasladado el jueves.

El viernes, cuando fue consultada periodísticamente, la misma funcionara judicial habló de que "por la entidad de los hechos" se imponía el traslado de Carniello.

Con ironía, el propio fiscal desplazado, se quejaba amargamente del brusco cambio de opinión. "Me hizo la gran Aníbal Fernández, que un día opina una cosa y días después otra. Pero bueno, la entiendo", se descargó.

Solo si se toma en cuenta la reconocida capacidad del procurador de la Corte y jefe de Carniello, Rodolfo González, para mantenerse por los últimos 30 años ajeno a los vaivenes de la política para garantizar así su supervivencia en el mundo judicial, podría entenderse la torpeza de haber separado de sus investigaciones al fiscal que hace solo una semana imputó a un intendente y a un funcionario del gobierno sin que ese hecho genere todo tipo de sospechas.

Y sobre todo, por los interrogantes que, a tres días de conocida la decisión del Procurador, todavía quedan.

González arrastra desde hace bastante tiempo críticas fuertes acerca de su desempeño como jefe de los fiscales de la provincia.

Y a él, entre otros Francisco Pérez, lo responsabilizan por los problemas de inseguridad a raíz de las falencias en las investigaciones de los delitos.

En 2014 sintió que el piso se movía bajo sus pies. El Gobierno, acosado por las bandas del narcotráfico, le apuntó como responsable del avance de este flagelo por las demoras en el dictado de órdenes de allanamiento, entre otras acusaciones, y el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús, llegó al extremo de armar la carpeta para impulsar su juicio político.

Pero, como buena parte de los arrebatos del gobernador vistos estos años, luego todo quedó en nada.

Hacia adelante puede estar tranquilo. Alfredo Cornejo no piensa de momento en su remoción, más allá de que lo considera “viejo” en sus tiempos y sus formas.

Carniello fue separado de la Fiscalía de Delitos Complejos y "temporariamente" fue asignado a la Fiscalía 12 de Guaymallén, a solo una semana de haber imputado a Lobos por administración fraudulenta y al ministro de Hacienda, Juan Gantus, por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público luego de que favoreció a un proveedor de la salud con un pago millonario.

En su fiscalía, se amontonan centenares de causas complejas que involucran a funcionarios, policías, penitenciarios y hasta una que investiga al gobernador por su participación, como ministro de Infraestructura durante el gobierno de Celso Jaque, en licitaciones petroleras muy cuestionadas.

En el caso Lobos, actuó más lento que rápido. Un año después de la primera denuncia por enriquecimiento ilícito, lo imputó por administración fraudulenta tras conocer un informe del Tribunal de Cuentas en el que se detectaban manejos irregulares de por lo menos $5,5 millones en contrataciones de la municipalidad.

En honor a la verdad, Carniello no imputó al intendente por la causa más grave, la de enriquecimiento, que podría haberlo llevado a prisión.

Con Gantus fue más expeditivo. A las pocas semanas de que un proveedor de Salud denunciara al ministro por pagarle $10 millones a otro de manera arbitraria, lo imputó por mal desempeño. La investigación de este caso, podría haber llegado más arriba: nadie en el Poder Ejecutivo paga esos montos y de esa manera sin una orden gubernamental.

Sin embargo aquí también aparecieron algunos datos sugestivos. En principio, el proveedor que denunció a Gantus, todo o que estaría buscando es que su deuda quede consolidada y, además, uno de los abogados que patrocinó la demanda es amigo personal de Carniello desde hace años.

El Gobierno trató de despegarse del escándalo. "¿Vos crees que algún boludo en el PJ va a pedirle al Procurador para que lo salven a Lobos?

 ¿O que alguien está preocupado porque no pueda llegar a asumir Gantus en la Legislatura? Esto va a pasar igual", minimizaron.

El oficialismo argumenta que, en definitiva, Gantus sale más complicado de esta situación porque se dilatará su posibilidad de defenderse.

Y asimismo apuntan al nudo del problema: González desprecia a buena parte del Gobierno, que lo quiso remover varias veces en estos últimos cuatro años, con lo cual sería difícil que hoy los intente salvar.

El problema institucional

Si no tuviéramos el reflejo de lo que sucedió con el kirchnerismo a nivel nacional, que impulsó la remoción de jueces, camaristas y hasta de miembros de la Corte que les resultaron incómodos, quizás la noticia de Carniello no hubiera tomado la trascendencia que tomó.

También si no se mezclaran en este caso cuestiones personales: Carniello es la ex pareja de una hija de González y la relación entre ellos no es la mejor desde hace tiempo ya.

Más allá de todo esto deberá explicar González, como todavía no lo hizo, los detalles del reemplazo de Carniello para despejar las dudas. Que se acumulan de a montones en este caso.

La primera de ellas surge de la propia resolución 788 firmada por Procurador. De allí se desprende que, en principio, la Justicia Federal pidió investigar a Carniello por "presuntas irregularidades administrativas". Aunque después el mismo Procurador instruyó para que se realice una "compulsa penal".

Si los hechos que se le achacan a Carniello son graves. ¿González no debería haber impulsado un jury? ¿O bien haber pedido al menos la suspensión de sus fueros al Senado, como dos mecanismos previstos en la Constitución?

El fiscal está fuertemente sospechado, lo que provocó su traslado. Pero sigue siendo fiscal, en otro sitio y ya no en la Unidad de Delitos Complejos. Todo lo que sucedió hasta ahora, es que fue apartado de las causas que investigaba.

Se sabe, porque así trascendió, que la investigación sobre Carniello se desata luego de que, en una causa que se tramitaba en la Justicia Federal por narcocriminalidad, un datero de él lo menciona.

No hay demasiados detalles de esto. Pero algo sí es seguro: la investigación por narcotráfico que tramitaba el juez federal Walter Bento concluyó en noviembre de 2014. Y se estableció, según el informe policial que analizó las escuchas, que no se había cometido el delito que se investigaba.

Allí fue clave la participación de una oficial, de apellido Abona, especialista en el análisis de este tipo de investigaciones telefónicas. Ella fue la que recomendó cerrar la investigación por narcotráfico y abrir otra por lo que había escuchado en la causa anterior.

Allí es donde el datero escuchado, mencionaría a Carniello (el “Carnicero” como lo llamaba aparentemente) vinculándolo a movimientos extraños en el Fiscalía.

Si esto fuera así, Carniello ya prepara su defensa: ya no se estaría investigando alguna cuestión vinculada al narcotráfico y la escucha dispuesta por Bento sería ilegal.

La denuncia de la Justicia federal sobre Carniello habría llegado a manos del Procurador en agosto. ¿Recién en noviembre actuó?, es otra de las dudas.

Y por último: es la primera vez que un fiscal es sancionado de esta forma, mientras en casos anteriores el mismo Procurador actuó de manera distinta. Por caso: el ex fiscal Eduardo Martearena fue imputado en una causa por el robo de un expediente y nunca fue separado de su fiscalía mientras se llevó adelante la investigación en su contra.