Y un día reaccionó Farruggia
Muchos meses después de que se conocieran los primeros problemas con los pagos del Estado, luego de que el radicalismo amenazara con una auditoría externa de las cuentas públicas y en medio de una crisis financiera que podría arrastrar a varios funcionarios del gobierno a denuncias penales, el Tribunal de Cuentas de la Provincia (HTC) salió a realizar un relevamiento de la deuda con los proveedores.
El viernes pasado el titular del organismo, Salvador Farruggia, había adelantado en una entrevista radial que el HTC saldría a revisar la denominada “deuda pinche”, es decir, aquella que fue generada por compras de bienes y servicios del Estado y que todavía no ha sido ingresada al sistema contable oficial denominado Sistema de Información Contable (Sidico).
Hoy es incalculable el monto fijo de este tipo de deuda que viene acumulando el Gobierno desde hace casi dos años, aunque algunas aproximaciones se pueden hacer. Como caso, buena parte de los $140 millones que se le debe a los empresarios del transporte es deuda que aún no fue consolidada, así como también a que registra el IPV y que trepa a los $800 millones.
Estimaciones extraoficiales, calculan que por este concepto el gobierno acumula acreencias por no menos de $1.500 millones en la actualidad.
-
Te puede interesar
Es el 10 de diciembre, no el 24 de marzo
“Hemos tomado la decisión de circularizar a todos los proveedores de la provincia, que son muchísimos, para establecer controles cruzados de la famosa deuda pinche”, fue el anticipo del encargado del organismo de control a MDZ Radio.
Desde este martes, una notificación comenzó a llegar a un proveedor por parte del Tribunal.
"El TRIBUNAL DECUENTAS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, como labor propia de auditoría de las cuentas de la Provincia, se encuentra llevando a cabo una circularización a los proveedores del Estado a efectos de determinar la razonabilidad de saldos arrojados por la contabilidad de las distintas reparticiones. De acuerdo a los registros de las reparticiones, el saldo al 30 de setiembre de 2.015 a vuestro favor asciende a la suma total de PESOS CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO VEINTE ($429120,00), según el detalle que puede consultar en la dirección: https://www.tribcuentasmendoza.gob.ar/circular/infoproveedor.aspx?data=CrCamSMvsanaj7o9ahEuHY1emj9+8r2Z9TqhaDtr+Rp50G4Lp4kjxjjRteUdOrX0u2n1DyFurSw6mS33XeTkcg==”.
Y sigue: “En el supuesto que el saldo transcripto anteriormente no coincida con los registros de su empresa, nos permitimos solicitarles, se sirvan enviar desde el día 15 al 31 de Octubre del 2.015, el detalle de la deuda por Uds. registrada ingresando a la dirección anteriormente mencionada. De no obtener ninguna respuesta hasta la fecha indicada, consideraremos que el saldo anteriormente citado es coincidente con sus registros”.
La reacción del Tribunal se produce casi en simultáneo con la decisión del gobierno entrante de convocar a la Auditoría General de la Nación, encabezada por Leonardo Despouy, para que realice una “auditoria de corte” de las cuentas públicas en diciembre para establecer, entre toras cosas, cuánto es la deuda millonaria con los proveedores.
El Gobierno y el propio Tribunal reaccionaron airadamente ante la decisión de llamar a un órgano nacional para este fin, propuesta lanzada por la vicegobernadora electa Laura Montero.
Ambos esgrimieron razones constitucionales para oponerse a la revisión, aunque hasta aquí ninguno de los dos se había metido en el asunto: la administración de Pérez, porque hasta hace pocos meses minimizaba el impacto de la deuda “pinche”.
Y el HTC, porque ante las primeras noticias de la situación irregular de pagos que se conocen desde principios de 2014 al menos, nunca intervino de oficio para ejercer su poder de contralor. Caso omiso realizó también, por caso, la Fiscalía de Estado.
Más allá de esta reacción, Cornejo ya definió avanzar con la auditoría de la AGN, aunque acotó sus alcances. Cornejo trabajará con Despouy, aunque buscará una vía para no entrometerse con los planteos de constitucionalidad del Tribunal local.
Lo que se definió, es que convocará a la AGN para que audite los fondos nacionales que llegan a la provincia y que, en muchos casos, no fueron redistribuidos como corresponde y retenidos por el ministerio de Hacienda para gastos corrientes.
Aunque por otro lado le exigirá Farruggia más acción. Pedirá que se tome en serio la acordada 870 del HTC, que establece la obligatoriedad de todos los gobiernos, provincial y municipal, de establecer al final de la gestión un balance de corte. Hoy el Estado y las comunas presentan esa documentación, aunque por todos es considerado un mero trámite que se confecciona bajo declaración jurada y listo. Nunca el Tribunal estudió seriamente que informaba cada administración que se iba y qué le dejaba a la otra.