Inseguridad: reclaman cifras y denuncian "inacción"
Con pedidos de estadísticas delictuales y nuevas denuncias de inacción judicial, legisladores opositores quieren sacar del estancamiento el debate político por la inseguridad.
Las discusiones se paralizaron definitivamente hace tres meses. La historia es conocida: el vicegobernador Carlos Ciurca logró sanción en el Senado para una ley de Emergencia en Seguridad, pero el gobernador Francisco Pérez la mandó al archivo en Diputados.
Los voceros del oficialismo dicen ahora que ese proyecto está "congelado", pero en la oposición se resisten a que la inseguridad siga fuera de la agenda.
Uno de los que quiere evitar el silencio absoluto es el diputado Daniel Cassia, del Frente Renovador, quien ayer logró apoyo para aprobar un pedido de informes a la Justicia sobre estadísticas del delito y remarcó que según su percepción, el delito ha subido este año "entre 20 y 25 por ciento".
El pedido está dirigido al procurador general de la Corte provincial, Rodolfo González, otro que disfruta de este "descanso" tras un primer semestre en el que el gobernador Pérez salió a confrontar con él e incluso amagó con pedirle juicio político.
Cassia reclamó a González "el índice procesado de delitos en los períodos comprendidos entre los años 2011, 2012, 2013 y 2014" y el detalle de "femicidios", una categoría "nueva" de delito que fue incluida en el Código Penal recién en 2012 y que, según Cassia, se está produciendo mucho en Mendoza.
Para el diputado opositor, es "alarmante" el incremento de hechos de violencia contra las personas, la propiedad y la integridad sexual y se hace necesario tener los datos de los últimos años todos juntos para armar un "mapa real" de la inseguridad.
La solicitud está dirigida al procurador debido a que es la única fuente sobre estadísticas del delito, hecho atribuido por el legislador a que "nunca se reglamentó la ley de registro único de delitos, para tener el monitoreo en tiempo real".
El último dato relevado en este sentido contempla hasta el 31 noviembre de 2013, cuando se conoció que en la Primera Circunscripción Judicial se habían producido 120 mil delitos. Todavía no hay certeza de cuántos hubo en el Este, el Valle de Uco y el Sur, dado que en muchos lugares "no hay sistema y los datos se levantan a mano", según Cassia. El diputado cree, no obstante, que al penúltimo mes del año pasado se registraron 180.000 delitos en total.
Otra vez la "inacción" de los fiscales
El presidente de la comisión Bicameral de Seguridad, el radical Héctor Quevedo, es otro que busca reactivar las discusiones. Quevedo indicó que la semana que viene volverá a reunirse la Mesa de Enlace, un ámbito que junta a legisladores, funcionarios y miembros de la Corte para discutir sobre seguridad.
Quevedo espera al ministro Leonardo Comperatore y al procurador González con un largo listado de planteos que incluye "la inacción de los fiscales", frase que suena a déjà vu de la larga polémica del primer semestre del año, que quedó en nada. "En algunos lugares, como Lavalle, Las Heras, Junín y Malargüe, hay denuncias concretas. La gente no tiene donde recurrir cuando el fiscal cumple sus ocho horas de trabajo y no se resuelve cuestiones inmediatas: hay allanamientos que demoran cuatro o cinco horas", dijo el legislador radical.
Quevedo también espera oportunidad para plantearle al ministro un caso de supuesta violencia policial contra un joven en Las Heras y pretende una respuesta para la solicitud que realizó junto a Cassia y el senador del PRO Gustavo Cairo por el régimen de prisiones domiciliarias de la Justicia.
Los legisladores difieren en los números: unos dicen que hay 200 y otros indican que son 300 las personas con este beneficio. Sin embargo, ambos coinciden en sospechar que existen irregularidades. "La ley dice que el arresto domiciliario es para mayores de 70 años o para enfermos terminales, pero hay casos de jóvenes que están con este beneficio cuando quizás deberían estar en el lugar al que se destinan las personas con trastornos psicológicos", dijo el presidente de la Bicameral. E indicó que su intención es avanzar en el caso de los "certificados truchos" para obtener el beneficio y conocer "quiénes son los fiscales" que lo conceden.
"El colapso de las cárceles no puede ser una razón para dar el arresto domiciliario", advierte el grupo de legisladores. Según Cassia, el coordinador de Relaciones Institucionales de la Corte, Raúl Vicchi, ya se hizo eco de la queja y prometió explicaciones de la Justicia.
Emergencia congelada
Sobre la ley de emergencia en seguridad, el pronóstico sigue siendo reservado.
"Mientras no definan avanzar las dos principales figuras, los demás estamos pintados", afirmó Cassia, en referencia al conflicto Pérez-Ciurca.
Quevedo coincide en la falta de decisión política oficialista, aunque dice que avanzan en las comisiones algunas leyes contempladas en ese plan.
El diputado radical apuesta a la aprobación de la ley para promover la instalación de videocámaras y de proyectos como los que sancionan a quiénes hagan un mal uso del teléfono 911 o agredan a docentes, entre otros. Aunque aclara que la Emergencia congelada impulsaba "medidas concretas" que no se han tomado.