El Gobierno admitió la validez de los índices de pobreza e indigencia de la UCA
"Medir la pobreza todos los días, un pobre más, un pobre menos, no es metodológicamente muy serio. Hay un montón de parámetros para medir las condiciones de pobreza", había arremetido el ministro de Economía, Axel Kicillof, al desestimar los índices que periódicamente difunde la Iglesia, a través del Observatorio de la Deuda Social (ODSA).
Se trata del programa de la Universidad Católica Argentina (UCA) que monitorea la situación social y cuyos datos nunca fueron reconocidos por el Gobierno.
Sin embargo, según revela La Nación este sábado, en una reunión convocada por el Gobierno a los técnicos que participaron de la elaboración de los instrumentos metodológicos del ODSA, se reconoció la validez de las cifras de la UCA sobre pobreza.
La invitación partió de la Jefatura del Gabinete y del Ministerio de Economía, pese a las fuertes reacciones que generó la presentación del último informe, hace menos de un mes, que ubicaba el índice de pobreza en un 27 por ciento.
Allí se advertía que en el conurbano hay 1,3 millones de chicos menores de 18 años pobres, de los cuales 290.000 son indigentes. Para el Indec, la tasa de pobreza no supera el 4,5 por ciento.
Desde la Iglesia revelaron que la reunión técnica se celebró en las últimas semanas, con el propósito de discutir la metodología y los informes del Observatorio, y que los representantes del Gobierno "terminaron reconociendo el valor del trabajo del ODSA".
El encuentro tuvo lugar en medio de la expectativa por la reunión que la presidenta Cristina Kirchner mantuvo con Francisco en Roma.
Los estudios del ODSA comenzaron en 2003 para contar con información sistemática del estado del desarrollo social del país. A partir del momento en que las estadísticas del Indec comenzaron a perder credibilidad, se incluyó en los informes anuales la medición de la indigencia y de la pobreza mediante el ingreso para que esa problemática "no perdiera visibilidad".
La UCA incorporó, así, el método de comparar los ingresos totales de los hogares con el valor de la canasta de bienes y servicios de subsistencia, lo que permite como resultado tasas de indigencia y de pobreza muy diferentes a las estadísticas del Indec.