Ya buscan cómo frenar la reactivación de San Jorge

La organización ambientalista OIKOS ya prepara su contrataque por la decisión del gobierno de avanzar con la minería y, según adelantó su titular, Eduardo Sosa, la semana próxima realizará una serie de presentaciones administrativas para reformular el procedimiento por el cual el Poder Ejecutivo está intentando aprobar el proyecto San Jorge, en Uspallata.

Sosa anticipó que “a mediados de la semana próxima” OIKOS acudirá ante el ministerio de Energía, de Infraestructura y ante la Fiscalía de Estado, entro otros organismos competentes, para exigir que el procedimiento de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que el Gobierno enviará a la Legislatura para ratificar la continuidad de San Jorge sea estudiado desde cero y no, como se está trabajando a nivel oficial, como una continuidad del proyecto que el propio Pérez sepultó en 2011.

“La decisión que se tomó está fundamentada en la legislación vigente. Si presentan el proyecto viejo como nuevo estarán violando, entre otras, la Ley provincial 7722 y la 5961, que es la Ley de Preservación del Ambiente. Esto que están haciendo no se puede tomar como una actualización del proyecto anterior, tiene que ser un procedimiento nuevo porque el proyecto es nuevo”, explicó Sosa a MDZ.

Desde hace unos días que Pérez blanqueó su intención de avanzar con el debate de la minería en Mendoza y el proyecto San Jorge es la punta de lanza de esa avanzada. Según ya contó MDZ, anticipan que a más tardar en octubre ingresará a la Legislatura la nueva actualización para explotar San Jorge y que a nivel oficial se usará el debate de esta Declaración de Impacto Ambiental que se discutirá allí, para sondear el clima político y social en torno a la habilitación, aunque sea parcial, de cierta actividad minera.

La instalación de ese debate no será sencillo y ya generó los primeros movimientos de sectores ambientalistas. Por un lado la Asamblea Popular del Agua inició una campaña en defensa de la ley 7722 que incluyó, este último fin de semana, la convocatoria a personalidades del espectáculo como Kevin Johansen y Liniers, quienes actuaron en Mendoza.

Pero también este combativo colectivo apunta a frenar la reactivación de San Jorge. “Rechazamos que se plantee una actualización de una Declaración de Impacto Ambiental que ya fue rechazada hace tres años, además. Lo que tendría que hacerse es una DIA nueva. Ese es el procedimiento. Porque al proyecto hay que verlo en su totalidad, no es un rompecabezas al que le podés poner o sacar una parte. No se puede decir que lo único que hay que evaluar es el ferrocarril de 22 kilómetros”, aseguró Gabriel Liceaga, uno de los representantes de esa agrupación.

Sosa juntó ayer a sus abogados para comenzar a delinear una estrategia y se barajó la alternativa de reflotar, para frenar a San Jorge, la medida cautelar que ya fue presentada hace años en la Justicia mendocina y que fuera rechazada por una Cámara y luego apelada por la organización que, hace una década, logró demorar, por caso, la explotación petrolífera en la laguna Llancanelo.

“La Cámara decidió posponer el fallo hasta que la Suprema Corte decidiera resolver la Constitucionalidad de la ley 7722 (la conocida ley antiminera). Si la 7722 se declarara inconstitucional, entonces el amparo cobra vigencia”, analizó Sosa la situación.

Ante este panorama, OIKOS decidió otro camino. San Jorge está ahora en manos de empresarios mineros de origen ruso, Aterra Capital y Solway Investiment , luego de que en marzo le compraran a los canadienses de Coro Mining los derechos para extraer cobre de la roca del cerro ubicado en la estancia El Yalguaraz. Pero, a diferencia del proyecto que el actual gobernador vetó en la campaña electoral de hace tres años, el proceso de lixiviación (el tratamiento para extraer oro y cobre) se harían en San Juan donde este tipo de procedimientos no están prohibidos por ley como aquí.

Lo que la provincia debe autorizar o rechazar, vía una adaptación de la DIA original, es la construcción de una vía férrea de 22 kilómetros entre el cerro y Calingasta (la ciudad sanjuanina más cerca del límite en esa zona) para desarrollar la explotación. Para el propio gobierno esta “adaptación” es un mero trámite: “El proyecto San Jorge está aprobado por casi todo el gobierno”, se ufanaba un alto funcionario hace unos días.

Pero OIKOS buscará parar ese entusiasmo. “Hay un proyecto nuevo y hay que someterlo a un procedimiento nuevo. Acá se produce un problema legal: si este proyecto va a la Legislatura y se lo ratifica, se va plantear un dilema legal. Tiene que evaluarse una nueva DIA ya que de otra manera tendrá un vicio grosero desde el punto de vista legal. Y eso seguro va a tener una respuesta judicial. Si lo hacen como está planteado, le van a dejar en bandeja la posibilidad a cualquiera de plantear una acción de inconstitucionalidad”, alertó el abogado ambientalista.