Podría caerse una polémica licitación del Casino

"La verdad es que tu renuncia me toma de sorpresa. Pero si a esta licitación hay que bajarla se baja, estés vos o si hay otro. Es más: mañana mismo pedís las licitaciones y las das por nulas".

Con esa frase Francisco Pérez recibió al renunciante titular del Instituto de Juegos y Casinos, Carlos Bianchinelli, ayer a la siesta en Casa de Gobierno, en donde el tema de la salida del encargado de manejar las políticas del juego en la provincia era el más caliente en ese momento.

El gobierno se mostró este martes "absolutamente sorprendido" por el portazo de Bianchinelli, a la vez que se encamina a respaldar una posible anulación del proceso licitatorio millonario que Casino encaró para buscar una nueva empresa que sea la encargada de levantar las apuestas de quiniela.

Pérez recibió al ex titular del Instituto en su despacho y acordó con él una transición rápida y buscó despejar los rumores de que el alejamiento de Bianchinelli se haya desencadenado por supuestas presiones del Poder Ejecutivo en este complejo proceso.

"Ya está, mi ciclo está terminado y creo que he cumplido con la normalización de muchos procesos en el Instituto. Quiero volver al territorio (Maipú), este cargo me alejó de mi familia, me generó algunos problemas físicos incluso y además me separó de la política", se quejó amargamente Bianchineli ante Pérez, a quien el lunes le había comunciado vía SMS su decisión de irse.

En realidad Bianchinelli se fue por un agotamiento personal, aunque también por cierto desgaste en la relación con el Cuarto Piso de la Casa de Gobierno. Y no tanto con Pérez, sino con el ministro Secretario de la Gobernación, Francisco García Ibáñez a quien no sospechó por haberlo presionado para avanzar en una polémica licitación, aunque sí se ventilaron algunas quejas por falta de atención que le pusieron a su gestión.

La renuncia fue presentada en un momento clave también: se produjo solo dos días despues de que llegara a Juegos y Casinos el resultado preliminar del proceso licitatorio muy controversial a través del cual el Estado está buscando no solo un nuevo privado para manejar la captura de apuestas, sino también a otro para establecer el sistema de control on line de todos los tragamonedas de la provincia, ya sean estatales o los de los casinos privados.

Esos dos expedientes, cruzaron el viernes desde la dirección de Compras y Suministros de la Casa de Gobierno hasta la sede del Instituto en la avenida San Martín y desde ese día esperan en la bóveda por el análisis de la comisión de preadjudicación que deberá decidir ahora qué hacer.

Bianchinelli ya anticipó su postura: denunció un acuerdo de las empresas en el primero de los procesos y alimentó la sospecha de que las mismas que pretenden quedarse con el negocio se cartelizaron para ganar los contratos.

En el medio, si se adjudica tal como está planteado, el Estado podría terminar pagando como mínimo $120 millones más de lo que tenía previsto en los próximos diez años.

El proceso de la polémica ya tiene un panorama claro. La primera de las licitaciones, convocada para encontrar una nueva empresa que realice la captura de las apuestas, fue encarada porque el año próximo vence el contrato que la provincia maniene desde hace 15 años con la empresa internacional del juego Ivisa. Ese contrato tenía una validez inicial de 10 años, fue prorrogado automáticamente durante el gobierno de Celso Jaque por cinco años más y en 2015 Casinos está oblligado a buscar un nuevo proveedor.

El proceso se encaró en 2014 como para darle tiempo a una eventual nueva empresa para que compre las 850 máquinas que necesita como mínimo para poder prestar el servicio.

Ahora bien. En esta licitación se presentaron dos empresas: la propia Ivisa y otra muy reconocida en el negocio, Bolt, que ofertaron para levantar las apuestas de la quiniela oficial un valor de $5,10 en el primer caso y $5,40 en el segundo, cuando hoy el valor que se paga es de $3.90 más IVA. Precio que le deja a Ivisa, actual concesionarios, una ganancia cercana a los $3.000.000 por mes, de un total de $15 millones que terminan en el Instituto de Juegos.

De concesionarse en estas condiciones (a Ivisa que ofertó el precio más bajo), la provincia tendía que pagar un contrato final a diez años que superará los $500 millones cuando el presupuesto ronda los $380 millones.

Hasta aquí se trataría solo de un problema de ofertas, si no hubiera estallado otro escándalo en la segunda licitación, la que se convocó para encontrar quién se hará cargo del control on line de las recaudaciones de todas las máquinas tragamonedas de la provincia.

En este proceso se presentaron dos empresas: Bolt otra vez y Teceg, que en definitiva sería una empresa que, según la convicción del Gobierno, sería en definitiva pantalla de Ivisa.

El tema es que aquí se invirtieron los roles. Bolt hizo la oferta más barata para el control on line ($1,40), cuando el presupuesto oficial era de $1,80. Bianchinelli siempre sospechó de un acuerdo entre Bolt e Ivisa para quedarse una con el control on line de los tragamonedas y la otra con las apuestas y se encaminaba a seguir muy de cerca el proceso para anularlo.

Sin embargo, de manera sorpresiva, apareció un tercer jugador en escena, la empresa Sielcom, que ofertó $1.35 y quedó en primer lugar para quedarse con todo. Bolt e Ivisa reaccionaron impugnando el proceso, cuestión que ahora deberá resolver la comisión de preadjudicación que integran tanto el personal del Casino como la dirección de Compras y Suministros.

El ex presidente del Instituto recibió una oferta en medio de todo este conflicto. Los gremios del Casino le propusieron que se al propio Estado quien se haga cargo del sistema de control de los tragamonedas, que implica, entre otras cosas, que el gobernador, el vice, la Cámara de Diputados y la Fiscalía de Estado, entre otros, puedan tener en sus computadoras un seguimiento en tiempo real de cuánto recauda cada maquinita instalada en Mendoza.

Pero la respuesta a esta propuesta fue lacónica. "No podemos instalar internet en un anexo del Casino, mucho menos vamos a poder montar todo este sistema", según contó a MDZ un empleado del Instituto del juego.

Bianchinelli escuchó el planteo de Pérez cuando ya su renuncia era indeclinable y le respondió seco. "No me parece razonable anular la licitación en este punto. Hay que esperar el resultado de la comisión de preadjudicación para hacerlo" y postergó una definición que parece cantada, que deberá definir un nuevo responsable que será designado en el corto plazo y que el gobernador definió para sacudirse de encima la sospecha de que desde Peltier 351 estarían presionando para que las empresas dedicadas al negocio del juego terminen saliéndose otra vez con la suya, como hace cinco años cuando les renovaron automáticamente su continuidad en el negocio.