El Senado quiere meterles "presión política" a los concejales

La ley de tope salarial que impulsan el oficialismo y casi toda la oposición en el Senado provincial no servirá para impedir aumentos discrecionales en los departamentos, aunque los legisladores que preparan el texto esperan que la norma genere "presión política" sobre intendentes y concejales. 

Según explicó el jefe del bloque justicialista, Fernando Simón, no existe la posibilidad de legislar respecto de los sueldos en las comunas, pues en ese caso se afectaría la autonomía municipal que proclamó la Constitución Nacional en la reforma de 1994. Sin embargo, a la vez, el proyecto invita a los municipios a acompañar lo que se aprobará dentro de poco en la Legislatura. 

La ley de tope salarial circula entre los senadores de distintos partidos hace varios meses y sus promotores no han revelado cuándo llegará finalmente el recinto para evitar reacciones. Pero mientras los legisladores armaban una estrategia para defenderse de la protesta gremial, la polémica estalló en el propio arco político: sin dar explicaciones, los concejales de Guaymallén subieron considerablemente sus dietas. 

La suba, de acuerdo con la denuncia del concejal del FIT Federico Telera, elevaría las dietas de los ediles de Guaymallén a casi 40 mil pesos por mes. Este monto es muy superior a lo que gana el propio gobernador, que no llega a los 30.000 pesos. Además, Pérez había tomado en febrero la decisión de congelar por decreto su sueldo y el de sus funcionarios, lo cual evidentemente no se convirtió en un ejemplo a seguir en la comuna más poblada de la provincia. 

 Vaya como muestra del desequilibrio que se ha generado lo que recibe de bolsillo el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, un sueldo muy cercano al del gobernador: Jorge Tanús cobra 28 mil pesos por mes.  

Una concejal de la UCR, Evelyn Pérez, involucró directamente al intendente Luis Lobos en la decisión al sostener que "el decreto lo hizo para poder subir el sueldo de los funcionarios". 

La polémica comenzó a estallar en la tarde del jueves y en ese momento hubo algunos contactos entre la Legislatura y la comuna de Guaymallén. El aviso no surtió efecto, ya que no hubo marcha atrás con el aumento, con lo cual los legisladores del oficialismo decidieron mantener silencio y seguir en lo suyo: la ley para tratar de controlar la "anarquía salarial" del Estado mendocino. 

Qué se puede hacer 

A pesar de las controversias con los gremios, la Legislatura avanza a fijar por medio de una ley de pocos artículos una "convergencia salarial" que, de aquí a algunos años, volvería a poner el salario del gobernador al tope de la pirámide de sueldos estatales, tal como ordena la ley de Sueldos de la provincia (5811). 

Esa pirámide se ha ido desarmando no por la decisión intempestiva de intendentes o concejales, sino por los adicionales generados en las discusiones paritarias del Gobierno con los gremios. De hecho, el origen de este proyecto fue el descontento general en la Legislatura ante una nómina de 800 empleados del Estado mendocino que recibieron aumentos fuertes y que cada fin de mes cobran más que el gobernador. En algunos casos, casi el triple que él. 

Si bien a comienzos de este año se planteó sancionar una nueva ley general de Sueldos, en la Legislatura optaron por abrir la puerta a esa discusión con la "ley de topes", que sería más simple de aprobar. El proyecto plantea reducir al 30 por ciento los aumentos futuros de los empleados que ganan más que Pérez, mientras que, por otro lado, se limita a invitar a los municipios a respetar el principio de que el que más gana debe ser el gobernador. 

A pesar de que la ley no haya sido sancionada aún, no se conocen casos como el de Guaymallén en la Legislatura, más allá de la autonomía municipal. "Algunos intendentes están enganchados con el sueldo del gobernador al 95 por ciento y otros se enganchan directamente a la clase 13", explicaron fuentes del Senado. El gobernador cobra de acuerdo con esa clase: recibe una "doble clase 13", más los ítems del título y la antigüedad. 

Pero la autonomía municipal no es el único concepto que condiciona la posibilidad de que la ley sea más rigurosa. Para no afectar la intangibilidad salarial de la que gozan los funcionarios constitucionales, quienes son designados por el Senado, tampoco habrá tope para los jueces, el Fiscal de Estado, el Asesor de Gobierno, el presidente del Tribunal de Cuentas y el Contador General de la provincia. Según los listados que llegaron a la Legislatura, hay unos 300 jueces y funcionarios judiciales que cobran más que el gobernador.

Autonomía mal empleada 

La Constitución provincial invita a pensar que los legisladores podrían ir más allá respecto de la posibilidad de regir los sueldos que se pagan en las comunas. De hecho, el punto 8 del artículo 202 dice que "el por ciento a invertirse en sueldos de sus empleados deberá ser fijado, en forma general para todas las municipalidades, por la Honorable Legislatura con el voto de los dos tercios de los componentes de cada cámara". 

Sin embargo, este párrafo es considerado "letra muerta", dado que la reforma nacional de 1994 fijó para todo el país el principio de la autonomía municipal, en lugar de la autarquía reflejada en el texto de la Carta Magna mendocina y en la ley Orgánica de Municipalidades (sancionada en 1934), que concedían a las comunas el estatus de simples delegaciones municipales. 

La Constitución nacional está por encima de la provincial y en su artículo 123 dice: "Cada provincia dicta su propia Constitución, conforme a lo dispuesto por el Artículo 5° asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero". 

La autonomía de los municipios, en definitiva, hoy está fuera de discusión en Mendoza.  Más allá de que hubo leyes durante los gobiernos de Rodolfo Gabrielli y Roberto Iglesias que, en el aspecto salarial, buscaron limitar los sueldos de los concejales. El último intento fue la ley 6978 de 2002, que según recuerda el senador Juan Carlos Jaliff, intentaba impedir que intendentes y concejales cobraran más que el gobernador.

 La autonomía también es respaldada por algunos fallos de la Corte y, más cerca en el tiempo, por los desdoblamientos electorales que ordenaron los intendentes de Capital y San Carlos, sin que el alto tribunal los frenara o cuestionara. 

Incluso Pérez propuso dejar establecida la autonomía municipal, con todas las letras, en la Constitución provincial. Eso estaba escrito en el ya olvidado proyecto de reforma amplia que impulsó hasta hace poco el gobernador. Aunque seguramente nadie había pensado hasta ahora que esa idea podía entrar en crisis por decisiones descolgadas del departamento que "siempre hizo lo que quiso con los sueldos", según dicen algunos legisladores sobre la autonomía de Guaymallén.