La Ley Provincial de Educación comienza a ver la luz
Mendoza podría tener finalmente antes de diciembre su Ley de Educación Provincial luego de casi 8 años de idas y vueltas legislativas.
La ley nacional de Educación se sancionó en diciembre de 2006 y desde entonces la Provincia debate la normativa de adhesión.
La Bicameral de Educación se reactivó días atrás con el nombramiento de las nuevas autoridades, y sus miembros se comprometieron a “hacer los deberes” para que la dilatada -y fundacional- normativa vea la luz en los próximos meses.
"Yo tengo la esperanza de que antes de fin de año va a salir", señaló a MDZ la diputada Lorena Saponara (FpV), presidenta de la comisión.
El límite entre la esperanza y la certeza lo marcan los últimos aspectos que restan resolver, entre ellos, el financiamiento.
La legisladora asegura que, tras años de discusión y debate con los sectores involucrados, este y otros temas pendientes están “casi cerrados”.
La plata, eterna discusión
Uno de los principales puntos a resolver tiene que ver con el presupuesto para el sector educativo en la provincia. Allí se mezclan temas de forma, pero también de fondo.
En la forma, la discusión central es si la ley preverá como forma de financiamiento un porcentaje del Producto Bruto Geográfico o de la partida presupuestaria para el año.
El diputado Tadeo García Zalazar (UCR), también miembro de la Bicameral, cree que para él lo ideal sería asignar un porcentaje del PBG, pero que "lamentablemente la Provincia dejó de medirlo hace dos años".
Por ello la alternativa más fuerte, según Saponara, es que la ley hable de un 8% del PBG “ó” un 35% del presupuesto provincial. De esta forma, si no hay estadísticas disponibles se pasaría automáticamente a la porción de la pauta de gastos.
Una de las propuestas es que la ley contemple dos alternativas a la vez: el 8% del PBG o el 35% del presupuesto provincial.
Después de que se zanje esta discusión vendrá una no menos intensa, que es la del financiamiento de la infraestructura educativa, uno de los principales reclamos del SUTE.
El gremio quiere que el porcentaje establecido vaya exclusivamente a mejores condiciones para el personal de la educación y que las partidas destinadas a obras y mantenimiento queden bien demarcadas en otro renglón de las cuentas provinciales.
Saponara cree esto sería lo ideal, y se animó a deslizar la posibilidad de comenzar a pensar en una Ley Provincial de Financiamiento Educativo para infraestructura.
Por lo pronto la discusión puertas adentro de la Bicameral va bien encaminada según oficialistas y opositores, quienes durante estas semanas avanzarán sobre los temas con más consenso.
El más urgente es el de los sistemas de evaluación. Saponara pidió a los legisladores de la comisión propuestas sobre el tema que pondrán sobre la mesa en una reunión prevista para hoy.
La presidenta de la Bicameral explicó que harán foco en dos ramas del tema: el impacto de las instituciones educativas en la comunidad, y la ponderación de los sistemas de medición dentro de cada contexto educativo.
"Pretendemos una evaluación de impacto, de cómo impactan las instituciones educativas en el contexto social donde están insertas; si decimos que la educación transforma la sociedad, esa institución tiene un impacto y hoy no tenemos esa evaluación", explicó Saponara.
El segundo foco de la evaluación seguramente traerá más debate, ya que una de las propuestas es eliminar la “tábula rasa” y hacerla de acuerdo a cada escuela, contemplando la situación de cada establecimiento en particular.
"Lo que se discute es que no todas las instituciones se pueden evaluar de la misma forma; una escuela socialmente vulnerable no es comparable con una más urbana (…) No es lo mismo el caso de un chico de una zona vulnerable con grandes problemas emocionales que el que se desarrolla en otro tipo de contexto", valoró.