Con condiciones, la UCR aprobaría endeudamiento
Francisco Pérez y Alfredo Cornejo tienen el pie puesto a fondo en el acelerador y salvo que alguno de los dos, o ambos a la vez, decidan doblar justo antes de la colisión, Mendoza sufrirá las consecuencias de una crisis cuya magnitud es inimaginable.
Luego de una semana que sin lugar a dudas quedará grabada en la historia institucional de la provincia como una de las peores, algunas señales de cordura comienzan a aparecer en el horizonte.
El radicalismo estaría dispuesto a discutir una autorización para que Pérez se endeude, aunque recién en setiembre y bajo algunas condiciones.
El Gobierno no baja los decibeles de su ira contra el radicalismo, pero algunos funcionarios ya comenzaron a tejer líneas de contacto con la UCR para volver a explorar una salida negociada a un conflicto que ya lleva más de siete meses y que está centrado en la declamación oficial de su necesidad de endeudarse y en la negativa rotunda de los radicales, con aval de la Corte, de conceder ese permiso.
Nada hace prever que por el momento se pondrán de acuerdo. Pero al menos han retomado un diálogo que tiene, entre varios interlocutores dispersos, dos protagonistas: el ministro de Gobierno, Rodolfo Lafalla y el presidente de la UCR, Sergio Pinto.
Ninguno de los dos funciona solo. El radical, por caso, recibió el aval para negociar por parte de Cornejo. El "Olfi" retomó algunos contactos con la oposición luego de una reunión cumbre entre “Paco” y los suyos, el miércoles.
Algo surgió de estas preliminares: el radicalismo estaría dispuesto a discutir una autorización para que Pérez se endeude, aunque recién en setiembre y bajo algunas condiciones. El Gobierno aún no responde parado a una postura. Para Paco "esto no es una transición de un gobierno a otro en donde nos van a decir lo que tenemos que hacer", y estirará la cuerda lo más que pueda para hacer caer sobre el radicalismo y sobre los jueces que fallaron en su contra toda la responsabilidad de los cataclismos que, según el Gobernador se avecinan y cuya responsabilidad, en buena medida, responde también a los desmanejos oficiales.
Hay un punto en el que el ministro de Hacienda, Marcelo Costa, dice la verdad. Sin entrar en detalle de las razones que lo provocarán, este año la provincia volverá a tener un déficit en sus cuentas públicas y se hará necesario endeudarse para poder equilibrar los números. No se sabe aún de cuánto será ese agujero, pero estimaciones extraoficiales le ponen un piso de $600 millones.
Cornejo quizás jamás lo admita públicamente, pero esta realidad puede ser una de los motivos que generó la propuesta de "los cuatro puntos" que un cónclave de radicales decidió armar el viernes para acercarle al Gobierno.
Como primera medida, la UCR plantea que Costa debe armar un plan de austeridad fiscal. "Nosotros no entendemos cómo no se pueden bajar cuatro o cinco puntos del gasto público", despotrican los opositores.
El radicalismo plantea dos cuestiones más, según ya le llegó al Gobierno. Por un lado, la derogación de la ley de reconducción presupuestaria, o al menos de los dos artículos que fueron cuestionados judicialmente. Y por el otro, la elaboración de un proyecto de Ley de Presupuesto basado en cálculos realistas de parámetros como valor del dólar e inflación, entre otros.
Si se llegara a acordar algo así, el radicalismo aprobaría un endeudamiento con la tasa referencial del Banco Nación la primera semana de setiembre si caen los ingresos durante los meses de julio y agosto.
Ese día hablaron de "no dejarse llevar puestos" por Cornejo y de algo que después se notó: no hay dudas de que Pérez sobreactuó los alcances de la medida judicial
En rigor de verdad, nadie en Casa de Gobierno saltó de alegría por esta propuesta. Al contrario, al margen de los intentos negociadores la posición parece ser una.
"Ya les tocará, si les toca, la responsabilidad de gobernar que hoy es nuestra. Esto no es una transición, hay un poder legítimo que es el del Gobernador y no una etapa de cambio de gobierno en dónde nos dicen qué hacer", fue lo que se fijó en una cumbre de Pérez con Carlos Ciurca, varios ministros y legisladores.
Ese día hablaron de "no dejarse llevar puestos" por Cornejo y de algo que después se notó: no hay dudas de que Pérez sobreactuó los alcances de la medida judicial que lo paró en seco. La precautoria firmada por Jorge Nanclares y Aejandro Pérez Hualde le dio la chance justa para hacer caer todas las culpas sobre la oposición de varios desmanejos propios de los últimos años. "Tenemos que hacer un poco de pirotecnia también", se sinceró un hombre cercano a Pérez ante esta diario.
Si por falta de financiamiento y por la cerrazón radical ahora no se les podrá pagar a los proveedores. ¿De quién fue la responsabilidad de los atrasos por $400 millones que, como mínimo, se registraron el año pasado y de los $600 millones, reconocidos oficialmente, que se le debe a este sector en lo que va de 2014?
En algunos casos, “Paco” y los suyos cruzaron la línea divisoria entre la mentira y la verdad.
Si por la resolución judicial se caerá ahora prácticamente toda la obra pública. ¿Quién tuvo la responsabilidad de que en 2012 se ejecutaran solo $785 millones cuando el Gobierno tuvo disponibles por ley $1.726 millones para obras en la provincia? O que el año pasado, de un total aprobado por Presupuesto de $1.686 millones, solo se hayan invertido $688 para el rubro "Trabajos Públicos".
Una cuenta de almacenero: en los dos primeros años de gestión, Pérez subejecutó más de $2.000 millones que tenía disponibles para hacer obras y destinó esos recursos a gastos corrientes. Esa suma supera -y por mucho- al reclamo de endeudamiento por $1.300 millones, cuya ausencia, ahora, según el relato oficial, desencadenará todo tipo de problemas en Mendoza.
En algunos casos, “Paco” y los suyos cruzaron la línea divisoria entre la mentira y la verdad. El lunes, en el momento de explosión de la bronca, se denunció que por culpa de la Corte se caía todo tipo de financiamiento. E incluyeron allí los de aquellos organismos multilaterales de crédito internacional. Sin embargo, el viernes se publicó el llamado a licitación de una serie de obras turísticas en varios municipios financiadas por el Banco Interamerciano de Desarrollo (BID) y de un préstamo otorgado este año.
Algunos pataleos de los funcionarios resultaron grotescos, como cuando denunciaron que se caerá ahora el financiamiento para terminar la doble vía a Tunuyán, demorada durante años porque el gobierno nacional no pagaba en tiempo y forma los certificados de obra. Nunca un ministro salió a denunciar públicamente a Cristina Fernández por esa demora. Para disculparla, responsabilizaban al frío como el culpable de que no fraguara el hormigón de la ruta. Al menos algo cambió: en aquel momento los culpables no eran la Corte ni los radicales, como ahora, sino el malvado invierno.