Pérez se corre de la discusión petrolera

Quizás como una señal del fin de los tiempos kirchneristas, Francisco Pérez podría no estar presente en una reunión que se realizaría el martes y en dónde el gobierno nacional pretende discutir con los gobernadores la nueva ley de Hidrocarburos.

Si esto sucede, no será un dato menor. Nadie en la Casa de Gobierno mendocina oculta por estos días su malestar por los últimos movimientos del CEO de YPF, Miguel Galuccio, que mientras la negociación con los integrantes de la OFEPHI se había paralizado, salió a mostrarle al sector empresario su propio proyecto que no abarcaba varios pedidos de los gobernadores petroleros.

Fue el influyente dirigente del sindicato de petroleros privados, el neuquino Guilermo Pereyra, quien anticipó públicamente una convocatoria del ministro de Planificación, Julio De Vido, para que las provincias y el gobierno sigan discutiendo pasado mañana los alcances de la controvertida ley.

Y fue seca la respuesta desde Mendoza ante el posible llamado. "La presencia del Paco dependerá, si finalmente se hace la convocatoria, de la agenda. En todo caso el gobernador enviará a un representante a ea reunión", despreciaron.

Hace una semana Galuccio presentó su iniciativa, ante la sorpresa de los gobernadores que se enteraron, al menos en el caso de Mendoza, por los medios de qué se trataba.

Lo que se mostró fue un plan para que el Estado nacional y las provincias acuerden un modelo único de licitación y adjudicación de las áreas que contemple un proceso competitivo y abierto, sin que a futuro se puedan reservar áreas a favor de las empresas públicas o participación estatal.

Y estaba incluido, entre una decena de otros aspectos relevantes, allí el tema central de discusión durante el último mes y medio.

Se eliminará el acarreo (participación sin inversión de las empresas provinciales de energía) como mecanismo de concesión de áreas.

Está claro que la jugada de YPF apunta a Neuquén, pero el coletazo se sentirá en Mendoza. Las modificaciones propuestas a la nueva Ley de Hidrocarburos le quita participación en el negocio de Vaca Muerta a la empresa G y P (la empresa estatal energética neuquina) y ello repercutirá en Emesa, la energética nuestra.

Pero hay otro punto de discusión: el único mecanismo de percepción de la renta petrolera para las provincias son las regalías, que se fijan en un 12% y se fija un máximo del 3% a los Ingresos Brutos y se limita el impuesto a los sellos, evitando gravar a la inversión.

En líneas generales, entre otros pataleos de los gobernadores, todo el peso de la responsabilidad de generar condiciones de inversión para la actividad petrolera recaerá sobre las provincias que deberán ceder recursos y derechos, sin que el Estado nacional asuma ningún compromiso.

"Acá todavía quedan muchas cosas por discutir y no se puede unificar el debate porque la realidad de cada provincia es distinta", se quejan en el Ejecutivo provincial.

Pérez se correrá por el momento del centro de la discusión pública de la ley y seguirá de cerca los movimientos que haga su par neuquino, Jorge Sapag, quien sí ya se ha parado en el centro del ring.

A lo sumo el mendocino insistirá con extender los beneficios de atracción de inversiones a las empresas que inviertan no solo en petróleo no convencional sino también a aquellas que pretendan explorar y explotar el petróleo pesado.

Pero sobre todo Pérez amaga con no asistir a la próxima cumbre con De Vido pendiente de no caer en una posible trampa.

No será la primera vez, al menos en una discusión petrolea, que los gobernadores son convocados para un debate privado y terminan encontrándose con que son llevados a respaldar lo que el gobierno nacional pretende.

Algo así sucedió en 2012, cuando Pérez y los otros nueve gobernadores integrantes de la OFEPHI, terminaron suscribiendo el decreto 1.277, que fijó el Pacto Hidrocarburífero, cuando en realidad habían sido convocados a un acto político en la ciudad de La Plata por la reestatización de YPF.

“Los gobernadores firmaron el Pacto Federal Hidrocarburífero para culminar en la titularización física y efectiva del empoderamiento de las acciones por parte de las provincias”, anunció Cristina Kirchner esa tarde. Sin embargo esa titularización de acciones nunca llegó, a dos años ya de ese acuerdo.

El decreto 1.277 le otorgó amplias facultades para intervenir en la política petrolera a una comisión tripartita de funcionarios nacionales que, en aquel entonces, integraba el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, más De Vido y el ministro de Economía, Axel Kicillof.

Moreno ya no está, De Vido cayó en desgracia y todo el poder hoy es para Kicillof. Signo de los tiempos también: el proyecto que promociona Galuccio le otorga amplias facultades a esa comisión tripartita, pero con una participación fuerte del titular de Economía en la toma de decisiones de las futuras inversiones. Mendoza firmó aquél pacto y ahora le preocupa la suma de poder de Kicillof que ya se quedó con el manejo de la política energética en el país (logró designar a la nueva secretaria de Energía) y apuesta por controlar dónde y de qué manera se realizarán las inversiones petroleras.