La nueva ley de Galuccio golpea a EMESA
Con cierta expectativa, el gobierno de Francisco Pérez analizó en los últimos días el "borrador descartado" de la nueva Ley de Hidrocarburos que reapareció en escena el lunes pasado y , en medio de un hermetismo total hacia afuera, ya comenzó a sacar las primeras conclusiones.
A pesar de que la presentación que comenzó a hacer el Gobierno nacional los sorprendió (el lunes el CEO de YPF, entre otros funcionarios, se lo mostró a la industria petrolera) en Casa de Gobierno algunos datos causaron una medida satisfacción y, otros, preocupación.
Por ahora ningún funcionario de Pérez salió a hablar públicamente de la nueva ley y esperarán a que el gobernador reciba, entre hoy y mañana, un informe detallado de lo que impulsa la Casa Rosada. Sin embargo algunos aspectos ya trascendieron.
El lunes Galuccio encabezó una presentación de la nueva ley, en la que además estuvieron el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido; el secretario legal y técnico de la Presidencia, Carlos Zannini y la secretaria de Energía, Mariana Matranga.
En trazos gruesos lo que se mostró fue un plan para que el Estado nacional y las provincias acuerden un modelo único de licitación y adjudicación de las áreas que contemple un proceso competitivo y abierto, sin que a futuro se puedan reservar áreas a favor de las empresas públicas o participación estatal.
Y en este punto se elimina el acarreo (participación sin inversión) como mecanismo de concesión de áreas.
Además se fija que las adjudicaciones de las licitaciones se otorguen a las empresas que ofrezcan mayor inversión y se fijan nuevos plazos más cortos para los permisos de exploración y plazos diferenciados para las concesiones de explotación: 35 años para los no convencionales y 30 años para el offshore.
Asimismo se otorga el derecho para que un concesionario de explotación convencional, pueda solicitar dentro de su área, una nueva concesión para proyectos no convencionales.
Otro punto: el único mecanismo de percepción de la renta petrolera para las provincias son las regalías, que se fijan en un 12% y se fija un máximo del 3% a los Ingresos Brutos y se limita el impuesto a los sellos, evitando gravar a la inversión.
En primer lugar Galuccio haría contemplado en su proyecto algunas de las propuestas de Pérez, entre ellas, la que más impulsó y que intentaba extender los beneficios de atracción de inversiones a las empresas que inviertan no solo en petróleo no convencional sino también a aquellas que pretendan explorar y explotar el petróleo pesado.
En Mendoza admiten que lo que el CEO comenzó a promocionar es, en líneas generales una ampliación redactada de los controvertidos seis puntos de modificación de Ley de Hidrocarburos que fueron planteados por YPF en el arranque de la discusión y que fueron rechazados por los gobernadores de la Ofephi.
Aquí hay un punto considerado clave por los funcionarios mendocinos: la nueva ley de Hidrocarburos modifica finalmente los alcances del decreto 929 que aportó el marco de inversiones de Chevron en Vaca Muerta y los amplía al resto de las empresas para fomentar la inversión. Y lo hace a partir de la sanción de la ley y no alcanzará a proyectos ya concesionados.
Ahora bien. Hay una cuestión que les quedó en claro a todos los gobernadores: a pesar de la resistencia de las provincias productoras de petróleo, Galuccio avanzará contra las empresas provinciales de energía tal cómo se propuso desde un primer momento.
En este punto es claro que desoyó las presiones de los mandatarios y que, sobre todo, busca reducir al mínimo la participación de G y P, la empresa de energía estatal neuquina, en el negocio de Vaca Muerta.
Ese golpe a la empresa provincial vecina, repercutirá en EMESA, la energética nuestra. "Lo que nos preocupa es la virulencia con la que le pegan a G y P en el proyecto y, por carácter transitivo, a Emesa. Eso queda clarísimo en la redacción de la ley", se resignó uno de los funcionarios locales que analizó la iniciativa.
Esta situación se evidenció en las últimas horas. De todos los gobernadores petroleros, el único que salió públicamente a decir que no entre el lunes y ayer fue el neuquino Jorge Sapag.
“No vamos a dar un solo paso atrás en las facultades no delegadas”, aseveró en su provincia. “Vamos a compartir las facultades concurrentes pero seremos firmes defensores de los recursos de nuestra provincia, de los del subsuelo, de los del suelo y del cuidado del ambiente para nuestra generación y para las próximas”, se opuso.