El Senado buscará hacer realidad el tope salarial
El tope salarial para los empleados públicos que impulsan peronistas y radicales tomaría finalmente impulso en el Senado provincial. Así se acordó en la sesión de este martes, donde hubo acuerdo para que el proyecto del PJ tenga preferencia y se discuta en el recinto apenas cuente con un despacho de comisión.
Parecía que la idea se había desinflado ayer. Es que los senadores modificaron un proyecto de Diputados en el que el tope salarial constituía un artículo.
El problema es que el tope había sido incluido en el acta de homologación de acuerdos salariales con los gremios. Los senadores entendieron que eso constituía un problema político y que no había que mezclar los dos temas.
Además, advirtieron que el artículo agregado a las actas paritarias tenía un problema "técnico": aplicaba el tope a los funcionarios, cuando la idea es que rija para todos los empleados.
Si bien ahora será la Cámara de Diputados la que deberá ceder la iniciativa respecto de los sueldos estatales y admitir los cambios impuestos por el Senado, el presidente del bloque de senadores del PJ, Fernando Simón, aseguró que existe "consenso político" para que así sea.
La idea que promueven oficialistas y opositores (con la excepción del Frente de Izquierda, que se opone) es sancionar una ley que recomponga la pirámide salarial en el Estado mendocino. El objetivo es generar un recorte gradual en los sueldos de los empleados estatales que ganan más que el gobernador.
Ese recorte llevaría por nombre "convergencia" y se aplicaría en sueldos que en algunos casos duplican, o más, el salario que hoy cobra Pérez. El mandatario recibe una mensualidad de 40 mil pesos en bruto y le quedan menos de 30 mil en el bolsillo.
Los gremios de los empleados estatales han manifestado su profundo rechazo a esta legislación, dado que entienden que viola el derecho de acordar sueldos en paritarias. Además, aducen que son "ñoquis de la política" aquellos empleados que ganan más que el gobernador.
Los legisladores peronistas y radicales no parecen dispuestos a frenar la cruzada del tope, a pesar de las críticas. El enojo brotó precisamente en las últimas paritarias, cuando trascendió que había empleados que habían logrado aumentos de 15 mil pesos o más.
Para solucionar esto, Simón estableció en su proyecto que ningún empleado de los poderes Ejecutivo y Legislativo puede ganar más que el gobernador, e invitó al Poder Judicial y los municipios a adherirse a este régimen.
Lo que hasta ahora nadie logró esclarecer es quiénes son los empleados con sueldos tan altos. El propio oficialismo elevó pedidos de informes a los ministerios de Salud y de Hacienda para que elaboren la lista, pero el listado todavía no aparece.
Algunos legisladores dicen haber visto una nómina de 700 agentes, pero dicen que ese listado no se puede revelar. Mucho menos se pliegan los gremios a la difusión de las listas en cuestión.
Hasta en el PJ están enojados con los ocultamientos. "La lista se tiene que hacer público con el resguardo de los nombres", dicen algunos referentes del oficialismo.
