Los gobernadores petroleros le pusieron freno a Galuccio
Lograron cambiar el borrador que les envió el gobierno para el petróleo no convencional, por uno distinto que van a elaborar las provincias y Carlos Zanini. No quieren darle al CEO de YPF el manejo de la política petrolera nacional.
Primero hubo un trabajoso acuerdo entre los hombres de las provincias en la Casa del Chubut. Y más tarde fue la hora del plato fuerte en la Casa Rosada. Estuvieron todos menos el santacruceño Daniel Peralta. Y allí, con la complicidad secreta de Julio De Vido, los gobernadores de las provincias petroleras le pusieron freno al plan del CEO de YPF Miguel Galuccio para “estandarizar” el millonario negocio del petróleo no convencional y ponerles límites a las ambiciones de las provincias, para favorecer las inversiones en miles y miles de millones de dólares que se necesitan para explotar el petróleo no convencional de pozos ultra profundos, a más de 3.600 metros bajo la tierra. Es un tesoro incalculable, pero extraerlo cuesta un dinero que ni el país ni mucho menos las provincias tienen.
Después de varias semanas de discusiones, el plan original de Galuccio que consistía en brindarles una serie de fuertes beneficios promocionales a las empresas petroleras –al estilo de las conseguidas por Chevron en Neuquén a modo de “leading case”- y de eliminar a las empresas provinciales de energía como socios parasitarios de las inversoras o de las megapetroleras mundiales, entre otras ventajas- quedó reducido prácticamente a la nada: aunque los gobernadores y Galuccio coinciden en tener una única política petrolera, respetar los derechos de las provincias y tender al autoabastecimiento energético (algo que se perdió justamente por la mala praxis de este gobierno); el desacuerdo en la letra fina del negocio es evidente. Tanto, que ayer en Planificación Federal hubo una fuerte discusión entre el mandatario mendocino Jorge Sapag y Miguel Galuccio, ante un De Vido que estuvo más del lado de los gobernadores, tal vez porque el CEO de la petrolera estatal le recortó las alas en el negocio de importación de combustibles, como dijo este medio el domingo último.
En resumidas cuentas, el gobierno nacional fracasó en el intento de poner tope a las regalías respecto del petróleo no convencional, eliminar a las empresas como EMESA del “carry” (acarreo) como participantes pasivas del negocio, bajar Ingresos Brutos en las provincias y fijar las regalías petroleras como única fuente de la renta hidrocarburífera provincial. Es decir, nada de andar pidiendo “extras” a las empresas que podrían venir a invertir, aunque detrás de Chevron no apareció nadie. Galuccio trató de evitar la construcción de un mapa tan heterogéneo que sería imposible para cualquiera armar un plan de negocios decente, en un país que además tiene la macroeconomía desquiciada con altos niveles de inflación, cepo cambiario, imposibilidad de disponer de divisas, y costos laborales mayores a los de la industria petrolera mundial. Al coctel habría que agregarle la decisión de CFK comunicada anoche a los argentinos, respecto de que no piensa pagar la deuda a los holdouts como le indicó ahora la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Finalmente, la búsqueda de la “seguridad jurídica” que buscaba Galuccio para favorecer la inversión tendrá forma de ley, de una media docena de artículos, que se parecen mucho a una serie de condicionamientos que en apariencia han logrado imponer los gobernadores. Estos artículos reformarán la antigua Ley de Hidrocarburos 17.319 que rige desde 1967 y que ha tenido infinidad de modificaciones. “La propuesta de los gobernadores fue pedir un régimen nacional de promoción hidrocarburífera. Sin eso, pedirles esfuerzos a las provincias sólo para darle todo el poder a Galuccio es inútil, y políticamente intolerable para los gobernadores” contó una fuente con acceso de primera mano a cuanto ocurrió ayer en el Ministerio de Planificación Federal. En esa reunión, de más de tres horas, los gobernadores se salieron con la suya. Un grupo de ellos, entre los que está el mendocino Francisco Pérez, serán los encargados de redactar los cambios a la Ley de Hidrocarburos junto a Carlos Zanini, el secretario legal y técnico de la presidencia. Las vías posibles de promoción petrolera, de acuerdo al análisis que hicieron los gobernadores, podrían venir a través del diferimiento de Ganancias –algo que no quisieron hacer con la minera Vale, por caso- o de deducir Ingresos Brutos del IVA. Es decir, tomar los impuestos provinciales como pago a cuenta del Impuesto al Valor Agregado, que es nacional. “Todas estas fórmulas son posibles” dijo a este diario uno de los gobernadores, ya subido al avión de regreso a su provincia con aires de triunfo.
Como el gobierno no quiere generar promociones industriales nacionales para no tentar a la industria automotriz, al campo o a cualquier sector que se sienta afectado por la macro economía, entonces tuvieron que cederles a los gobernadores buena parte de lo que los mandatarios exigían y que Galuccio no quiere. Por eso ayer hubo más de tres horas de discusión en la que los gobernadores consiguieron:
-Los cambios a la ley serán específicos para los petróleos pesados, no convencional, y offshore. Y la Ley Corta seguirá vigente para el petróleo convencional, respetando la propiedad de las provincias.
-Las regalías no serán inferiores al 12 % y además podrán subir en función de cada proyecto, y cada provincia podrá decidirlo según el proyecto de inversión, y la conveniencia del caso.
-Las empresas provinciales de energía podrán participar del negocio petrolero con o sin acarreo, y cada una podrá fijar la tasa de ingresos brutos que considere necesaria, aún con diferencias dentro de cada territorio provincial.
-Las provincias tendrán participación en las ganancias de cada explotación, y podrán exigir inversiones en infraestructura y sociales.
Quedaron muchos asuntos sin tratar a fondo, como el pedido de algunas provincias, entre ellas Mendoza, para que los inversores puedan disponer libremente de los dividendos que genere la renta petrolera, y que las regalías se liquiden al precio real del crudo, lo que beneficiaría sensiblemente las arcas provinciales. Para Mendoza, esta diferencia entre el precio fijado por la Secretaría de Energía de la Nación y el de mercado, significaría unos 600 millones de pesos más al año en regalías.
“Nos aclararon dudas que habían generado mucha preocupación. Hubo espacio para discutir y cada provincia planteó sus particularidades” dijo una fuente, confirmando las tensiones entre Galuccio y algunos de los mandatarios. “Fue una buena reunión porque pudimos abrir el texto duro que nos habían enviado” explicó.
Los gobernadores se fueron satisfechos de la reunión, y Galuccio habrá quedado pensando cómo fue que su plan para tener una industria petrolera que le permitiese exprimir en condiciones ventajosas los “Vaca Muerta” del país, terminó en un conjunto de buenas intenciones, porque la aplicación de límites a las provincias es imposible. Galuccio buscaba regalías bajas, planes promocionales, y la menor intervención posible de las provincias. Y reservarse las principales decisiones estratégicas respecto de los potenciales socios petroleros, a través de YPF. La pregunta ahora es… ¿Quién sale ganando? Es claro que los gobernadores obtuvieron una victoria política sobre Galuccio, aunque hay que aguardar por el texto de la ley que deben consensuar mandatarios provinciales y gobierno nacional, con el visto bueno de Galuccio. Pero… ¿Quién querrá venir a extraer petróleo no convencional con grandes inversiones, si por delante tendrán gobernadores con exigencias duras? Esa es la pregunta que no tiene respuesta, aunque algo es seguro. No se resolverán cambios a la Ley de Hidrocarburos sin el acuerdo pleno de las diez provincias y del gobierno nacional. Una meta muy compleja sobre todo en tiempos preelectorales. Habría que pensar más bien que la tarea quedará para el próximo gobierno.
-Los cambios a la ley serán específicos para los petróleos pesados, no convencional, y offshore. Y la Ley Corta seguirá vigente para el petróleo convencional, respetando la propiedad de las provincias.
-Las regalías no serán inferiores al 12 % y además podrán subir en función de cada proyecto, y cada provincia podrá decidirlo según el proyecto de inversión, y la conveniencia del caso.
-Las empresas provinciales de energía podrán participar del negocio petrolero con o sin acarreo, y cada una podrá fijar la tasa de ingresos brutos que considere necesaria, aún con diferencias dentro de cada territorio provincial.
-Las provincias tendrán participación en las ganancias de cada explotación, y podrán exigir inversiones en infraestructura y sociales.
Quedaron muchos asuntos sin tratar a fondo, como el pedido de algunas provincias, entre ellas Mendoza, para que los inversores puedan disponer libremente de los dividendos que genere la renta petrolera, y que las regalías se liquiden al precio real del crudo, lo que beneficiaría sensiblemente las arcas provinciales. Para Mendoza, esta diferencia entre el precio fijado por la Secretaría de Energía de la Nación y el de mercado, significaría unos 600 millones de pesos más al año en regalías.
“Nos aclararon dudas que habían generado mucha preocupación. Hubo espacio para discutir y cada provincia planteó sus particularidades” dijo una fuente, confirmando las tensiones entre Galuccio y algunos de los mandatarios. “Fue una buena reunión porque pudimos abrir el texto duro que nos habían enviado” explicó.
Los gobernadores se fueron satisfechos de la reunión, y Galuccio habrá quedado pensando cómo fue que su plan para tener una industria petrolera que le permitiese exprimir en condiciones ventajosas los “Vaca Muerta” del país, terminó en un conjunto de buenas intenciones, porque la aplicación de límites a las provincias es imposible. Galuccio buscaba regalías bajas, planes promocionales, y la menor intervención posible de las provincias. Y reservarse las principales decisiones estratégicas respecto de los potenciales socios petroleros, a través de YPF. La pregunta ahora es… ¿Quién sale ganando? Es claro que los gobernadores obtuvieron una victoria política sobre Galuccio, aunque hay que aguardar por el texto de la ley que deben consensuar mandatarios provinciales y gobierno nacional, con el visto bueno de Galuccio. Pero… ¿Quién querrá venir a extraer petróleo no convencional con grandes inversiones, si por delante tendrán gobernadores con exigencias duras? Esa es la pregunta que no tiene respuesta, aunque algo es seguro. No se resolverán cambios a la Ley de Hidrocarburos sin el acuerdo pleno de las diez provincias y del gobierno nacional. Una meta muy compleja sobre todo en tiempos preelectorales. Habría que pensar más bien que la tarea quedará para el próximo gobierno.