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Apuran el proyecto para limitar responsabilidad de funcionarios

En pleno mundial, la iniciativa -aprobada en Diputados- obtuvo dictamen en el Senado gracias a la mayoría K. En qué consiste el proyecto que perjudica a ciudadanos y empresas en litigios con el Estado o funcionarios.
Foto: NA
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El oficialismo le dio dictamen esta tarde en el Senado al polémico proyecto que regula la responsabilidad del Estado y los funcionarios. En tanto, el jefe del bloque oficialista, Miguel Pichetto, aclaró que no exime a funcionarios de responsabilidad en materia penal.

El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo, obtuvo dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside el oficialista Marcelo Fuentes, aunque sólo fue firmado por los senadores del Frente para la Victoria. El mismo recorta las obligaciones del Estado y sus funcionarios por los actos u omisiones que perjudiquen a ciudadanos o empresas, y quienes se sientan afectados ya no podrían reclamar en el fuero civil.

Desde la oposición sostienen que la iniciativa -que ya fue aprobada en Diputados y con el dictamen se espera un rápido tratamiento en la Cámara alta- busca que el Estado quede libre de responsabilidades en episodios similares al accidente ferroviario de la estación Once -que dejó 51 muertos y más de 700 heridos-.

 Aunque distinta sería la situación que involucra al vicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone, ya que la suerte del funcionario se definirá en el fuero penal, y no en el civil.

Pichetto sostuvo que "son tonterías que con esta ley se quiera eludir las responsabilidades de los funcionarios en materia penal" y respondió así a las críticas de un sector de la oposición que vincularon la iniciativa con el avance de la causa Ciccone.

La iniciativa ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados. Con once artículos, entre otros establece que "el Estado no debe responder. Ni aun en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por concesionarios o contratistas de servicios públicos a los cuales se les atribuyan o encomiende un cometido estatal, cuando la acción u omisión sea imputable a una función encomendada".

En noviembre último, el Poder Ejecutivo había enviado al Congreso un proyecto que intenta protegerlo ante demandas por indemnizaciones por daños y por lucro cesante por actos de Gobierno con base legal, en las que no será considerado como un particular más, sino que tendrá un trato especial.