La UCR duda de la "voluntad política" de Pérez
El radicalismo mendocino advirtió que condicionará su respaldo a la emergencia en seguridad a que exista una "verdadera voluntad política del gobernador" en ese sentido.
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De esta manera quedaron a la vista las dudas del principal partido opositor después de los anuncios del vicegobernador Carlos Ciurca, quien busca impulsar en la Legislatura un paquete de leyes contra la inseguridad que se viene conociendo de a poco desde el fin de semana.
"No habló Pérez de esto en la Asamblea Legislativa, el sábado se acusa a un dirigente radical, Alfredo Cornejo, de no trabajar contra el narcotráfico y el domingo aparece un tuit con el anuncio de Ciurca. Creemos que no se puede actuar por impulso, hace falta una verdadera política de estado", afirmó el jefe del bloque de senadores del radicalismo, Gerardo del Río.
En la UCR sospechan de que existe una grieta entre Francisco Pérez y su vicegobernador y recalcan que la responsabilidad de elaborar el plan de seguridad es del Poder Ejecutivo, que hasta ahora no puso en agenda la necesidad de declarar una emergencia. El conflicto político entre el PJ y el radicalismo, por otro lado, no ayuda para generar un clima de consenso.
Sin embargo, a la vez, el tema en cuestión es la seguridad, que sensibiliza al grueso de la población, y por ello la oposición no puede mirar al costado.
A la par, Ciurca se encargará de tratar de generar consenso y por ello este lunes reveló conversaciones con intendentes y legisladores, incluso de la UCR, donde escuchó el clamor de medidas para enfrentar los delitos y la violencia criminal.
El propio Del Río reconoció una charla de Ciurca con el intendente de Rivadavia, Ricardo Mansur, en medio de la asunción de concejales de ese departamento, donde el jefe comunal manifestó su preocupación por la inseguridad.
De pie
La emergencia se tramitará desde este martes a través de una reunión de Labor Parlamentaria especial, a la que acudirán tanto los bloques de senadores como los de diputados de todos los partidos, para poner en común los proyectos que constituirían una "ley ómnibus" para mejorar la seguridad.
En la víspera de este encuentro, el vicegobernador enfrentó críticas fuertes. Una de ellas fue que no se haya tomado la decisión de ejecutar la emergencia desde el Poder Ejecutivo (así lo planteó el gobernador bonaerense Daniel Scioli) para que la medida sea más efectiva. Ante esto, Ciurca aclaró que se eligió un ámbito plural para que no sólo estuviera comprometido el Ejecutivo y prometió generosidad política para impulsar proyectos de todos los partidos. "No se están buscando réditos", aseguró.
Sobre la ausencia de la emergencia en la agenda del gobernador hasta el domingo, Ciurca se hizo cargo de haber sido quien recomendó dejar este tema en manos de la Legislatura y rechazó la idea de que la ley ómnibus busca que el ministro del área, Leonardo Comperatore, zafe de una situación política delicada por el crimen del turista en el Parque General San Martín. "Sería demasiado mezquino plantear esto para salvar a un ministro, casi todos los intendentes dicen que algo tenemos que hacer", aclaró.
"No es una debilidad que el Estado se ponga de pie", indicó el vicegobernador, frente a la visión de que la emergencia deja a la vista los problemas del Gobierno para enfrentar este karma.
Proyectos y obstáculos
También el propio Ciurca se encargó de hacer circular varios proyectos en carpeta, propios y de la oposición. Diferenció esta iniciativa de la última que encaró un gobierno justicialista. Esto ocurrió en 2008, año en que se plantearon cambios para agilizar compras de insumos, pero no se impulsó un paquete de proyectos, como ocurrirá ahora.
Entre otras iniciativas se menciona un proyecto para castigar con dureza la portación ilegal de armas, otro para que vayan a prisión quienes utilizan el teléfono de emergencias (911) para hacer bromas y la idea de crear una Policía Caminera para controlar la circulación de estupefacientes.
Aparece, además, la idea de obligar a fiscales y ayudantes fiscales a acudir al lugar del crimen y sigue flotando la posibilidad de que la Justicia provincial intervenga en casos de narcocriminalidad, entre otros proyectos, aunque este último no tiene aún una adhesión firme del Gobierno, a pesar de que lleva meses en carpeta.
La única iniciativa con debate asegurado ya fue anunciada por el propio gobernador, que es la restricción para la circulación de dos personas en moto en determinadas zonas.
El estrépito que genera cada caso delictivo grave llevará también al Ministerio de Seguridad a practicar un control de la circulación de personas en el Parque y a la creación de un circuito especial para deportistas.
Se trata de una medida que no requiere de aprobación legislativa, pero que sirve para demostrar el clima político en el que se discutirá esta emergencia: a horas de haberse enterado, el radicalismo se opuso y salió al cruce con un proyecto para mejorar las condiciones del pulmón verde capitalino sin limitar el acceso a él.

