Cómo son los cambios judiciales que propone Pérez

De esta manera "se agilizarán los procesos y se eficientizará la justicia penal, ya que cada juzgado va a tener más tiempo de trabajar con las causas", explicó la subsecretaria de Justicia Romina Ronda.

Un punto importante es que los cambios afectarán solamente a los departamentos de la primera y tercera circunscripciones judiciales. Se trata del Gran Mendoza y la Zona Este. El Sur y el Valle de Uco quedarán afuera por la sencilla razón de que, a 15 años de la sanción de la ley que le dio creación, el "nuevo" Código Procesal Penal (CPP) todavía no llega a esos lugares de la provincia.

Desde el Poder Ejecutivo minimizan la aplicación parcial de la refuncionalización judicial, dado que "el ochenta por ciento de la actividad judicial se concentra en la primera circunscripción", según sostuvo Ronda. Aunque el asunto no ha sido menor en la Legislatura: "El proyecto se frenó por una división norte-sur. Los legisladores del norte lo quieren y los del sur de todos los partidos lo han rechazado porque no los beneficia", explicó un legislador.

Tampoco dramatiza el Ejecutivo las demoras del proyecto, que ya pasó por las dos cámaras legislativas y volvió a la original (Diputados) para recibir sanción definitiva en breve, si no pasa nada raro. "Ha sido un proceso de diálogo constructivo y saludable que en definitiva no duró más de seis meses y nosotros nunca nos cerramos a los cambios", agregó Ronda.

Garantías

El juez de garantías es, según el nuevo CPP, la persona que dirige el proceso penal. En el sistema acusatorio, el fiscal tiene el rol de investigar y al juez de garantías le toca actuar como "contralor de las garantías constitucionales". Como tal, es el encargado de resolver sobre distintas medidas de la investigación, como dictados de prisión preventiva, órdenes de allanamiento o escuchas telefónicas.

El Gobierno lleva años quejándose de la "falta de agilidad" de los jueces de garantías y alguna vez amagó incluso con correrlos del medio para agilizar procesos. El ex ministro de Seguridad Carlos Aranda impulsó en 2012 un proyecto de "allanamientos exprés" que depositaba estas herramientas exclusivamente en manos de los fiscales. Pero los especialistas aconsejaron abandonar la idea, pues sería declarada inconstitucional, y Aranda se llamó a silencio.

La variante fue buscar la manera de ampliar la Justicia de Garantías, pero el proyecto tardó un año más en aparecer y vino de la mano de un hecho de inseguridad.

Pérez había propuesto enviar a la Legislatura el proyecto de refuncionalización de la Justicia Penal en la asamblea legislativa del año pasado, pero demoró en hacerlo hasta setiembre. Lo impulsó a hacerlo el resonante crimen del médico Sebastián Prado.

Inicialmente el proyecto proponía elevar de 6 a 10 los juzgados de Garantías de la primera circunscripción y además quería que los nuevos juzgados absorbieran las tareas de los juzgados correccionales. Pero el texto que se encamina a su aprobación dispone, en cambio, que Gran Mendoza va a disponer de 8 juzgados de Garantías en lugar de 10 y de 2 juzgados exclusivamente correccionales, en lugar de los 4 existentes.

En tanto, la tercera circunscripción (zona este) tendrá 3 juzgados de garantías, en lugar de 2, como ocurre ahora.

Flagrancia

La Justicia de Flagrancia se creó en Mendoza hace algunos años, a partir de una reforma del CPP. Básicamente genera procesos judiciales rápidos, dado que el sospechoso es descubierto "in fraganti" o "con las manos en la masa", como suele decirse popularmente.

Los jueces de flagrancia entienden en delitos que tienen menos de 15 años de prisión, penas que abarcan "el 90 por ciento de los delitos contra la propiedad", según la Subsecretaría de Justicia.

Ronda explica que se trata de delitos "de probanza muy sencilla y en los que se reducen los tiempos de investigación, dado que el Estado llega cuando el delito acaba de cometerse o en vías de". Las audiencias son breves y normalmente la Justicia no tarda más de un mes en condenar a los imputados.

Pero todo esto existe en el mundo de la teoría, ya que la falta de estructura de la Justicia conspira hoy contra ese objetivo. En Mendoza existe sólo un juzgado de flagrancia con tres salas unipersonales para juzgar este tipo de delitos. En consecuencia, las causas se demoran y conspiran contra su propia razón de ser.

Esta modalidad se aplica, además, sólo en la primera circunscripción. Y ni siquiera en todos los departamentos: "Luján y Maipú no la tienen", reconoció Ronda 

La idea del proyecto es mejorar la situación: se duplicarán a seis la cantidad de salas y jueces, con lo cual existirá la Justicia de Flagrancia para todo el Gran Mendoza y el Este.

Tanto en el caso de la Justicia de Garantías como en la de Flagrancia, el Poder Ejecutivo cree que los cambios dotarán a la Justicia de herramientas adecuadas, aunque aclara que el resultado no depende de los funcionarios.

"Esta ley es para reducir los niveles de impunidad y para cumplir mejor con la finalidad del proceso penal, pero los resultados dependen de un trabajo constante y el rol que le cabe a la Justicia en reducir los nichos de impunidad en delitos como los generados por las organizaciones que roban automotores, las bandas que se dedican al tráfico de drogas o la criminalidad económica", advirtió Ronda.