Se ensombrece el tramo final del Jury a De Rosas

Hay sombras en la recta final hacia la sentencia en el Jury al fiscal de Estado Joaquín de Rosas, donde se definirá si el funcionario es destituido o confirmado en su puesto.

Este jueves hubo un cruce de llamadas entre legisladores del justicialismo y la UCR para constatar la situación en cada bando. En ambos partidos confirmaron que sus posiciones son críticas respecto de la conducta del fiscal, pero indicaron que ese es el escenario "hoy". O sea que nadie se animó a descartar cambios de criterio de aquí hasta el fallo, que de acuerdo a lo anticipado, se dictará el martes próximo.

En otras palabras, las fuentes, que hablaron con MDZ en estricto off the record, reconocieron que hay rumores de presiones en el juicio contra el fiscal acusado de favorecer a Dalvian SA en una expropiación de terrenos para crear la reserva de Divisadero Largo y, luego, en la compensación de deudas que la empresa tenía con el Estado provincial.

Una de las fuentes habló de "operaciones cruzadas", es decir, versiones de que en el partido opositor (ya sea PJ o UCR) va a cambiar el voto. Otra no descartó alguna ausencia entre los conjueces que componen el tribunal. Se hicieron más consultas y nadie eludió la existencia de versiones acerca de una supuesta operación de salvataje del fiscal de Estado en el tramo definitorio del juicio.

Al margen de las sospechas, en el radicalismo hubo opiniones fuertes: calificaron de "indignante" la conducta del fiscal en el proceso y criticaron las trabas que colocó en el juicio. Arriesgaron, incluso, que el fallo podría ser "unánime" en contra del fiscal. De ser así, los representantes de la Corte también avalarían la destitución.

Por el lado del justicialismo, en tanto, respaldaron los cuestionamientos a De Rosas, aunque marcaron un matiz: se prestará atención a la solidez de la querella (a cargo de la diputada Gutiérrez) y especialmente a la acusación del procurador de la Corte, Rodolfo González, quien cumple el rol de fiscal en el juicio.

La historia

Las maniobras del fiscal De Rosas, denunciadas en su momento por seis legisladores (Patricia Gutiérrez, Gustavo Valls, Gustavo Cairo y los radicales Daniel Dimartino, Alejandro Limas y Roberto Infante), terminaron en 2010, a juicio de ellos, con un millonario saldo a favor de la empresa privada y, consecuentemente, con perjuicios económicos para el Estado provincial.

Por estas acusaciones, el Jury suspendió a De Rosas en agosto de 2012. Después hubo un larguísimo intérvalo hasta fines de marzo, cuando arrancó el juicio.

El proceso debía ser muy corto, pero De Rosas lo obstaculizó desde el comienzo y el fallo por eso se demora.

Primero el fiscal planteó que el Jury no debía hacerse pues su conducta ya había sido juzgada por el Senado provincial cuando aprobó su pliego, en junio de 2010. Esta nulidad fue rechazada, pero las trabas no terminaron allí: unos días antes de la última audiencia, el fiscal de Estado fue internado por un problema del corazón y pidió la suspensión del proceso.

A esto hay que agregar que su abogado, Roberto Godoy Lemos, abandonó la defensa bajo el argumento que es sólo "patrocinante" del fiscal y esto lo limita a ejercer la defensa sólo si el acusado está en el juicio.

Frente a este cuadro, para evitar que De Rosas pueda argumentar una violación de su derecho de defensa, el Jury concedió casi dos semanas para su recuperación, autorización que vence el lunes próximo, día en que se pronunciarán los alegatos.

Pero a la par tomó los recaudos para que la sentencia no pase de la semana que viene, esté o no el fiscal en la sala de audiencias de la Corte. Así fue que le designó una defensora oficial (Verónica Sarfati) y estableció que dará 24 horas para que De Rosas se pronuncie después de los alegatos.

Votos y cálculos

El Jury tiene 21 miembros (14 legisladores y 7 representantes de la Corte), pero en 2012, cuando fue suspendido De Rosas, votaron 19.

Esa votación resultó dividida: ganó la suspensión, por 11 contra 8.

En el fallo definitivo tampoco participarán la totalidad de los miembros: ahora votarán 18. Y algunos nombres del tribunal cambiarán.

-Pedro Llorente, presidente de la Corte, adujo enfermedades en 2012 y ahora. Fue y es una baja, y nunca tuvo remplazo. La presidencia del tribunal la ejerce Omar Palermo, quien no estaba en la Corte en 2012.

-En el grupo de legisladores radicales se mantienen, respecto de 2012, los diputados Néstor Parés y Néstor Guizzardi y los senadores Juan Carlos Jaliff y Sergio Moralejo. Los cuatro votaron por la suspensión en 2012. A ellos se suma Héctor Quevedo, quien se integró al Jury en remplazo del ahora diputado nacional Luis Petri, quien en su momento también votó contra De Rosas.

-El conjunto de legisladores justicialistas es el mismo que en 2012. Se trata de Fernando Simón, Ricardo Pettignano, Luis Francisco, Andrés Da Rold, Mónica Salazar y Silvia Ramos. Estos seis legisladores votaron a favor de De Rosas en 2012. Pero en la etapa final del juicio intenvendrán sólo cinco, dado que Ramos faltó a una audiencia y no podrá votar. Es más: si no hay fallo antes del 1 de mayo, quedarán cuatro, dado que Da Rold está por finalizar su mandato.

-El diputado demócrata Aldo Vinci, quien está a punto de finalizar su mandato, estuvo en 2012 y hoy también forma parte del tribunal. En 2012 votó en contra de De Rosas.

-Néstor Márquez, que reponde al senador oficialista Guillermo Amstutz, no asistió a votar en 2012, pero hoy sigue formando parte del tribunal y debería expresarse en el fallo.

-El senador demócrata Ernesto Corvalán votó a favor de De Rosas en 2012 y sigue en el tribunal, pero ahora no podrá votar pues faltó a las audiencias.

-En cuanto a los ministros de la Corte, se repiten dos nombres, Mario Adaro, que en 2012 votó a favor del fiscal; y Herman Salvini, que votó en contra.

-También se mantiene en el tribunal la conjueza, Silvia Furlotti, que hace más de un año votó por la suspensión.

-En el tribunal hay dos conjuezas "nuevas", es decir, que no votaron en el momento de la suspensión. Se trata de Marina Isuani y Gladys Marsala.

-Legalmente está establecido que, a pesar de las ausencias, la destitución debe sumar la mitad más uno de la totalidad de los miembros, es decir, 11 votos. Es así que, de haber 12 miembros presentes a la hora del fallo (mínimo necesario para que exista quorum), igualmente la acusación deberá reunir 11 votos. Por lo tanto, cada ausencia en la sala de audiencias de la Corte a la hora de votar se convertirá en una automática ayuda al fiscal de Estado.