Presenta:

La batalla del PJ y la UCR se trasladará a los bancos

Los radicales militarán un plan para desalentar a los inversores. Hablarán con directivos de Supervielle, Macro y Nación, entre otros. "El inversor se va a fijar en lo que digamos nosotros", aseguró por su parte el Gobierno.
Foto: Alf Ponce / MDZ
Foto: Alf Ponce / MDZ

El radicalismo mendocino comenzó este lunes a preparar su campaña para evitar que el Gobierno provincial consiga financiamiento. En ese tren, los radicales prometieron visitar tanto instituciones públicas y privadas. El desafío será detectar a qué entidades o inversores puede acudir el Poder Ejecutivo con la "reconducción del presupuesto" en la mano, para tratar de bloquearlo. "Va a ser un trabajo político complejo, pero esto hay que militarlo", señaló al respecto el diputado nacional Enrique Vaquié, uno de los principales impulsores de la maniobra.

Sin embargo, el justicialismo vaticinó que la maniobra será infructuosa. Un ministro y vocero oficial que pidió hablar en off expresó: "El inversor, si tiene plata y le conviene, presta. Además, nosotros vamos a estar en condiciones legales de pedir", indicó.

El funcionario agregó: "Hay peores leyes que ésta", y aseguró que "el inversor se va a fijar en lo que digamos nosotros".

La fuente oficial aclaró, además, que el Gobierno provincial saldrá a tomar créditos "sólo si las condiciones son beneficiosas". 

De todos modos, el plan opositor se empezó a armar en el comité, antes de la sanción legislativa del proyecto que modifica la ley de Contabilidad para que Francisco Pérez pueda replicar el endeudamiento del año pasado, que alcanzó los 1587 millones de pesos.

Al margen de los escandaletes que luego hubo en el recinto, algunos radicales comenzaron a pensar la letra de un paper que advertirá a los agentes financieros que esa ley es "ilegítima", dado que viola el artículo 41 de la Constitución, en el cual se establece que todo endeudamiento debe tener la aprobación de dos tercios de las cámaras.

La presentación radical buscará convencer a los agentes financieros de que no les convendrá dar dinero a la Provincia básicamente porque las operatorias se van a judicializar y no van a poder cobrar lo que prestaron por la vía administrativa.

Esa otra pata, la de la judicialización, también es un hecho: la UCR acudirá a la Corte para plantear la inconstitucionalidad de la ley impulsada por el oficialismo.

Bancos. La UCR intentará tener "entrevistas formales" con los directivos de algunas entidades privadas que tienen intereses en Mendoza y/o relaciones con el gobierno de Francisco Pérez. Uno de ellos es el banco Supervielle.

También se menciona en el radicalismo a otro banco que "presta mucho". Se trata del Macro, del banquero Jorge Brito, quien tiene muy buenas relaciones con el kirchnerismo. El Gobierno provincial supo sacarle provecho a ese vínculo: en setiembre de 2012, cuando la Provincia estaba en rojo por no conseguir financiamiento, el gobernador Pérez destrabó fondos a través de una entrevista personal con el banquero.

En el caso de otros bancos privados, la tarea podría ser un poco más difìcil, pues no prestan directamente, sino que hacen la conexión con los inversores.

Por último, los radicales tampoco descartan acudir al propio Banco Nación. La banca pública puede ser una puerta de fácil acceso para Pérez y su pedido de crédito. Más si se tiene en cuenta que es el agente financiero de la Provincia. Pero en la UCR hay algunas dudas. Es que la entidad que hasta hace poco era conducida por un mendocino que ascendió a la conducción del Banco Central (Juan Carlos Fábrega) hace años que no aparece como prestamista del Gobierno provincial.

En el radicalismo tienen una teoría: el Nación autorizaría a la Provincia a realizar giros en descubierto, situación que lo hizo desaparecer como "prestamista formal" del gobierno mendocino. Esos giros rondaron alguna vez los 300 millones de pesos, según los cálculos del partido opositor.

El plan que militará la UCR tendrá una excepción: según Vaquié, Pérez dispone aún de autorización para tomar créditos por el saldo del año pasado. Se trata de un remanente de unos 300 millones de pesos que no serían cuestionados, pues forman parte del endeudamiento que se aprobó en el presupuesto de 2013.

Relación quebrada. En lo político, la UCR insistió en que hay un conflicto profundo y grave con el justicialismo. "Hemos perdido las esperanzas de dialogar y buscar consenso, porque todo se hace a la fuerza y a los cachetones. Acordar es muy difícil porque a Pérez no le interesa y ha tirado por la borda la institucionalidad", expresó el jefe del bloque de senadores, Armanco Camerucci.

Vaquié también realizó un pronóstico oscuro sobre el futuro institucional de la provincia. "Mendoza no discutirá más presupuestos porque el gobierno tendrá facultad para endeudarse por ley común y conservará superpoderes. Sólo cada tres o cuatro años va a hacer falta sancionar un presupuesto, cuando la reconducción no alcance por el efecto de la inflación", dijo el legislador.

Pero el PJ evitó hablar del conflicto político y se mantuvo dentro del libreto que busca bajarle el tono a la ley de reconducción presupuestaria. "Esto es para que en los años en que no haya presupuesto se ponga en vigencia el del año anterior, lo cual está previsto en la Constitución. No es un decreto, se trata de una ley con la cual es muy importante contar", afirmó Sergio Vendramín, jefe de la comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado.