Mendoza lejos de tener una Policía Judicial

El viaje que un grupo de legisladores provinciales realizó a fines del año pasado a Córdoba sirvió para demostrar por qué Mendoza tardará mucho en tener una Policía Judicial de verdad.

Un puñado de datos alcanza para demostrarlo. La Policía Judicial cordobesa, que tiene casi treinta años de antigüedad, funciona en una edificio propio de varios pisos y cuenta con una estructura de personal cercana a las 800 personas. Tiene su propio director, que es un funcionario de peso para los propios fiscales y que se relaciona directamente con la Procuración del Poder Judicial.

Los miembros de la Policía Judicial, ajenos y diferentes de la Policía Preventiva, no usan chalecos ni uniformes, aunque este punto genere cierta polémica. Forman parte de un sistema articulado y profesionalizado, dividido por áreas de acuerdo al tipo de delito que se investiga. Los legisladores locales todavía recuerdan sorprendidos los recursos tecnológicos con los que cuentan.

En Córdoba, señala el diputado justicialista Claudio Díaz, para ingresar a la Justicia hay que entrar obligatoriamente a la Policía Judicial. "Para acceder al cargo de ayudante fiscal hay que tener 15 años de experiencia como abogado, mientras que en Mendoza se accede a los seis meses de estar recibidos", destaca.

"En Córdoba, para ser ayudante fiscal hay que tener 15 años de experiencia", dice el diputado Claudio Díaz.

Esta declaración obliga a entrar en el odioso terreno de las comparaciones. En setiembre del año pasado, el gobernador Francisco Pérez se reunió con la cúpula de la Justicia y anunció con bombos y platillos el "histórico" primer paso hacia la creación de la Policía Judicial en Mendoza. Se trató del traspaso de 170 efectivos que trasbajaban en la Policía Científica, quienes quedaron bajo el mando del procurador general de la Provincia, Rodolfo González. Desde entonces no se dio ningún otro paso.

Es decir que el proyecto de Policía Judicial tiene en Mendoza menos de un cuarto del personal que tiene el modelo cordobés que es el ejemplo a seguir. Pero la cantidad de gente es apenas una punta de los obstáculos que hay para avanzar. El organismo es para todo el mundo la mejor solución para el esclarecimiento de los delitos, ya que la actuación policial se torna más profesional desde el principio y sigue las instrucciones específica de la Justicia. Pero para tener una policía más profesional, hay que tener también el recurso humano adecuado. "Hace falta preparar a la gente porque si no vamos al fracaso", aporta en este sentido el diputado Díaz.

Así se llega al propio corazón del problema, que es, casi como siempre, la plata. Políticos y jueces coinciden en que hoy no hay fondos en Mendoza para dar el salto de calidad que se pretende en la investigación de los delitos. Según el diputado Díaz, la Policía Judicial cordobesa gasta alrededor de 1.000 millones de pesos al año, cifra no muy inferior al gasto total para todo el Poder Judicial que había proyectado Francisco Pérez en el modelo original de presupuesto 2014: 1.260 millones.

El reconocimiento de un diputado del propio oficialismo cierra lo que va de la lenta película de la Policía Judicial. "No hubo cambios sustanciales desde que traspasaron a los efectivos de Científica, todavía estamos gateando", dice Díaz.

Fuera de agenda. Tan lejano es el anhelo de una profesionalización de la investigación de delitos que la Policía Judicial ni siquiera aparece entre los temas del encuentro que tendrá el gobernador el lunes con legisladores y funcionarios, ni bien pasen los festejos vendimiales.

Si bien se habla de una reunión a "agenda abierta", se sabe que Pérez se ha puesto al frente de una embestida contra la Justicia por el desempeño de los fiscales, la falta de avance de procesos e incluso la edad de los magistrados. El narcotráfico ocupará un lugar importante, dado que el gobernador cree que la Justicia no avanza a pesar de tener datos de bandas a los que él ya accedió. En definitiva, el clima de confrontación institucional que se advierte en la previa estaría lejos de generar el marco de concordia para avanzar con el proyecto de Policía Judicial que políticos y jueces anunciaron en setiembre del año pasado.

En el radicalismo hay quienes sospechan que ni siquiera hay mucho ánimo en el Gobierno dado que entregar la investigación policial a la Justicia reduciría el poder político en ese ámbito e impediría lucir alguno que otro logro en ese sentido, si lo hubiere. Cautelosa en ese sentido, la presidenta radical de la comisión Bicameral de Seguridad, la senadora Milagros Suárez, sólo habla de falta de decisión política. "Esto necesita el empujón del gobernador porque el proyecto de Policía Judicial sobre el que se está trabajando es de un radical, Luis Petri. El oficialismo nunca presentó el suyo", dice Suárez.

"La Policía Judicial necesita el empujón del gobernador", señala la senadora Suárez.

La observación de Suárez genera algunas reacciones en el PJ. "El proyecto de Petri copia el modelo de Córdoba. No podemos aplicarlo aquí porque falta recurso humano y financiero", responde Díaz.

No obstante, algo se habló de la Policía Judicial en lo que va del año, en el primer encuentro de la Mesa de Enlace, ese ámbito que consiguió armar el ministro de Seguridad Leonardo Comperatore para que todos los poderes debatan planes y medidas contra el delito. Allí se le escuchó decir al procurador de la Corte lo mismo de siempre: "No hay presupuesto".

La Mesa de Enlace tendrá de todos modos otro encuentro en breve y habrá que ver si es posible algún tipo de avance. Más teniendo en cuenta que los mendocinos que fueron a Córdoba quieren que por lo menos algo de lo que vieron allá se replique aquí.

El senador provincial Gustavo Cairo (PRO) fue parte de esa misión y es uno de los que habla de la necesidad de generar, como en la provincia mediterránea, un fuero judicial específico para la investigación de casos de venta de drogas en la provincia. Para ello habría que adecuar el marco legal, ya que el narcotráfico es un delito que corresponde a la Justicia Federal.

Díaz, por su parte, rescata de ese viaje el funcionamiento de las oficinas fiscales especiales. El legislador oficialista dice que la Justicia cordobesa tiene las oficinas fiscales divididas por tipos de delitos. Por ejemplo, una trata los robos de automotores, mientras que otra se ocupa de los delitos sexuales.

Así ocurre que una mujer violada en cualquier punto de Córdoba va a esa oficina, donde recibe una atención completa que incluye el aspecto sanitario. Un detalle: "Tienen hasta ropa interior en stock para proveerle a la víctima y quedarse con la que llevan puesta para la investigación", cuenta Díaz, maravillado.

Pasa cerca de aquí, en el mismo país, pero para algunos se parece a una película. Y una muy diferente a la que mira Pérez.