Pérez sacudió a los legisladores con un dramático informe

El dramático informe que ayer dio Francisco Pérez sobre el narcotráfico y la inseguridad movilizó al conjunto de los legisladores. Aunque por ahora es un misterio si eso se transformará o no en una cruzada general de la política para sancionar a los miembros de la Justicia que no aportan soluciones, como pretende el gobernador.

Ese fue el resultado de una reunión extensa en Casa de Gobierno en la que Pérez, ante los miembros de la comisión Bicameral de Seguridad, insultó, pidió ayuda, reclamó dejar de lado las diferencias partidarias que hay en otros temas, volvió a insultar e incluso amenazó con ponerse solo al hombro la problemática y avanzar como un gladiador, "cueste lo que cueste", si no consigue el acompañamiento del resto de las fuerzas políticas.

Tal como venía anticipando, Pérez, en compañía de varios ministros y del jefe de Policía Juan Carlos Caleri, detalló un panorama oscuro, en el que crece el narcotráfico y la violencia, sin que a su juicio haya una reacción acorde del Poder Judicial, ya sea en el fuero federal o en el provincial.

Un Paco intenso, sacado por momentos, dio cifras del crecimiento de la impunidad narco en Mendoza, y brindó clarísimos indicios de quiénes cree que son los responsables de ello en la esfera judicial.

Pérez aseguró que el Poder Ejecutivo tiene desde hace varios meses elementos contundentes para avanzar contra tres bandas narco. Señaló particularmente la responsabilidad de los fiscales de Godoy Cruz, pero en el camino, según distintos testimonios, arrolló al Poder Judicial en su conjunto, por razones que exceden a las drogas. De hecho, en su catarsis, cayó también el fiscal de San Martín, a quien el gobernador acusa de no haber actuado correctamente luego de la tragedia de la ruta 7. "No quedó nadie afuera", sintetizó un asistente.

Y va a seguir. El plan del gobernador es convocar la semana a los legisladores nacionales para extender el embate a la Justicia Federal, a la que le corresponde castigar a los narcotraficantes pero (de acuerdo a la óptica oficial) demora órdenes de detención en casos en los que la Policía tiene pistas fuertes para avanzar contra los delincuentes.

Pérez quiere que haya control legislativo de la Justicia en todos sus ámbitos y quiere forzar desde los parlamentos una "articulación" -su palabra preferida- entre magistrados para frenar los delitos más graves.

¿Lo conseguirá? Está por verse. La Legislatura normalmente elude tomar partido por uno u otro cuando las peleas entre el Gobierno y la Justicia toman color de conflicto institucional.

Eso sí, hoy por hoy, y después de cuatro horas de escuchar los gritos de Pérez en la Casa de Gobierno, nadie puede hacerse el distraído. Menos que menos si el que lo escuchó milita en el oficialismo. "El gobernador tiene que dejarse ayudar, por eso hemos pedido la documentación respaldatoria de sus denuncias y pagará las consecuencias el que lo tenga que pagar", advirtió el diputado justicialista Claudio Díaz.

Queda claro de esa manera que una respuesta política acorde con las denuncias de Pérez no termina en pedidos de informe o declaraciones políticas: laten en el ambiente pedidos de jury para los fiscales o incluso juicios políticos, si las responsabilidades trepan hasta el procurador de la Corte o algún ministro del alto tribunal.

Números. El diagnóstico en Power Point que mostró el gobernador sirvió para graficar el estado de alerta frente a los casos de drogas. Se indicó allí que la Policía incautó en 2013 105 kilos de cocaína, cuatro veces más de lo que había secuestrado en 2000 (28 kilos). En el rubro de la marihuana, la brecha es mucho mayor: la fuerza provincial lleva secuestrados 340 kilos este año, contra solo 22 kilos de 2.000.

En cuanto a los procedimientos contra el narcotráfico, el crecimiento también es exponencial. En lo que va de este año se han realizado 473, 3 menos de los que se ejecutaron en todo 2000. En tanto que el año pasado hubo casi el doble de operativos que hace 14 años en Mendoza.

Algunos opositores, como es el el senador del PRO Gustavo Cairo, señalaron que no pueden dejar de acompañar al gobernador en su cruzada para que la Justicia trabaje a pleno contra el delito, un objetivo que no sólo se lograría con sanciones: está pendiente en la Legislatura la aprobación definitiva de una ley que amplía las obligaciones de los juzgados correccionales y de garantías.

Lo cierto es que las denuncias vienen como anillo al dedo de aquellos sectores políticos como el PRO, que plantean un endurecimiento de la política criminal. Aunque Cairo aprovechó para reprocharle a Pérez su "apoyo a la corporación" cuando algunos legisladores quisieron hacer un proceso para echar a magistrados por el otorgamiento de salidas transitorias a delincuentes que luego reincidieron. "Entre ellos, un ministro de la Corte amigo del gobernador que es abolicionista", chicaneó el legislador, en referencia a Omar Palermo.

Por otro lado, el despliegue de números abrió el camino para algunas críticas opositoras hacia el Ministerio de Seguridad. Por ejemplo, respecto del funcionamiento del 911. Cairo indicó que, en 2013, el 36 por ciento de las llamadas al número de emergencias (1,4 millones en total) no fueron atendidas y encontró allí un elemento que podría abrir otro frente en la enorme discusión en torno a la inseguridad.

Frialdad radical. La reacción del radicalismo, en tanto, fue más bien fría. La presidenta de la comisión Bicameral de Seguridad, Milagros Suárez, sólo habló de falta de coordinación entre el Ejecutivo y la Justicia y evitó con claridad tomar partido por uno u otro. Otro legislador de la UCR, Juan Carlos Jaliff, reconoció que las críticas fueron duras, pero a la vez indicó que el gobernador "tiene los remedios institucionales, que son el jury y el juicio político".

Está claro así que en el radicalismo no tomará la iniciativa, más allá de que coincidan off the record en parte del diagnóstico: "Ni la Corte ni el Procurador conducen, aquí hay 362 poderes judiciales", dijo uno de sus dirigentes en medio de la cruda embestida del gobernador.

El próximo round de esta pelea, que amaga con ser larga, se dará el  jueves, cuando los legisladores se reúnan con el propio procurador Rodoldo González en el marco de la Mesa de Enlace. A ese encuentro, los legisladores llegarán con información, parcial o profunda, sobre cuatro o cinco hechos bien determinados de supuesta inacción judicial ante casos de violencia y droga.

Habrá que observar si ese día hay o no presión política sobre el procurador de la Legislatura. Debe esperarse también, por otro lado, para saber si González brindará alguna respuesta satisfactoria ante las denuncias.

En pocas palabras, todavía todo está por verse.