Enriquecimiento ilícito: la otra causa que jaquea a Boudou
Este viernes, el juez Ariel Lijo decidió procesar a Amado Boudou en el marco del expediente Ciccone. Lo hizo por negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho.
No es la única mala nueva para el vicepresidente: está a punto de sufrir otro dolor de cabeza por parte de los mismos funcionarios judiciales, en esta ocasión en el marco del expediente Nº 1.992/12, caratulado "Boudou, Amado y otros s/enriquecimiento ilícito". Se trata de la causa, por la cual el segundo de Cristina Kirchner ya ha sido imputado a mediados de 2012 y que, según dijo hoy a MDZ el fiscal Jorge Di Lello, terminará en un seguro procesamiento contra el vice.
Lijo no solo investiga a Boudou en esa causa, sino también a sus socios potenciales: Juan Carlos López, José María Núñez Carmona, Alejandro Vandenbroele, Agustina Kampfer, Sandra Viviana Rizzo, Fabián Hugo Carosso, Hugo Nicolás Carosso y Pable Pellet Lastra.
Es más: la mayoría supo ser monotributista en el pasado reciente.
Como sea, el hoy presidente en ejercicio se encuentra en serios problemas. Tal es así, que debió reconocer —¿inventar?— un delito para justificar otro menor. Es que, al no poder explicar su propio crecimiento patrimonial, el funcionario aseguró que parte de su fortuna se vio engrosada por la no devolución de $ 180.700 de viáticos provenientes de fondos por viajes oficiales.
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Esa jugada le costó una nueva imputación a Boudou, por haber violado el artículo 261 del Código Penal, que castiga con dos a diez años al “funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo”.
No obstante, esa no es la única acusación en su contra: existe otra denuncia que asegura que el vice también autorizó viáticos de entre 38 y 140 mil pesos a sus custodios del Senado, para viajes que nunca fueron realizados.
El contexto judicial no es el mejor para el vice: el temor que solían ostentar los operadores del kirchnerismo como Dante Dovena —hoy embajador en Uruguay—, Daniel Varizat —condenado hace poco por “lesiones leves”— y Javier Fernández —persistente auditor de la AGN—, se ha desintegrado por completo en los últimos tiempos.
Hace unos meses, la mayoría de los magistrados federales se reunió con referentes del massismo a efectos de pedir una suerte de protección política.
Ello, en el intento de comenzar a mostrar independencia en sus fallos.
No son buenas noticias para Boudou, sobre todo con tantos enemigos dentro y fuera del gobierno. Por lo visto, el destino parece empecinado en borrar su insistente sonrisa de su rostro.

