El SUTE puso límites a la evaluación educativa

La evaluación de los docentes provocó una fuerte polémica que las fuerzas políticas solucionaron a medias en el demorado proyecto de ley que pretende regir el sistema provincial de educación de aquí en mas.

Legisladores del oficialismo y de la oposición reconocieron que no fue posible crear un observatorio para evaluar la calidad educativa. Se planeaba en principio generar un ente autárquico con especialistas que sería independiente de la DGE y del Poder Ejecutivo, similar a organismos como el Departamento General de Irrigación o el Instituto Provincial de la Vivienda. Pero la evaluación externa no pasó el filtro sindical.

Según reconoció la diputada peronista Lorena Saponara, presidenta de la comisión Bicameral de Educación, el SUTE puso reparos a la creación de este organismo y rechazó la creación de un observatorio. La legisladora señaló que debido a la resistencia del SUTE, la idea del observatorio conformado por especialistas ajenos al sistema educativo provincial desapareció de los borradores y en su lugar se creará un consejo que hará esta tarea.

Sin embargo, desde la oposición remarcaron que no se perdió completamente esta pelea, dado que la calidad educativa no dependerá exclusivamente de una “autoevaluación” de los propios docentes y al menos el control se realizará fuera del ámbito de la Dirección General de Escuelas, donde se presume que hay “mucho manejo” por parte del SUTE y se corre el riesgo de que este punto se mezcle con las discusiones paritarias por el salario.

El diputado radical Tadeo García Zalazar resaltó que el proyecto asegura independencia de la DGE para las evaluaciones. El consejo de esta manera formará parte del Poder Ejecutivo, pero la representación gremial en el mismo será "acotada" y tendrá participación el sector académico.

“Pasar de no evaluar nada a la evaluación externa era demasiado, más cuando la línea que baja desde la Nación es de la autoevaluación”, expresó el legislador.

Consejo de evaluación

Aunque la conformación y las tareas específicas quedarán sujetas a la reglamentación de la ley de Educación, el proyecto acordado garantiza la creación de un “Consejo Provincial de la Calidad de la Educación, que cumplirá funciones de asesoramiento especializado y garantizará los alcances de la política de información y evaluación de la calidad educativa”.

Según el artículo 206, el Consejo estará integrado por “representantes de la Dirección General de Escuelas, de la Legislatura Provincial, de las universidades con sede en la provincia, de los institutos superiores de formación docente, de las organizaciones gremiales docentes que cuenten con al menos el quince por ciento (15%) de afiliación del sector y de las organizaciones sociales con reconocida trayectoria en la materia”.

Este organismo deberá “proponer criterios y modalidades de los procesos evaluativos del Sistema Educativo Provincial”, aprobar un plan de evaluación “a corto, mediano y largo plazo” y elevar a la DGE “propuestas y estudios destinados a mejorar la calidad de la educación provincial y la equidad en la asignación de recursos”, entre otras cosas.

Un punto clave para algunos legisladores es que, aunque se resguardará la identidad de los alumnos, docentes e instituciones evaluados, la información generada a partir de la implementación del sistema será pública, según indica el artículo 209 del proyecto. Esa información deberá generar un informe anual a las comisiones legislativas de educación, agrega el 211.

Eso sí, como contraparte, el artículo 210 dice que la DGE “promoverá y asistirá técnicamente la autoevaluación de las unidades educativas”.

Que circule la información de las evaluaciones con fluidez es considerado clave por los impulsores del sistema, dado que hoy, el Ministerio de Educación de la Nación realiza controles de este tipo (a través del Operativo Nacional de Evaluación), pero no hace públicos los datos hasta dos años después.

Unos 3.000 docentes quedan al margen

La nueva ley provincial de educación fue presentada ayer en la Legislatura al final de un largo proceso de deliberaciones, que duró años, y en el que quedó a la vista lo mucho que costó poner en el centro de la escena este tema.

A pesar de las reuniones y consultas, quedaron algunos puntos oscuros. Por ejemplo, la ley no tendrá incumbencia y dejará para otra oportunidad el Servicio Educativo de Origen Social (SEOS), un sistema educativo paralelo que es muy precario.

No es menor el problema: hay 3.000 docentes mendocinos que desempeñan este servicio. Sin embargo, cobran a través de contratos de locación y el acceso a los cargos no proviene de concursos.

En cuanto al sistema educativo en general, uno de los objetivos centrales de la ley será tratar de mejorar el nivel de los recursos. El balance indica que, hoy, el 95 por ciento de los fondos van a parar a salarios y servicios básicos de las escuelas. 

Según la ley, en lo sucesivo, el 50 por ciento de los aumentos de fondos para la educación deberá tener como destino el equipamiento escolar y la parte pedagógica.

En términos porcentuales, la ley coloca la meta de que se invierta en educación dentro de 6 años el 8 por ciento del PBG o, en su lugar, el 35 por ciento del presupuesto anual.

Para lograrlo, cada año habrá que subir alrededor de 1,2 por ciento la inversión educativa respecto de la pauta general. En 2014 se pautó gastar en educación alrededor de 7.500 millones de pesos, lo que equivale a cerca del 28 por ciento del total.