Pérez resigna una ley clave para el crecimiento de la provincia

El gobierno de Francisco Pérez está por ingresar en su recta final y, entre las cosas que no podrá hacer, ya se resignó a que no logrará ejecutar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

El POT es la última etapa de una iniciativa que arrancó hace mucho, en el gobierno de Celso Jaque, con la sanción de la ley de Uso del Suelo (8051). Representa el cumplimiento concreto de la norma aprobada en 2009, que apunta a ordenar el crecimiento urbanístico de toda la provincia y al cuidado de los recursos naturales, entre otras cosas.

Con retrasos, el gobernador entregó el POT el 1 de mayo pasado en la Legislatura. Se trata de un extenso documento que se elaboró en el marco de un órgano multisectorial, denominado Consejo Provincial de Ordenamiento Territorial.

El proyecto fue discutido en una audiencia pública y aterrizó hace varios meses en la comisión de Ambiente del Senado. Pero el Poder Ejecutivo tiene nulas esperanzas de que la propuesta se trate antes de que Pérez deje el poder, debido a que la aprobación requeriría un consenso amplio que no se podrá lograr en un año electoral.

"Será una de las leyes que lamentablemente no vamos a ver, porque éste era el año para que saliera", reconoció al respecto el ministro de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales, Guillermo Elizalde.

Palos a Cornejo

Pasa en casi todos los temas y este no es la excepción: la imposibilidad de ordenar el crecimiento de la provincia para el Gobierno es culpa de la postura opositora del intendente de Godoy Cruz, el radical Alfredo Cornejo.

"Hay un sector de la oposición que se opone a todo. Yo le decía a Alfredo Cornejo que al plan hay que mejorarlo, realizarlo o destrozarlo. Pero no tener un plan de ordenamiento territorial en una provincia que tiene sólo el 5 por ciento del territorio irrigado, donde vive el 95 por ciento de los mendocinos, es un fracaso de una política de Estado", afirmó Elizalde.

"Mientras tanto, el crecimiento se produce en forma desordenada y responde a una sola variable: la rentabilidad económica", lamentó el funcionario, quien precisó que sin el POT que elaboró el Gobierno no hay límites firmes a la urbanización ni es posible cuidar como corresponde los recursos naturales básicos.

Sin embargo, desde el sector del radicalismo que responde a Cornejo se rechazó la acusación de Elizalde y se señaló que el POT no tiene apoyo ni siquiera en el propio oficialismo. 

El diputado Tadeo García Zalazar, uno de los críticos del proyecto oficial, indicó que el Poder Ejecutivo introdujo el proyecto en el Senado justamente para esquivar al cornejismo, que es más fuerte en la Cámara de Diputados, pero de todas maneras el proyecto se estancó.

Además de acusar al PJ por la parálisis de la norma, García Zalazar insistió en que el proyecto tiene muchos errores. El legislador opositor señaló que carece de diagnósticos y parámetros hacia adelante porque el Gobierno no mide Producto Bruto Geográfico (PBG), inflación ni pobreza, entre otros índices necesarios para proyectar.

García Zalazar agregó que en la iniciativa "no hay un plan de desarrollo de agua y cloacas", cuestionó que "no define si la matriz productiva de la provincia es turística, minera, agroindustrial o vitivinícola", y dijo que en el texto no se ofrecen pautas para la sanción de una nueva ley de Loteos o para el crecimiento en los departamentos.

El río Mendoza, sin regulaciones

El POT también recibió críticas ajenas a la política, las cuales se escucharon en la audiencia pública de abril. 

Según la UCR, el proyecto acumuló un rechazo generalizado porque es un "mamarracho". El partido opositor dijo que la propuesta no es aceptada ni por el sector minero ni por el ambientalista, a lo que se suma el rechazo de las universidades. 

Menos aún lo quiere el sector inmobiliario, cuyos intereses podrían verse afectados si se aprueba una ley que limita el desarrollo de los barrios privados en zonas rurales.

Pero es cierto también que el POT no avanzó en la Legislatura porque otra iniciativa se interpuso. Se trata de la minería, que copó la atención del Senado en la segunda mitad del año.

Prestarle atención exclusiva a los proyectos mineros de Malargüe Hierro Indio y Cerro Amarillo no condujo, de todas formas, a ningún éxito. Por el contrario, el oficialismo está terminando el año sin plan de ordenamiento territorial y sin minería.

El problema es que la necesidad de regular el uso del territorio aparece a cada momento. Elizalde señaló al respecto que el POT permitiría elaborar planes sectoriales para zonas importantes. Tal es el caso del río Mendoza, adonde se produce una concurrencia masiva en estos días.

La popular bajada al río Mendoza, en la zona de Blanco Encalada, fue utilizada por unas 10 mil personas este 25 de diciembre. Pero ante este fenómeno multitudinario y creciente no interviene el Estado en ninguna de sus formas: no hay servicios para la gente ni reglas para el cuidado del ambiente en ese lugar.

Elizalde dijo que la situación del río Mendoza es diferente a la de los espejos de agua, donde sí hay una regulación específica. Gracias esta regulación, el ministro suspendió este fin de semana, por falta de un proyecto de impacto ambiental, una megafiesta que se iba a realizar en el perilago del dique Potrerillos.

El cuidado de los ríos, en cambio, merecería un abordaje conjunto de distintas áreas del Estado que no ha aparecido hasta ahora. "El río Mendoza es responsabilidad de Irrigación, del municipio y del Gobierno", reconoció en este sentido Elizalde.