Ahora el PJ quiere negociar fondos para la campaña
La reforma electoral ha encerrado al PJ en su propio laberinto. El gobernador Francisco Pérez envió a la Legislatura hace un mes un decreto (2075) para suspender el financiamiento estatal de campañas. Pero ese decreto no se trató nunca y el oficialismo, en ambas cámaras legislativas, sugiere ahora que habrá una negociación con la oposición que podría contradecir ese mandato.
Peor aún: el financiamiento electoral fue una idea del propio PJ. En la ley 8619 no sólo se fijó la aplicación de las PASO en Mendoza. También se votó, con impulso del oficialismo, un régimen de financiamiento estatal para las campañas que abarcaría, además de los medios electrónicos, la publicidad en la vía pública y en los diarios impresos.
Pérez nunca se quejó de esta ley, pero casi un año después, bloqueó parcialmente la ley 8619. Fue en realidad su reacción política al adelantamiento electoral del radicalismo de la Capital, que fijó las PASO para el 22 de febrero próximo.
La historia no terminó allí porque ahora el oficialismo necesita sancionar el Presupuesto 2015 y la UCR, al margen de otros puntos de disputa, no parece dispuesto a pasar por alto la aplicación plena de la reforma electoral. Esa postura genera temores en el PJ: “Es un aspecto en el que no hay ningún tipo de acuerdo”, reconoció anoche un legislador peronista.
Por otra parte, penden como una amenaza sobre el oficialismo las acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia del PD y la senadora provincial Laura Montero contra el decreto 2075 y en reclamo de la aplicación plena de la ley 8619. Los precedentes para el peronismo en este sentido no son los mejores: hay que recordar que la Corte ya le dijo sí este año a una medida cautelar del radicalismo, cuando se presentó en tribunales para bloquear la reconducción presupuestaria que inventó Pérez debido a que no lograba la sanción del presupuesto 2014.
Radicales endurecidos
En ese contexto han surgido los tanteos del PJ en búsqueda de conseguir un acuerdo con la oposición por el financiamiento electoral. El giro consiste en aceptar que haya una partida de dinero en el Presupuesto 2015 para las campañas de los candidatos, pero con la condición de que se suspenda la aplicación del artículo de la ley 8619 que prohíbe la contratación de publicidad privada.
Esta salida dejaría en un cajón del Senado, para siempre, el decreto de Pérez, contra el que se ha abroquelado la oposición en pleno.
La propuesta ya circula en el Senado, pero los diputados de la UCR se hacen los desentendidos. “No es lo que dice la ley”, disparó ayer el jefe del bloque de diputados del radicalismo, Néstor Parés.
Esta sentencia de Parés no parece dejar mucho margen para la negociación y deja a la vista un endurecimiento del partido opositor. Parés es, además de presidente del bloque, uno de los principales discípulos de Alfredo Cornejo. Y Cornejo fue en definitiva el gran ganador del congreso radical del último sábado, a pesar de que el peronismo apostaba a que la UCR se dividiera en ese encuentro.
El resultado del congreso radical tuvo impacto en la Legislatura, donde desde el martes el PJ empezó a ofrecer posibles concesiones a la UCR en el presupuesto, como lo es la reducción del endeudamiento. Pero no fue la única derivación: los diputados radicales se endurecieron y desconocieron ayer cualquier tipo de negociación con el oficialismo por la pauta. Señalaron, en cambio, que la sanción de las leyes económicas está más frenada que nunca.
Frazada corta
El acuerdo respecto del financiamiento de las campañas tiene un problema adicional, que no es político, sino económico. Pérez colocó en el presupuesto una partida de 40 millones de pesos para la logística de las elecciones 2015. Como la Legislatura no puede crear partidas prespuestarias, el ofrecimiento del PJ es que una parte de ese dinero vaya al financiamiento de campañas.
En ese esquema, según los cálculos del PJ, los dos partidos principales sólo podrían acceder a un monto que equivale a aproximadamente un tercio del valor real de una campaña electoral, que ronda los 30 millones de pesos por agrupación. Eso sí, con el permiso de contratar por su lado publicidad privada, una actividad expresamente prohibida en la reforma electoral que se votó el año pasado.