El PJ está dispuesto a resignar endeudamiento
El PJ abrió una puerta para negociar con el radicalismo el endeudamiento del año próximo y tratar de lograr la sanción del presupuesto 2015, por casi 50 mil millones de pesos, que está trabado en la Cámara de Diputados.
Entre jueves y viernes, el ministro de Hacienda, Juan Gantus, volverá a la Legislatura. La visita es un reclamo de la UCR, que denuncia diferencias entre la presentación que realizó el funcionario a principios de la semana pasada y el articulado de la pauta.
Los justicialistas insisten en que el presupuesto tiene “déficit cero”, pero a la vez ya hablan de la posibilidad de resignar dos artículos donde piden endeudarse. Uno es el 43, que pide autorización para que el Poder Ejecutivo se endeude con el objetivo de “cubrir el incremento de la deuda flotante”, que hoy supera con comodidad los 600 millones de pesos. La UCR cree que ese artículo revela la intención oficial de financiarse con los proveedores del Estado, con quienes tiene importantes demoras. El peronismo, en cambio, habla de una especie de paraguas para evitar demandas de los afectados.
En cualquier caso, el artículo podría desaparecer. El mismo destino podría tener el 67 donde aparece con claridad la “deuda nueva”. Se trata de un pedido para capitalizar el Fondo de la Transformación y Crecimiento por 400 millones de pesos, más 200 millones destinados a Mendoza Fiduciaria y 50 millones para Cuyo Aval. Es decir que, en total, el pedido nuevo asciende a 650 millones de pesos.
Si se quitan estos artículos, en el presupuesto 2015 quedaría todavía el permiso para “hacer uso del crédito por el saldo no utilizado durante el ejercicio 2014” (artículo 44). Ese saldo terminará cerca de los 750 millones de pesos, ya que Hacienda prácticamente ya se resignó a no tomar más deuda en las últimas semanas de 2014.
Además, seguiría existiendo la posibilidad de que el gobernador Francisco Pérez se endeude en 100 millones de dólares para el mejoramiento de Aysam por una vieja autorización de la Legislatura, a lo que se sumaría, según indicó oportunamente la UCR, la posibilidad de tomar créditos blandos con el BID y el BIRF por 890 millones de pesos.
Sesión especial para el lunes
Con la esperanza de que exista un acuerdo político con la UCR, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús, convocó para el lunes a una sesión especial. La idea es tratar y sancionar entonces las tres leyes económicas (Avalúo, Impositiva y Presupuesto), tal como era el plan original del oficialismo.
Habrá que ver si es posible concretarlo. Para que esto se convierta en realidad, los dos partidos principales deberán ponerse de acuerdo primero en el esquema impositivo de 2015, en el que existen también diferencias que se suman a las del presupuesto. En este sentido, Tanús anticipó ayer que hoy irá a la Legislatura del titular de la ATM, Claudio Gil.
Después vendrá la pelea de fondo con el ministro de Hacienda por la deuda. “Vamos a tratar de solucionar todas las diferencias, pero creo que estamos bien”, afirmó Tanús.
Fue optimista el jefe de la Cámara Baja. El paso de cada uno de los ministros por el plenario de comisiones de Hacienda, que terminó ayer, generó más que nada desencuentros entre el PJ y la UCR y denuncias opositoras. La oposición cuestionó casi todas las cifras: endeudamiento, cantidad de empleados públicos, construcción de viviendas y hasta los montos para publicidad de algunos organismos.
En este último aspecto, los oficialistas ofrecieron un gesto el lunes. En medio de fuertes críticas, Tanús propuso una reducción del sorprendente monto para publicidad del Ministerio de Seguridad que se pidió en el presupuesto. La idea fue destinar buena parte de los 29 millones de pesos dirigidos a este rubro a equipamiento policial y dejar en solo 5 millones esa partida.
Financiamiento de campañas: la otra llave
Por otra parte, desde el fin de semana pasado, sugiere el gobierno de Pérez que buscará algún tipo de acuerdo con la oposición por los fondos para las elecciones del año próximo.
Hay que recordar que el gobernador colocó en el presupuesto una partida de 40 millones de pesos para los gastos operativos de las PASO y las generales, pero bloqueó por decreto los párrafos de la reforma electoral que disponen recursos del Estado para el financiamiento de campañas.
La idea de dar marcha atrás es embrionaria, pero está entre las posibilidades, según reconocieron ayer los voceros del oficialismo. Desde ese espacio político surgió además una fuerte crítica a la senadora nacional Laura Montero, quien presentó este martes ante la Suprema Corte de Justicia una acción de inconstitucionalidad para que se cumpla el financiamiento público de las campañas, tal como se estableció en la ley 8619.
Los peronistas consideran que la judicialización de la reforma electoral puede conspirar contra cualquier acuerdo político en la Legislatura y que la legisladora cobista tendría que haber acudido al ámbito de la negociación del presupuesto a hacer sus planteos, antes que a los tribunales.
Lo ocurrido revela que Montero actúa por fuera de la estructura partidaria. También demuestra que el PJ ha acusado el golpe del congreso radical del sábado y reconoce a Alfredo Cornejo (rival de la senadora cobista) como el único líder de la UCR con el que deberá negociar las cosas que le interesan.