Pérez se endeudará hasta el final

Ya se habían producido algunos cruces entre el ministro de Hacienda, Juan Gantus, y los legisladores opositores el martes a la noche en el momento de la presentación de la pauta que Pérez había decorado con frases como “presupuesto equilibrado” y “déficit cero”. Pero todo se complicó más cuando en la mañana del miércoles, se hizo público el texto del presupuesto.

“En este presupuesto meten deuda y meten personal, es decir que rompen todo el acuerdo que hicimos a mediados de año”, advirtió Martín Kerchner, uno de los voceros radicales, en medio de la maratónica ronda de ministros por las comisiones de la Cámara de Diputados que empezó ayer.

De entrada hubo polémica dado que ayer el ministro de Desarrollo Social, Cristian Bassin, destacó en comisiones la necesidad de invertir en personal. “El recurso humano es fundamental”, aseguró el funcionario. Los radicales dijeron por su lado que Bassin admitió que tiene unas 500 personas trabajando en su área sin contrato y que cobran por su labor a través de facturas.

El comienzo no fue bueno y poco puede esperarse del supuesto “acuerdo inédito” por las leyes económicas que había pronosticado el oficialismo la semana pasada.

Deuda

Varios artículos fueron marcando que Pérez efectivamente acudirá al endeudamiento en su último periodo al frente de la gestión, al igual que en sus tres presupuestos anteriores. Con una diferencia: “Van a tomar mucha más deuda que en 2014”, señaló Kerchner, y pasó al detalle.

El artículo 43 pide autorización para que el Poder Ejecutivo se endeude para “cubrir el incremento de la deuda flotante”. Esa deuda aparece en las planillas con un monto de 660 millones de pesos, pero lo que se debe supera ese monto: algunos radicales dicen que podría llegar a los 3.000 millones de pesos. En este sentido, el propio Ministerio de Hacienda ha reconocido informalmente que existe una deuda flotante mayor a la reconocida en los papeles:unos 870 millones de pesos.

En tanto, el siguiente artículo (44) autoriza al Ejecutivo “a hacer uso del crédito por el saldo no utilizado durante el ejercicio 2014”. Este artículo abre el juego a que Pérez tome cerca de 750 millones de pesos de deuda, ya que hasta ahora emitió sólo un bono por 250 millones cuando dos leyes lo habilitaban este año a tomar préstamos por 1.000 millones.

Más adelante, en el artículo 67, aparece con claridad la “deuda nueva” que desde el oficialismo habían prometido no utilizar esta vez. Se trata de un pedido para capitalizar el Fondo de la Transformación y Crecimiento por 400 millones de pesos, más 200 millones destinados a Mendoza Fiduciaria y 50 millones para Cuyo Aval. Es decir que, en total, el pedido nuevo asciende a 650 millones de pesos.

A este paquete se suman, según indicó Kerchner, pedidos para tomar deuda con el BID y el BIRF por 890 millones de pesos que aparecen en el esquema de ahorro e inversión y una vieja autorización (que es tácita porque no tiene vencimiento) que le permitirá a Pérez tomar créditos por 100 millones de dólares (unos 850 millones de pesos) para el mejoramiento de Aysam.

Personal

En el rubro de los empleados también hay cuestionamientos opositores. El Gobierno ha decidido que el año próximo abandonará el congelamiento de ingresos. La pauta especifica en su artículo 7 la creación de cargos en distintas áreas. Se detalla, entre otros aumentos de personal, la incorporación de 600 policías y el pago de unas 7640 horas cátedra más en la DGE.

Los artículos 34 y 35 confirman la posibilidad de aumentar la planta de personal, aunque señalan que esos ingresos deberán contar con “la autorización expresa del gobernador”. Sin embargo, la UCR sostiene que estas condiciones vulneran el acuerdo que se hizo a mediados de este año para sancionar el presupuesto 2014. Oficialismo y oposición, además, todavía están envueltos en una densa discusión sobre la cifra real de empleados públicos que lleva más de un año.

Está a la vista que el clima político no ha mejorado, a pesar de las promesas. Hay desconfianza en la UCR respecto de todos los números del presupuesto. “Han subestimado los recursos y sobre estimado la obra pública”, sostuvo Kerchner. La diferencia entre los fondos y gastos proyectados por el Ejecutivo y los que realmente tendrá asciende, según la UCR, a los 2.000 millones de pesos, y permitirá hacer frente a las paritarias salariales más allá del 10 por ciento de aumento que se colocó en la pauta.

En consecuencia, el arranque de una discusión en la que el Gobierno abiertamente escondió buena parte del aumento del gasto (13 mil millones de pesos en total) es poco promisorio. Tampoco hay buena perspectiva respecto de las leyes de Avalúo e Impositiva, que todavía no se han votado y en las que hay muchas diferencias: la UCR no acepta subir la presión fiscal ni quiere beneficiar con una rebaja de Ingresos Brutos a YPF.

En este sentido, también se empieza a desinflar la expectativa de un acuerdo. “Todavía estamos esperando una respuesta a las propuestas que realizamos”, afirmó Kerchner.