Malargüe quiere dejar sin agua a Alvear

Un increíble movimiento separatista recorrió anoche Malargüe, durante la manifestación en la que la gente salió a quejarse por la decisión de frenar los proyectos mineros de Cerro Amarillo y, especialmente, el de Hierro Indio que se vino abajo el viernes.

Nada de eso pasará, está claro, más allá de la indignación que generó en el departamento sureño la presión generada desde General Alvear para frenar el avance de la minería ante una dirigencia política que demostró esta semana, como en pocas oportunidades, ser tan incapaz como timorata para decidir acerca del destino de la provincia. 

La caída de Hierro Indio no solo volverá a sacar por varios años a Mendoza del mapa de las inversiones mineras, del que ya había salido en 2006 tras la sanción de la ley 7722 y en el que estaba tratando de reinsertarse lentamente. Sino que además podría desencadenar ahora una guerra de pobres contra pobres: el intendente de Malargüe, Juan Agulles, acompañado por legisladores departamentales y por la Cámara de Comercio local, intentarán acotar la llegada de agua a General Alvear proveniente del río Atuel y también del río Salado, como medida de revancha tras la resistencia alvearense que, entienden, los terminó perjudicando. 

El planteo que se analiza es presentarse ante el Departamento General de Irrigación para exigir el cupo que les corresponde para regar unas 30.000 hectáreas malargüinas y utilizar para sí agua que hoy es derivada hacia la producción alvearense. 

"Si Alvear ni se preocupan por nuestro futuro, nosotros no tenemos por qué preocuparnos por el de ellos", fue la síntesis de la guerra que se podría desencadenar ahora entre vecinos. Malargüe ya tiene permiso por ley para utilizar aguas del Atuel y destinarla a mantener el sistema ecológico en la laguna Llancanelo. Por lo que seguramente el pedido de cupo será rechazado por el organismo que conduce José Luis Alvarez. Entonces se plantearon otras peleas: desde boicotear las mejoras en la ruta 188 que apuntaban a la conexión entre ambas comunidades, pasando por bloquear el trasvase del río Grande al Atuel, hasta, los más extremistas, separarse directamente de Mendoza. 

"Hay que pensarlo bien, porque fíjense lo que nos hacen ahora con la minería.Imagínense lo que será esto cuando empiece la explotación de Vaca Muerta", arengó un sesesionista. La crisis desatada es consecuencia de un profundo fracaso de la política, con un gobernador al frente que se esmeró en manejar otra vez la cosa pública con un habitual desconocimiento de las normas administrativas y un estilo más pegado al arrebato y al desborde que la búsqueda de acuerdos y consensos.

Francisco Pérez suele criticar y con razón a Julio Cobos por sus accciones como gobernador. Pero esta vez, en medio de un debate minero, actuó igual o peor que él. La ley 7722, la que cerró la puerta a la megaminería en Mendoza, fue sancionada al ritmo de las protestas en Alvear y en todo el Valle de Uco en épocas en que Cleto ya sabía que se iba a convertir en candidato a vicepresidente. 

"Desactivame ese quilombo", fue la instrucción del entonces presidente Néstor Kirchner al gobernador mendocino en junio de 2006.Y en el aquél momento se actuó en consecuencia. Poco se avanzó en estos ocho años si, por otra protesta sectorial y de menor magnitud incluso, la historia vuelve a repetirse. 

El debate por la minería no puede quedar sujeto a la protesta de seis mil personas (que fueron las que participaron en los cinco cortes de ruta en Alvear) que le marcaron el ritmo a un millón y medio. Ni tampoco lo puede encabezar un gobierno que abre y cierra discusiones de esta magnitud solo porque se lo marcan las encuestas. 

"Se acabó por ahora la minería, estoy solo en esto", fue la queja que se escuchó enboca de Pérez el viernes por la noche, en la cena de la Cámara de la Construcción cuando Hierro Indio ya habia pasado al archivo en la Legislatura. 

No hay probabiidades ahora de que la reactivación de San Jorge, la mina de cobre de Upallata, avance. Ni siquiera que el otro proyecto que el gobierno pretendió sacar adelante, el cobre de Cerro Amarillo, también en Malargüe, vuelva a la Legislatura a pesar de que el ministerio de Energía seguirá trabajando en el expediente. 

El miércoles posiblemente los legisladores malargüinos pedirán que se desarchive Hierro Indio. Pero para una nueva discusión legislativa deberán esperar hasta mayo, cuando se abra un nuevo período ordinario de sesiones. Si está convencido de que el desarollo minero es lo mejor para la provinica, Pérez debería volver a la carga en 2015. Aunque no quedan dudas de que, en plena campaña electoral, nada de eso ocurrirá. La culpa, según el gobernador, fue de los radicales que terminaron votando en ambas cámaras por el rechazo el proyecto. 

Ahora bien. El gobernador se queja de la falta de acompañamiento, ¿pero a quién consultó Pérez cuando en la campaña de 2011 decidió archivar el proyecto San Jorge? ¿Y con quien decidió, de manera sorpresiva, que ahora era el momento de reabrir el debate minero? Hace tres años, con su gurú Mario Riorda. Ahora, con sus encuestadores que le dijeron que había un "cambio de clima social"con respecto a la minería. 

Si había algo que se precisaba instalar a nivel social era la confianza. ¿Cómo iba a recrearla un gobernador que hasta no hace mucho se presentaba como antiminero y en unos pocos meses se convirtió hasta declamar que eran "hipócritas" quienes se oponían? En este contexto iba a resultar muy difícil que los sectores fundamentalitas del medio ambiente, aceptaran sentarse a discutir cualquier tipo de proyecto. 

Los radicales hicieron lo suyo

Los viejos dirigentes sindicales peronistas de principios de la década del 70 acuñaron una frase, a la luz de las movilizaciones de la época. "Es fácil sacar a la gente a la calle, lo difícil es hacerla volver a sus casas". Y algo así les pasó a los radicales en Alvear.

Ellos fueron los que impulsaron las protestas a principios de semana, que luego se desmadraron hasta llegar el vernes a un nivel de tensión inusitado, con la difusión de información distorsionada y con una oscilante posición del intendente departamental, Juan Carlos De Paolo, que primero respaldo al menos la prospeccion en Hierro Indio y después, por el escándalo que se armó en su comunidad, retrocedió. El arrebato dé Pérez que, en lugar de explicar y buscar aclarar las dudas, atacó a los asambleístas en público, terminó por encender la mecha. 

El gobierno se defiende de las críticas y sostiene que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de Hierro Indio estaba "bien hecha" . Pero con eso no alcanzaba. Para que la mineria avance en esta provincia, los expedientes debían haber sido impecables desde el punto de vista adminstrativo. Y estuvieron lejos de serlo. 

Cerro Amarillo se paró porque no se adjuntó un informe obligado acerca de si la mina de cobre afecta o no a los glaciares la zona. Y Hierro Indio terminó requiriendo de varias modificaciones por parte de del Poder Ejecutivo. Resulta inexplicable que si los ministerios que intervinieron en el armado de la DIA sostuvieron que se respetaba bajo todo concepto lo que impone la ley 7722, no se hayan incluídos los informes sectoriales de los departamentos que están involucrados en todo el proceso, en este caso, San Rafael y el conflictivo General Alvear, además de Malargüe como marca la ley. 

También, que se hayan dejado dudas acerca de si el proyecto era de "prospección y exploración" y si se iba o no a utilizar agua del Atuel en esta última etapa. A todas luces está claro que no. Y tampoco duante el hipotético proceso de explotación: allí las rocas se juntan, luego se muelen y después se tratan con un separador magnético para obtener el hierro. Para la exploración, seguramente se utilizarán equipos de perforación hidráulicos. Pero que no necesarimente funcionan con aguas de los ríos.

Pero la DIA no especificó de dónde saldrá el agua para esas máquinas y eso generó más dudas. El martes, antes de la sesión del Senado, todo apuntaba a que el expediente de Hierro Indio regresaba al Ejecutivo para más preciones y nada hacía presagiar lo que sucedió cuatro días después. Así al menos, lo había planteado el bloque de la UCR en sintonía con el FIT y hasta se había conseguido un principio de acuerdo con el oficialismo. Pero el reprentino cambio de voto de la senadora alvearense Wanda Paredes ( de estar a favor a estar en contra) cambió el escenario. 

Ese giro en el aire obligaba a un voto de desempate del vicegobernador Carlos Ciurca, que buscó por todas las formas tener que emitir. El que lo salvó fue el macrista Gustavo Cairo que pasó de la abstención al respaldo y eso le permitió el triunfo al gobierno por un voto. Pérez podría no haber forzado la votación. Aunque lo terminó haciendo y los radicales, que desde un principio respaldaban la iniciativa, se terminaron oponiendo para dejar en off side al gobernador. 

De allí en más fue todo vértigo. De Paolo agitó el fantasma de un posible tratamiento sobre tablas de Hierro Indio en Diputados, cuando el expediente ingresó recién a las dos de la tarde del miércoles.

Y presionado por las protestas que ya se sentían en Alvear, el presidente de la Camara de Diputados, Jorge Tanús, decidió que el cuerpo trate con solo co 48 horas de estudio, un legajo de 500 fojas que el Senado se había tomado 70 días para analizar. Tanús miró su propio ombligo también para tomar esa apresurada decisión, al escuchar el reclamo de su jefe de campaña, Gustavo Majstruk, diputado peronista de Alvear. 

Tras el archivo de la minería, muchos le preguntaban al jefe de Diputados qué iba a hacer ahora con los casquitos de constructor que, de manera tan original, fueron hasta acá el lei motiv de su carrera por la gobernación. Todavia no sabemos la respuesta.