Hierro Indio: las claves del debate final

El martes próximo, el Senado provincial votará finalmente el proyecto minero Hierro Indio, de Malargüe, después de un mes de debate en comisiones que se recalentó en los últimos días. 

Las discusiones despejaron principalmente estos aspectos en favor del proyecto: Hierro Indio no se encuentra comprendida dentro de una zona de glaciares (que están protegidas por ley y vedadas para la minería) y no habría uso de agua ni peligro de contaminación en la etapa que se va a aprobar. 

Sin embargo, la aparición en escena de dos intendentes, con planteos políticos y técnicos respecto de la minería y del proyecto en discusión, generó un suspenso sobre el desenlace de esta historia que se mantendrá hasta el final. 

El justicialista Juan Carlos de Paolo, de General Alvear, fue prácticamente empujado por organizaciones de su departamento a realizar pedidos sobre Hierro Indio. Parecía que iba a ser un obstáculo duro para su aprobación, pero finalmente aflojó el viernes, después de que el oficialismo lo escuchara y comprometiera algunas modificaciones. 

Otra es la cosa con Jorge Difonso, de San Carlos. El coautor de la ley 7722 acudió a la Legislatura a sostener que Hierro Indio no se puede aprobar por sus notorias irregularidades y se mantiene hasta hoy en esa posición, al frente de la barricada antiminera.  

Más allá de los posicionamientos políticos respecto de la minería, estas son las claves no resueltas de la discusión respecto de un emprendimiento que, según se apruebe o no en la Legislatura, puede abrirle la puertas a la actividad en Mendoza o mantenerlas cerradas un buen tiempo más. 

1) ¿Qué trabajos va a hacer la empresa en Malargüe? 

El Poder Ejecutivo ha solicitado la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la prospección y exploración de Hierro Indio. Pero el intendente De Paolo ha reclamado que esa autorización sea más restringida y se limite a la "prospección con toma de muestra manual de la mina Yacimiento Hierro Indio", tal como dice el informe sectorial que dejó esta semana el intendente en la Legislatura. 

La aclaración que pide General Alvear apunta a evitar que la empresa pueda avanzar en trabajos de explotación, que no corresponden a la etapa en discusión y que serán mucho más complejas que la actual. Por eso pide que las actividades de prospección en la zona sean manuales, no mecánicas. 

Un elemento alienta este pedido: el yacimiento Hierro Indio está categorizado por el Poder Ejecutivo como "mina a reactivar". "El propietario solicita expresamente permiso para prospectar, por ende no corresponde otorgar permiso para reactivar una mina y dejar abierta la posibilidad de que se realicen actividades de prospección, exploración o explotación indistintamente", dice el informe sectorial de General Alvear al respecto. 

El permiso conjunto para prospección y exploración generó problemas hasta con los dictámenes del Departamento General de Irrigación, organismo que debió aclarar por nota que sólo ha aceptado la prospección en Hierro Indio. 

2) ¿Se respetó la ley 7722? 

El artículo 5 de la ley 7722 dice que todos los municipios afectados por un proyecto minero podrán emitir dictámenes sectoriales en los procesos de evaluación de impacto ambiental. Esa afectación está marcada por la pertenencia a tal o cual cuenca hídrica. 

En el caso de Hierro Indio, el proyecto se ubica en la cuenca del río Atuel, de la cual es usuario, además de Malargüe, General Alvear. Pero el municipio sureño ha terminado participando en forma tardía, ya que su informe sectorial debería haber sido contemplado durante la elaboración de la DIA en el Ejecutivo y no en la Legislatura, a la cual sólo le corresponde aprobar o rechazar lo que envió el Gobierno. 

En este sentido, el oficialismo dice que los requerimientos de Alvear se pueden sumar porque es factible "incorporar información o aclarar algún aspecto de la DIA, lo que no se puede hacer es rehacerla". El radicalismo piensa, en cambio, que el expediente debe ser devuelto al Poder Ejecutivo para ser reelaborado. 

Hay que decir que si no se pueden hacer modificaciones, los reclamos del intendente De Paolo habrán sido solo simbólicos y no justificarán su respaldo al proyecto. 

Por otro lado, la nota que llevó esta semana a la Legislatura el intendente Difonso sostiene que tampoco hubo dictamen sectorial de San Rafael, que también pertenece a la cuenca del Atuel. Pero en el PJ explicaron que su intendente, Emir Félix, no se quejó ni pidió participación porque la exploración de Hierro Indio no afecta a ningún otro departamento que no sea Malargüe.

De todos modos, sí hubo ediles de la oposición sanrafaelina que hicieron planteos en comisiones.

3)¿Hacía falta una audiencia pública? 

Tanto la nota de Difonso como el dictamen sectorial de General Alvear sugieren que habría sido necesario someter a audiencia pública el estudio de impacto Ambiental de Hierro Indio. 

Difonso dice que se ha violado "toda instancia de participación ciudadana". Por su parte, De Paolo hace el mismo cuestionamiento con un agregado: el expediente debería haber sido de acceso público. 

En la Legislatura impera otro criterio. El oficialismo cree que el proceso de audiencia pública sólo corresponde a la etapa de explotación. "Las leyes 5961 y 7722 dicen que no se produce necesidad de audiencia pública en esta etapa", señaló al respecto el presidente del bloque de senadores del PJ, Fernando Simón. 

4)¿Hay daño ambiental?

El oficialismo se defiende a partir de un dictamen técnico de la UNCuyo en el que se sostiene que la etapa de exploración de Hierro Indio no produce afectación ambiental alguna. 

No obstante, tanto Alvear como San Carlos insisten en pedir precisiones y plantear críticas en ese sentido. "En el Informe de Impacto Ambiental la empresa explicita que no puede determinar el impacto ambiental que este proyecto causará sobre la tierra, el agua (tanto subterránea y superficial), las especies arbóreas y animales, el paisaje, el desarrollo urbano y el estilo de vida de la comunidad", dice la nota que presentó el intendente Difonso, que sugiere que el proyecto puede agravar la "escasez del agua" y advierte que el proyecto podría afectar a puesteros, animales y hasta materiales arqueológicos que se encuentren en la zona. 

El informe sectorial de Alvear dice, por su parte: "Se prohíbe expresamente el uso de agua y si bien existen arroyos secos en el lugar del proyecto, cualquier material, sea inerte o contaminante, debe estar fuera de los cauces de los mismos". 

5) ¿Flojo de papeles? 

A esta altura del debate, hasta el PJ reconoce que el expediente de Hierro Indio llegó con errores formales desde el Poder Ejecutivo que todavía podrían tener impacto en la decisión de los senadores. Esto se debió al apuro del Gobierno por reactivar la minería en setiembre, después de tres años en los que a nadie se le ocurrió abordar este tipo de trámites. 

El error más famoso es destacado por Difonso en su nota: "En el mismo expediente figuran dos razones sociales distintas responsables del proyecto: una Hierro Indio S.A. y otra Fugazzotto o Empresa Fugazzoto. No se encuentra documentación legal pertinente que acredite el traspaso de razones sociales, lo que representa una violación al Código de Procedimiento Administrativo". 

General Alvear, por su parte, se permite reclamarle al Ejecutivo "rigor administrativo" en las siguientes etapas del proyecto, "a fin de evitar confusiones técnicas y con el fin de alcanzar la licencia social o el rechazo fundado".