Más presión del massismo para integrar la IGS
El massismo mendocino redoblará la presión para integrar la Inspección General de Seguridad (IGS), el cuestionado organismo multipartidario que controla a la Policía.
Los massistas locales elevarán hoy una nota al vicegobernador Carlos Ciurca con el nombre del dirigente que proponen para la IGS y reclamarán su designación. Para ello se basarán en la ley 6721, donde se establece cómo se reparten estos cargos.
Según esa norma de 1999, la IGS puede tener hasta cuatro directores, que son reflejo de las distintas fuerzas políticas con representantes en la Legislatura. El oficialismo designa al presidente, mientras que la primera y segunda minoría tienen un vocal cada uno. Para el caso que una cuarta fuerza consiga "al menos dos bancas en alguna de las cámaras legislativas", se habilita el cuarto cargo de vocal.
Por eso la IGS actual tiene cuatro directores, a pesar de que al menos uno de los abogados que ocupan estos puestos se encuentra sostenido por un acuerdo político, no por la ley. Se trata de Norberto Parma, representante en la IGS del partido Unidad Popular. El partido de Guillermo Amstutz tiene un solo senador, pero a pesar de ello, cuenta con un vocal en la oficina que controla a la Policía.
Unidad Popular tenía tres representantes legislativos hasta abril, pero a partir del 1 de mayo, se quedó con uno solo. Así y todo, el director por este partido en la IGS se quedó en su puesto, probablemente como premio político a Amstutz, que volvió a unirse al PJ.
En virtud de esta situación, Gustavo Valls, uno de los legisladores del Frente Renovador, advirtió que reclamará el cargo para su partido. Los legisladores massistas son tres, ya que además de Valls, hay dos diputados: Daniel Cassia y Evangelina Godoy, quien dejó hace poco el justicialismo para mudarse al partido de Massa.
El FR ya envió hace dos semanas una nota al vicegobernador que "no tuvo respuesta" y ahora avanzarán con la propuesta de su representante. La ley 6721 dice en este sentido que los directores vocales son designados por el Poder Ejecutivo a propuesta de los partidos políticos.
Representación
"Tenemos más representación en la Legislatura que el PD y Unidad Popular", lanzó Valls para justificar su pedido de un puesto en la IGS.
El referente del PD es Diego Arenas, partido que tras las últimas elecciones se quedó con sólo dos bancas en la Legislatura.
Hay quienes sostienen que la representatividad del PD se eleva a tres bancas, dado que los demócratas tienen una alianza con el PRO, que cuenta con un senador (Gustavo Cairo). Pero algunos ponen en duda que esto sea cierto por la delicada situación política interna del PD, donde uno de los diputados, Jesús Riesco, reniega de su unión con el macrismo.
Los demócratas de todos modos no ven amenazada su presencia en el órgano de control policial, donde han estado desde su creación. Arenas puede quedarse tranquilo dado que un partido que duplica la representación parlamentaria del PD declinó formar parte de la IGS y dejó un espacio vacío. Se trata del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), que tiene cuatro legisladores.
El director que sí tambalea es Parma, ya que del propio oficialismo reconocieron ayer que no hay argumentos para evitar que alguien del Frente Renovador lo sustituya.
¿Sumarios?
La abogada justicialista Mariana Herrero es la presidenta de la IGS, mientras que la UCR cambió la semana pasada a su representante.
El elegido fue Mariano Puerta, ex director del penal de Almafuerte. El letrado remplazó a un peso pesado: el ex ministro de Seguridad, Leopoldo Orquín. Orquín estaba por irse hace tiempo y terminó de decidirse después de la fuerte polémica que generó el caso Ontiveros, el policía que asesinó a tiros a su suegra y a un sobrino.
Ese caso empañó a la IGS ya que el organismo estaba en conocimiento de las amenazas de muerte de Ontiveros contra su esposa, pero no hizo nada. Orquín prometió sumariar empleados por la inoperancia de la IGS, pero hay que ver qué destino tendrá esta promesa tras la ida del vocal radical.