Rosendo Fraga desaconseja la "mano dura"
El crimen del médico traumatólogo Sebastián Prado volvió a reflotar el tema de la seguridad y esta vez el debate empieza a circular en torno a una solución a largo plazo, que en sí mismo es un debate: la necesidad de ejecutar una política de estado en el tema, como desde hace mucho tiempo y con buenos resultados lo viene haciendo Colombia y Chile.
El debate de la política de estado, que implica resultados a largo plazo, hace imposible una respuesta inmediata al mayor de los reclamos de los mendocinos y argentinos, que en definitiva es vivir más tranquilos y no ser sorprendidos por un delincuente de un momento a otro: por ello es que la mayoría –a la hora de elegir una opción- prefiere la mano dura policial, no sólo porque se imagina que así se arregla el problema más rápido, sino también porque muchos desconfían en que la clase política de Mendoza y Argentina alguna vez puedan acordar en algo tan complejo y necesario de sostener con el tiempo, como lo es una política integral de seguridad.
MDZ consultó sobre el tema al analista político, abogado, periodista e historiador Rosendo Fraga, que en Argentina es la voz más reconocida en temas de politica y fuerzas armadas: para él es insostenible una política de mano dura a largo plazo.
“Más personal policial o de seguridad en la calle sólo produce un efecto disuasorio de corto plazo sobre el delito, que al poco tiempo se corre o desliza hacia los lugares o regiones, donde no hay tanta presencia de agentes estatales. Además, es imposible una política de saturación policial en la calle permanente durante un lapso largo al mismo tiempo”.
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También cree que la reacción del Gobierno nacional al reclamo de inseguridad, que fue poner más gendarmes en el conurbano bonaerense, no es algo nuevo: se trata de una política recurrente en época de elecciones “para dar sensación de seguridad” y que la misma se acaba tras los comicios:
“En la mayoría de las elecciones argentinas del último cuarto de siglo, el gobierno de turno -como ahora- despliega el máximo de personal que puede en la calle para dar sensación de seguridad, el que se repliega después de las elecciones”.
Por qué la inseguridad no se resuelve en Mendoza y Argentina
El director del Centro Estudios Unión para la Nueva Mayoría -que investiga la realidad socio política de Argentina y América Latina- tiene una respuesta a la gran duda de los argentinos: por qué no salimos del corralito de la inseguridad. Es porque, ante una falta de política integral en el tema, las acciones siempre terminan siendo incompletas:
“La inseguridad responde a cuatro variables: a) aumenta a medida que crece la dimensión de los centros urbanos (es mucho más fácil controlar la seguridad en un pueblo de 10.000 habitantes que hacerlo en urbes de varios millones); b) la inseguridad crece a medida que se incrementa el tráfico y el consumo de drogas y éstos multiplican el delito y la violencia con la que se lleva adelante; c) a mayor pobreza, mayor delito, siempre que ello se dé en el ámbito de una gran urbe y no en una localidad mediana o pequeña; d) por último, cuando menor es la eficacia del estado para combatirla, más se incrementa”.
A partir de las cuatro variables de este diagnóstico, la manera de llevar a cabo las acciones para empezar a abrir el corralito de inseguridad es actuar “simultánea y coordinadamente con reformas eficaces en los siete ejes que integran el sistema estatal de seguridad pública”, que según el analista político son:
a) Legislación penal, que debe permitir el tratamiento eficaz del delito
b) La legislación procesal penal, que es decisiva para la velocidad de los procesos y su eficacia
c) El sistema penal y su capacidad para reeducar y reinsertar el delincuente, dado que la mayor parte de los delitos graves son cometidos por reincidentes
d) En un país extenso y federal como es la Argentina, la coordinación eficaz de las distintas fuerzas policiales y de seguridad y su colaboración con las empresas de seguridad privadas, que en algunos casos superan en personal a las policías
e) La coordinación de los servicios de inteligencia del estado para mejorar la capacidad de prevención y represión del delito
f) La cooperación de los civiles con el sistema de seguridad (información, denuncias, testigos, etc.)
g) En casos excepcionales, la participación de las Fuerzas Armadas, que podría ser un séptimo eje.
Según advierte Rosendo Fraga, lo que hoy se ve en la Argentina es que, sin reconocer el rol de las variables, “parece trabajarse sobre uno sólo de los siete ejes que integran el sistema estatal: la presencia policial”.
En este sentido recordó que “es imposible una política de saturación policial en la calle permanente durante un lapso largo al mismo tiempo”. Y no sólo eso, suponiendo un escenario con más policías en la calle para disuadir, de nada sirve “sin que se den al mismo tiempo cambios en la legislación penal y procesal, el sistema penitenciario, los sistemas de inteligencia, la participación de los ciudadanos, la cooperación eficaz de la seguridad privada y la participación excepcional de las Fuerzas Armadas cuando sea necesario, adecuando para ello la legislación vigente que lo impide”.
Considera que los buenos resultados obtenidos en materia de seguridad en Colombia y Nueva York es porque “se ha actuado con este tipo de enfoques”.
En esos lugares, además, han asumido que “combatir el delito menor contribuye decisivamente a reducir el delito grave, no sólo porque cambia la actitud de la sociedad ante la norma, sino también porque reduce las condiciones generales que permiten y facilitan los delitos más graves”.
En este sentido, Rosendo Fraga indicó que “se ha comprobado que al reducir las infracciones de tránsito no sólo se reducen los muertos por su causa, sino también los homicidios”.
“Es que, por lo general, el delincuente que comete delitos graves también comete delitos leves”.