Por qué en Chile el crimen es más bajo que en Mendoza
¿Por qué el Gran Santiago tiene menos de la mitad de homicidios que el Gran Mendoza? La respuesta es una sola: porque allí hay una política integral de seguridad, que al igual que en Colombia, abarca lo policial y justicia, pero también la prevención desde la parte social y familiar. Inclusive la disciplina adentro de las escuelas también forma parte de la política de seguridad de Chile, mediante un sistema "integral, justo y claro para toda la unidad educativa, con el fin de regular y promover conductas que impacten en forma positiva en el ambiente escolar".
Según datos oficiales del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, en 2006 la tasa de homicidios en ese país era casi similar a la de hoy en Mendoza: 7,6 asesinatos cada 100 mil habitantes. En 2012 bajó a 2,8 por cada 100 mil. Sin embargo, el ministerio público de ese país maneja otros números, muy distintos: 8 por cada 100 mil en 2006 vs 7,6 por cada 100 mil en 2012. El ministerio público (o fiscalía de Chile) es un órgano que no integra ninguno de los tres poderes del Estado y su labor es investigar los delitos.
En Argentina no hay datos desde 2009, cuando el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Nación dejó frizadas las estadísticas en 5,5 homicidios por cada 100 mil. Esto significa que en Chile -en proporción a sus habitantes- hay menos asesinatos que en Argentina, Estados Unidos, Bolivia, Brasil, Cuba, Rusia, Paraguay y México. ¿Por qué? La respuesta no se limita sólo a las políticas de seguridad, sino que en lo siguiente:
Para empezar, la autoridad policial. Carabineros es una instititución que durante muchos años fue la más respetada en ese pais: en el 2009 tenía el 59,1% de nivel de confianza y hoy, el 40,8%, mucho más que la iglesia católica (24%) y el mismo gobierno (20,4%). Esto se traduce en algo que no se ve en Argentina: el respeto a las fuerzas de seguridad y también (vale aclararlo) a sus Fuerzas Armadas. En cambio cruzando la cordillera predomina desde hace muchos años una cultura que -hay que admitirlo- no valora a la institución policial y militar.
Otro aspecto que parece mínimo pero que en los hechos puede ser un factor que incida para que en ese país el cuadro de los delitos sea menor que en otros de la región es el respeto a las leyes. Y aquí hay un mínimo ejemplo del que han sido testigo cualquier mendocino que anduvo de vacaciones en Viña u otro balneario chileno: cómo cambia el respeto a las leyes de tránsito de un lado y del otro de la cordillera.
Chile es sistemáticamente citado como un caso de éxito dentro de los denominados países emergentes, situación que tiene su lógica. La chilena es la economía con mayor ingreso per cápita de América Latina, calculado tanto en términos nominales (15.410 dólares) como de paridad de poder de compra (18.419 dólares). Es también una de las más libres y competitivas a escala global, siendo integrante de la OCDE. La deuda pública chilena es la mejor calificada de la región y, al mismo tiempo, es el principal receptor y emisor de inversiones de América Latina. Como destaca el portal EsGlobal, desde el punto de vista político, se trata de una democracia estable, con un sistema alejado a de los centralizados personalismos que experimentan algunos de sus vecinos latinoamericanos. Desde la reinstauración de la democracia en 1990 han sido cinco los presidentes que han pasado por el Palacio de la Moneda dando continuidad a un ciclo institucional ordenado.
Y a ésto se le suman más factores, que tienen que ver con un estado que en cierto modo es más organizado en cuestiones puntuales que se traduce en lo que comúnmente se llama políticas de estado. La seguridad es una de ellas y al igual que en Colombia es amplia: abarca desde lo visible, que es la policía y la justicia, hasta lo invisible, que es todo el trabajo social que implica la prevención desde la intervención en familias con situación de riesgo, como también en las pautas del comportamiento adentro de cada aula en las escuelas.
El informe de La eficacia de las políticas públicas de seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe elaborado por el BID elogia las implementadas en Colombia y Chile: de este último, el Plan Chile Seguro 2010-2014, lanzado por Sebastián Piñera. Si bien en las gestiones de Bachelet y Frei ese país también mantuvo índices bajos de homicidios -en comparacion a otras naciones de la región y del mundo-, el cambio de gobierno y de giro ideológico que rige desde el 11 de marzo de 2010 no significó un cambio de política en el tema seguridad. cuyo objetivo siguió siendo reducir el delito y el porcentaje de hogares victimizados.
La política de Estado de seguridad en Chile en los últimos años se concretó en el programa Chile Seguro 2010-2014, que lo lleva a cabo el ministerio del Interior de ese país y sus ejes son prevenir, proteger, sancionar, apoyar y rehabilitar. Cada uno de estos ejes se ejecutaron desde diversos programas. Por ejemplo, el eje prevenir contempla seis programas. Uno de esos tantos fue el programa Cuadrantes, que luego se aplicó con buenos resultados en Colombia.
En líneas generales, aquí está lo que se hizo en los últimos años en ese país. en materia de seguridad:
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Y lo que sigue son los resultados de esas metas realizadas en acciones concretas:
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Un reflejo de estas políticas más la estabilidad económica de ese país de hace mucho tiempo lo refleja el hecho de que mientras en Argentina, los dos mayores problemas son la inseguridad y la inflación, en Chile la delincuencia aparece en tercer lugar, detrás de la educación (el mayor problema que no pudo resolver Sebastián Piñera) y la pobreza, como lo muestra la siguiente imagen:
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Datos para destacar de este cuadro: la corrupción recién aparece en el lugar 10°.
Respecto de la pobreza es bueno destacar que Chile es junto a Costa Rica una de las dos naciones latinoamericanas con una porción de la población por debajo de la línea de pobreza inferior al 20%. Este porcentaje se ha reducido sistemáticamente en el país desde mediados de los 80. En 1987 era del 45%, en 2009 de 15% y en 2013 del 11%. En la actualidad, la indigencia es de solo 2,8%.
Sin embargo no es así con la educación, ya que el actual sistema educativo chileno fue heredado del gobierno de facto de Augusto Pinochet y, desde entonces, no ha experimentado modificaciones estructurales. Los reclamos se orientan, en líneas generales, hacia la ampliación de la puerta de entrada al sistema, solicitando más posibilidades a los jóvenes que desean ingresar. Se demanda una mayor participación del sector público y un incremento de la asistencia financiera estatal para garantizar la igualdad de oportunidades educativas.
Volviendo al tema seguridad existen campañas informativas desde las mismas páginas web gubernamentales, con consejos prácticos aplicables en todos lados, como el siguiente:
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Más allá de que se respeten las leyes, a las instituciones policiales y militares y a todo lo que ha llevado a sostener un equilibrio cuyo reflejo es el nivel de seguridad, cada país es un mundo distinto y en este caso Chile, además del conflicto educativo y de los mapuches, la distribución de la riqueza es una asignatura pendiente y para nada fácil de resolver, y que posiblemente también incida en lo que tiene que ver con el delito.
El 1% más rico recibe el 30% del ingreso nacional, el PIB per cápita de ese 1% es 40 veces superior al del 81% de la población total y el 5% más rico percibe un ingreso 830 veces superior al del 5% más pobre. En la óptica de distintos analistas, la desigualdad económica de hoy es fruto de desigualdades de oportunidades del pasado.
Más allá de estas apreciaciones -que apenas sirven de punto de inicio para un análisis de un asunto complejo como el contexto social de un país para entender un plan de seguridad-, lo importante es que con una política de Estado traducida en acciones concretas hechas para el largo plazo, el delito puede disminuir. Pero eso exige, entre otras cosas, un inteligente uso de los recusos financieros del Estado para que se puedan destinar los fondos que merecen estos programas. En Mendoza y sobre todo, en las economías provinciales, hay un problema crónico: el dinero previsto para las inversiones termina reduciéndose a sueldos, por ajustes que se hacen por inflación o por nombramiento excesivo de personal. Por más buenas intenciones que existan, para esto también hace falta plata, es decir, un margen del Presupuesto que permita llevarlo siempre.
Bonus track para ver detalle y descargar: Programa Chile Seguro y Plan Cuadrantes