El contrato que cambió para que nada cambie
Pasaron 18 meses desde que el contrato entre el Instituto de Juegos y Casinos y la empresa Mendoza Central Entretenimiento, del grupo Vila-Manzano, comenzó a sufrir cuestionamientos legales, éticos, y contables. Aquel contrato que dejaron Celso Jaque y el ex titular del Instituto Daniel Pereyra junto con el directorio de entonces y los funcionarios del casino, fue un verdadero “presente griego” para las actuales autoridades, al punto que en poco más de un año, la pulseada política “del contrato” se devoró a la primera presidenta del Instituto colocada por la gestión de Francisco “Paco” Pérez.
Un estudio realizado por economistas para la UCR indica que en forma nominal, la aplicación del contrato calculada desde abril del 2011 –cuando aún era gobernador Jaque y el canon era del 26 %- hasta abril de este año y con el canon progresivo desde 2012, el Instituto vio incrementados sus beneficios un 38 %. En el mismo período la empresa Mendoza Central Entretenimiento engrosó sus arcas por las máquinas de la casa central en un 159 %. Como ejercicio, los economistas aplicaron a las cifras jugadas de manera nominal el Indice de Precios al Consumidor de la provincia de Santa Fe. El resultado es que en dos años el casino perdió un -0,23 % y MCE ganó el 87,7 %.
El juego es de “suma cero”. Los que uno gana es siempre lo que otros pierden.
Revisando los números más finos: El Instituto Provincial de Juegos y Casinos tuvo beneficios por tragamonedas en el 2011, por 45.051.227 pesos y en el 2012, por 47.420.816 pesos. Si comparamos 2011 con 2012 podemos concluir que en términos nominales el Casino ganó con el cambio de contrato sólo el 5,26%. Mientras, MCE tuvo beneficios por tragamonedas en el 2011 por la suma de 16.541.738 pesos y en el 2012 casi el doble, 31.063.414 pesos. Si comparamos 2011 con 2012 podemos concluir que en términos nominales, MCE ganó con el cambio de contrato el 87,89%. Aplicando la inflación el número desmejora para todos. El casino habrá perdido el 12,8% de ganancias y la empresa habrá ganado el 55,66 % más. Las pérdidas serán mayores si se tiene en cuenta que en 2012 hubo más máquinas en juego. La comparación no es con la misma base.
De estos cálculos de la oposición, que fueron negados en su exactitud por el Instituto, aunque nunca mostró al público los propios mientras se mantiene casi secreta la nueva ecuación económica, surgen preguntas adicionales. El Instituto tenía dos caminos: dejar que el contrato cayese por la cláusula declarada nula por Fiscalía de Estado y llamar a una nueva licitación, o hacer una renegociación. Entonces... ¿Por qué una cosa y no otra? ¿Quiénes son los más de 20 abogados que según Bianchinelli dictaminaron prácticamente mejorar el contrato cuestionado a favor de la empresa, en lugar de litigar en favor de la provincia? ¿Cómo se sabe, quién dictaminó que un probable juicio podría salir mucho más caro que esta renegociación, para el Estado? Si MCE nunca demostró ruptura de la ecuación económica… ¿Por qué se le aumenta el canon? Si la prórroga fue el elemento que Fiscalía declaró nulo, entonces ¿en qué se encuadra este nuevo adicional si no hay una nueva licitación?
El nudo central de la relación entre la empresa Mendoza Central Entretenimiento y el casino nunca fue dilucidado por ningún organismo de control. Y esto es, el reparto justo y equilibrado de las ganancias entre el casino y el concesionario. Como dijimos hace mucho, nadie dice que no ganen dinero. Pero que sea lo justo. Sin embargo, en este trayecto resulta increíble lo que ocurrió. La fiscalía en primera instancia con Joaquín de Rosas aún a cargo, pasó de largo y firmó todo a manos llenas. De Rosas, recordemos, fue suspendido por favorecer a una empresa de Vila. En segunda instancia, la Fiscalía ya con Javier Fernández subrogando al titular, pidió un dictamen del Tribunal de Cuentas y ninguno de los dos organismos se expidió sobre el fondo de la cuestión. La fiscalía objetó la “prórroga automática” y la declaró nula, y el TdC sólo objetó que el contrato entre el casino y MCE firmado antes por Daniel Pereyra se había hecho sin licitación. ¿No podría la Fiscalía haber contratado peritos, incluso extranjeros expertos en juego, o haber convocado a medio centenar de contadores de los que hay en el Estado para estudiar el contrato a fondo y hacer un dictamen, así como hacen con temas que no son de su conocimiento directo? En el Estado hay contadores y abogados de sobra.
Todos hicieron “como que se hacía” mientras nada se hacía. Y la Comisión de Juegos del Senado terminó emitiendo un dictamen que parecía durísimo pero que al final se insinuó acordado entre todos. Es impensable que las vías sugeridas por la comisión fuesen aceptadas por el Instituto y Vila en menos de 24 horas, aunque es cierto que han estado negociando y en la comisión estaban al tanto de lo que Bianchinelli trataba de hacer. Pero hay un punto que el Instituto aún no cumple del dictamen de la comisión: los legisladores se han hecho de la información reuniendo retazos aquí y allá. No tienen aún el dictamen del síndico respecto de los números finales, ni la ecuación económica. Será muy complejo analizar todo antes de su reunión del lunes al mediodía, cuando el martes debe girarse el contrato ampliado a la Suprema Corte de Justicia para la homologación del acuerdo.
El director del casino por la UCR, Miguel Bondino, ya adelantó que no votará este contrato el martes, cuando se reúna el directorio. Es decir, el instrumento será acompañado por Bianchinelli y el otro integrante del directorio, Federico Domínguez. ATE amenaza con denuncias penales y hay legisladores que reclaman revisiones y controles. Bianchinelli ha prometido que el acta complementaria que le brinda condiciones muy ventajosas al concesionario, estará a disposición de todos los organismos de control y de la propia Suprema Corte de Justicia. Así es que habrá más debate aunque en esta renegociación terminó ganando la pulseada el concesionario por lo menos por nocaut técnico. Habrá que ver ahora cómo termina la historia luego de las revisiones finales.
El juego oficial es un entretenimiento pero también es un vicio. Es una generosa boca de ganancia para el Estado y para empresas concesionarias, pero a costa de la salud mental de muchas personas que buscan en una máquina tragamonedas o en la ruleta la salvación que no les puede llegar con el trabajo o con su negocio. Eso provoca adicción y no hay intentos serios en Mendoza de luchar contra la ludopatía. Lo que hay es más casino, más juego, más tragamonedas, y más gente enferma. En Mendoza hay 17 sedes del casino provincial más seis casinos privados. Ya tenemos el 20 % de los casinos que hay en Las Vegas Las Vegas, según un informe publicado en este diario en setiembre del año pasado. Los expertos en juego dicen que entre mendocinos y turistas se juegan cerca de 1.000 millones de pesos al año en las máquinas. ¿Cuánta gente de condición media, media baja, o aún humilde deja en el juego el resultado de su trabajo o de los negocios? Es un lugar común, pero duele ver las bicicletas de los peones rurales aparcadas en las sedes del casino en el interior provincial. Los casinos deberían tener en su puerta de ingreso y en las salas de juego carteles indicativos: “Jugar es perjudicial para la salud”. No hay contrato ni ganancias que justifiquen lo contrario.