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Analizan proyectos sobre violencia familiar y trata
Fue en el marco del plenario de comisiones reunidas para tratar el proyecto del FPV, al que fueron invitados diversos especialistas en el tema.
Las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, presidida por Pedro Gustavino, de Trabajo y Previsión Social, presidida por Ana Corradi, la Banca de la Mujer, presidida por Marina Riofrío, y Presupuesto y Hacienda, presidida por Aníbal Fernández, se reunieron para tratar el proyecto contra la violencia familiar y clientes de víctimas de trata.
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La iniciativa, que se debatió durante cinco horas en un Salón Eva Perón de la Cámara de Senadores y que busca modificar las leyes de violencia familiar y trata de personas, analiza la protección, sanción, y erradicación de la violencia en el círculo íntimo y el abuso de poder en el ámbito del grupo familiar, y la penalización del cliente de la trata, fue presentada por los senadores Aníbal Fernández y Elena Corregido del Frente para la Victoria.
Los senadores de los distintos partidos políticos manifestaron su conformidad y propusieron algunas modificaciones a la iniciativa, que no tuvo un dictamen definitivo y volverá a tratarse el próximo martes a las 14 en una reunión de asesores para unificar conceptos.
La doctora Eva Giberti, psicóloga, fue la encargada de presentar el proyecto y aseguró que, desde 2006, son 18.127 las víctimas de violencia familiar en la Ciudad de Buenos Aires, y que algunos de los puntos importantes que agrega la ley son la responsabilidad de los familiares de la víctima, la garantía de los derechos de los niños, la violencia sexual como parte del abuso en el seno familiar y el tratamiento psicológico obligatorio para los agresores.
Giberti explicó que “es importante contemplar la obligación de los familiares de la víctima de denunciar los hechos cuando suceden” y que “se debe garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser oídos, porque las estadísticas en la Ciudad de Buenos Aires demuestran que su presencia frente a los adultos recibiendo violencia familiar es altísima”.
Además, la ley “marca la condición vulnerable de los chicos, que son incluidos en el ámbito de los desvalidos, que es aquella persona que no cuenta con recursos y que ni sabe que existen. Eso se ha incorporado en la ley”, manifestó la psicóloga.
Giberti agregó que “esta ley va a indicar el tratamiento psicológico que corresponde para los agresores, orientada a la búsqueda de responsabilidad del agresor, que en general no se reconoce como tal”.
Por su parte, otro de los invitados, el juez Héctor Raffo, declaró que “el agresor debe poder subjetivizar sus actos y responsabilizarse por los mismos, por eso creemos que es importante la inclusión del agresor”.
Raffo cargó contra el Estado al asegurar que “durante mucho tiempo hubo ausencia del Estado, que debe volver a entrar en este tema. La cuestión familiar no es intima de cuatro paredes, es una cuestión social, por lo que debe haber una correlativa respuesta de los poderes del Estado”.
El juez Carlos Rozanski, también participante de este plenario, expresó que “es una vergüenza, con la trayectoria que tiene la argentina en derechos humanos, que un juez diga que no es su jurisdicción cuando tienen una víctima de violencia familiar o de género”, y denunció que “fundamentalmente en lo que tiene que ver con la violencia de género, desde lo teórico no se tiene ninguna dificultad y desde lo práctico se encuentran montones de dificultades para aplicar una norma básica como es la constitución nacional”.
Rozanski fue muy duro con sus colegas al advertir que “los primeros que no aplican la norma son los jueces, que no ven la vulnerabilidad de la víctima. Cuando un juez va a decidir, si no conoce el nivel de vulnerabilidad y no tiene la mínima empatía con quien pide ayuda, nunca va a poder dictar una sentencia adecuada. Eso es lo que busca cambiar esta ley”.
Con respecto al segundo proyecto, que debate la trata de personas, aclaró la importancia de incluir la responsabilidad de los clientes de la trata de personas “porque si no hubiera clientes la trata no sería un negocio. No pueden quedar afuera de la sanción los clientes, porque sin clientes no hay trata y sin sanción de clientes no puede avanzarse. La ley debe tomarlo como un delincuente y debe tratarlo como tal”.
Giberti declaró que “los organismos internacionales denuncian la trata y la ponen como parte del crimen organizado, pero cuando hay que tratarlo, se niegan a incluir al cliente como parte. Todos esos convenios son firmados por varones, por lo que se entiende que no quieran usar la palabra “cliente”, porque el 99,9% de los clientes son varones y porque significa que alguien va a pagar por el consumo de algo. Pero estas son víctimas esclavas y lo que hacen con su cuerpo no es una clase de trabajo. Esto es un delito y el cliente es un cómplice del tratante”.
El senador nacional Aníbal Fernández certificó que no tiene “ningún problema con plantear el aumento de la pena, pero la realidad es que el impacto más fuerte no es el aumento de la pena sino el impacto de su desarrollo social, porque tiene esposa, hijas, familia, trabajo, barrio, etcétera, que se van a enterar que forma parte de la red de trata”.
El juez Carlos Rozanski aclaró algunos puntos, como la manera de proceder de los magistrados ante la retracción o no rectificación de la denuncia por parte de la víctima, y dijo que “cuando el juez investigó que puede haber presiones (sobre la víctima) para que se retracte, puede desestimarse o no pedirse la rectificación”.
Otra de las cuestiones explicados por Rozanski fue el del papel de la policía al momento de actuar en una emergencia sin necesitar una orden judicial para ello. “La policía no debería pedir un permiso para actuar en la protección de las personas, porque eso solamente agrega pasos burocráticos. Ningún policía debe vacilar a la hora de un pedido de auxilio ni debe pedir en esa situación de riesgo una orden judicial de allanamiento”.
La senadora nacional mendocina de la UCR Laura Montero manifestó la importancia de que, tanto la visión de la víctima como la subjetividad del agresor, sean interpretadas, pero “las cuestiones de procedimiento judicial es muy importantes aclararlas, porque se está agregando un componente muy importante sobre el que los jueces no están preparados y pueden necesitar algún tipo de apoyo”.
Sandra Giménez, senadora nacional de Misiones por el Frente para la Victoria, declaró que son “la provincia con mayor número de mujeres tratadas de la República Argentina. Eso nos da un poquito de autoridad para contar cuáles son nuestras experiencias en el tema, no sólo en el tema de la asistencia a las víctimas de trata”.
Este debate se da a partir del pedido de unificación de los dos proyectos en uno y de la modificación de aspectos esenciales tanto en la cuestión de violencia familiar y abuso sexual como en la trata de personas, como lo son la responsabilidad de los familiares de la víctima, la garantía de los derechos de los niños y la necesidad de que se los escuche a la hora de una denuncia de este tipo, la violencia sexual como parte del abuso en el seno familiar y el tratamiento psicológico obligatorio para los agresores.
Además, la ley “marca la condición vulnerable de los chicos, que son incluidos en el ámbito de los desvalidos, que es aquella persona que no cuenta con recursos y que ni sabe que existen. Eso se ha incorporado en la ley”, manifestó la psicóloga.
Giberti agregó que “esta ley va a indicar el tratamiento psicológico que corresponde para los agresores, orientada a la búsqueda de responsabilidad del agresor, que en general no se reconoce como tal”.
Por su parte, otro de los invitados, el juez Héctor Raffo, declaró que “el agresor debe poder subjetivizar sus actos y responsabilizarse por los mismos, por eso creemos que es importante la inclusión del agresor”.
Raffo cargó contra el Estado al asegurar que “durante mucho tiempo hubo ausencia del Estado, que debe volver a entrar en este tema. La cuestión familiar no es intima de cuatro paredes, es una cuestión social, por lo que debe haber una correlativa respuesta de los poderes del Estado”.
El juez Carlos Rozanski, también participante de este plenario, expresó que “es una vergüenza, con la trayectoria que tiene la argentina en derechos humanos, que un juez diga que no es su jurisdicción cuando tienen una víctima de violencia familiar o de género”, y denunció que “fundamentalmente en lo que tiene que ver con la violencia de género, desde lo teórico no se tiene ninguna dificultad y desde lo práctico se encuentran montones de dificultades para aplicar una norma básica como es la constitución nacional”.
Rozanski fue muy duro con sus colegas al advertir que “los primeros que no aplican la norma son los jueces, que no ven la vulnerabilidad de la víctima. Cuando un juez va a decidir, si no conoce el nivel de vulnerabilidad y no tiene la mínima empatía con quien pide ayuda, nunca va a poder dictar una sentencia adecuada. Eso es lo que busca cambiar esta ley”.
Con respecto al segundo proyecto, que debate la trata de personas, aclaró la importancia de incluir la responsabilidad de los clientes de la trata de personas “porque si no hubiera clientes la trata no sería un negocio. No pueden quedar afuera de la sanción los clientes, porque sin clientes no hay trata y sin sanción de clientes no puede avanzarse. La ley debe tomarlo como un delincuente y debe tratarlo como tal”.
Giberti declaró que “los organismos internacionales denuncian la trata y la ponen como parte del crimen organizado, pero cuando hay que tratarlo, se niegan a incluir al cliente como parte. Todos esos convenios son firmados por varones, por lo que se entiende que no quieran usar la palabra “cliente”, porque el 99,9% de los clientes son varones y porque significa que alguien va a pagar por el consumo de algo. Pero estas son víctimas esclavas y lo que hacen con su cuerpo no es una clase de trabajo. Esto es un delito y el cliente es un cómplice del tratante”.
El senador nacional Aníbal Fernández certificó que no tiene “ningún problema con plantear el aumento de la pena, pero la realidad es que el impacto más fuerte no es el aumento de la pena sino el impacto de su desarrollo social, porque tiene esposa, hijas, familia, trabajo, barrio, etcétera, que se van a enterar que forma parte de la red de trata”.
El juez Carlos Rozanski aclaró algunos puntos, como la manera de proceder de los magistrados ante la retracción o no rectificación de la denuncia por parte de la víctima, y dijo que “cuando el juez investigó que puede haber presiones (sobre la víctima) para que se retracte, puede desestimarse o no pedirse la rectificación”.
Otra de las cuestiones explicados por Rozanski fue el del papel de la policía al momento de actuar en una emergencia sin necesitar una orden judicial para ello. “La policía no debería pedir un permiso para actuar en la protección de las personas, porque eso solamente agrega pasos burocráticos. Ningún policía debe vacilar a la hora de un pedido de auxilio ni debe pedir en esa situación de riesgo una orden judicial de allanamiento”.
La senadora nacional mendocina de la UCR Laura Montero manifestó la importancia de que, tanto la visión de la víctima como la subjetividad del agresor, sean interpretadas, pero “las cuestiones de procedimiento judicial es muy importantes aclararlas, porque se está agregando un componente muy importante sobre el que los jueces no están preparados y pueden necesitar algún tipo de apoyo”.
Sandra Giménez, senadora nacional de Misiones por el Frente para la Victoria, declaró que son “la provincia con mayor número de mujeres tratadas de la República Argentina. Eso nos da un poquito de autoridad para contar cuáles son nuestras experiencias en el tema, no sólo en el tema de la asistencia a las víctimas de trata”.
Este debate se da a partir del pedido de unificación de los dos proyectos en uno y de la modificación de aspectos esenciales tanto en la cuestión de violencia familiar y abuso sexual como en la trata de personas, como lo son la responsabilidad de los familiares de la víctima, la garantía de los derechos de los niños y la necesidad de que se los escuche a la hora de una denuncia de este tipo, la violencia sexual como parte del abuso en el seno familiar y el tratamiento psicológico obligatorio para los agresores.