Estatales locales jaquean a las ART con sus juicios

Un contrato de 180.000.000 de pesos anuales puede sonar tentador para cualquier aseguradora de riesgos de trabajo. Sin embargo hay factores contextuales que obligan a revisar la situación con lupa para evitar que los huevos de oro se conviertan en bolas de plomo para las finanzas de la compañía.

Tal parece ser el caso de Mendoza, donde el gobierno renegocia por estos días la contratación de la cobertura de ART para unos 90.000 trabajadores de Administración Central y entes descentralizados, de los cuales alrededor de 1.500 inician acciones legales contra la ART cada año por diversas causas, según estadísticas reveladas por fuentes del sector que pidieron no ser identificadas.

En septiembre próximo vence el contrato con Prevención ART del grupo Sancor, por lo que el Ejecutivo abrió el jueves pasado una licitación nacional para la adjudicación del servicio. La compañía brindó cobertura desde septiembre de 2009 y ahora debe decidir si presenta un pliego para mantener el contrato.

Tanto Prevención como sus competidoras miran con cautela el escenario antes de presentar sus pliegos ya que el nivel de judicalización por accidentes y enfermedades es “alarmantes” según lo revelaron fuentes del sector.

El subsecretario Legal y Técnico de la Provincia, Gustavo Tobares, admite que la litigiosidad preocupa, pero que ha declinado en los últimos cuatro años.

“Cuando nosotros iniciamos la gestión nos encontramos con un planteo de la ART, que pedía un aumento de la cuota a partir de informes de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo que reportaban un aumento sostenido de la litigiosidad por accidentes del trabajo elevados a juicio”, comenta Tobares.

Según fuentes extraoficiales, cada año entre 1.500 y 1.600 estatales inicia acciones legales contra la ART, principalmente por enfermedades denominadas en la jerga como “algias” como lumbalgia o cervicalgia, entre otras, y referentes empresarios aseguraron sin titubear que Mendoza “es una de las provincia más judicializadas, junto con Córdoba, la ciudad de Rosario y la Capital Federal”.

Ante este panorama, el Ejecutivo provincial encaró un programa para intentar reducir la cantidad de demandas y profundizar la auditoría de “falsos diagnósticos”, lo que en criollo se traduce como una estafa a las ART.

Una de las medidas más fuertes fue la creación a mediados del año pasado de una oficina que investiga denuncias por accidentes de trabajo que pueden resultar sospechosas.

“Si en un ámbito detectamos un porcentaje desproporcionado de licencias que supera el valor estadístico se hace una auditoría especial y se abre un sumario en caso de detectarse un fraude por parte del trabajador”, explica Tobares y detalla que en la actualidad hay 30 situaciones en análisis.

Por sector estatal, al frente de las denuncias y por clara ventaja se ubican trabajadores de la Dirección General de Escuelas, seguidos por policías y penitenciarios. En el caso de los docentes la mayoría de los casos son por estrés o problemas en cuerdas vocales mientras que en los policías y los custodios de las cárceles las denuncias son por esguinces u otras dolencias generadas por la actividad física que implica su tarea.

Pero más allá de las discusiones éticas, las estafas por falsas dolencias tienen un impacto en las arcas del Estado ya que si bien las ART son las que pagan las indemnizaciones y cobertura médica, un aumento en la litigiosidad implica casi inevitablemente un incremento en el cargo fijo que paga el Estado por el riesgo que genera el empleador.

La nueva ley de ART sancionada en el Conreso en octubre del año pasado intentó poner un cerco a la judicialización de accidentes pero en el paño funciona como un matafuegos de media carga, según fuentes empresarias consultadas.

Por un lado la normativa prohíbe el reclamo por “doble vía”, la cual habilitaba a los trabajadores accidentados o fallecidos a cobrar la indemnización prevista por la ART pero reclamar luego también un resarcimiento mayor a través de la justicia civil.

En este caso los reclamos por daños morales y otros conceptos similares podían oscilar “de los 100.000 a los 200.000 o 1.000.000 de pesos sin parámetro determinado”, explica Tobares.

De todos modos, el viejo refrán del “hecha la ley hecha la trampa” se puso en marcha casi en simultáneo. Ahora en lugar de presentar una acción legal en los juzgados civiles el damnificado o su familia reclaman a la ART por la vía laboral por los puntos de incapacidad determinados, por ejemplo.

“Ahora tenemos casos en los que la comisión médica determina un 10 por ciento pero su abogado reclama a la compañía un 15 por ciento a través de la justicia laboral”, explica en off un ejecutivo de una aseguradora que opera en la provincia.

Planteado el escenario, la revelación sobre si el negocio es rentable o no para las ART y cómo ha evolucionado el nivel de litigiosidad a nivel estatal se conocerá el 8 de agosto próximo, cuando se abran los sobres de la licitación.

“Haremos un análisis para definir la mejor oferta y esperamos tener un nuevo contrato para el 1 de septiembre”, cierra expectante Gustavo Tobares.