Proyectos de la oposición frenó la mayoría K
A 26 días de celebrarse las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), estadísticas parlamentarias oficiales desnudan una lamentable realidad: sólo el 15 por ciento de las leyes sancionadas desde 2007 pertenecen a la oposición, lo que se traduce en muchos casos en iniciativas que corresponden a soluciones pedidas a través del reclamo popular -como impuesto a las ganancias-, como las expresadas el 8 de noviembre de 2012 y el 18 de abril de este año, conocidos como 8N y 18A.
También está el proyecto de ley de acceso a la información pública mediante la creación de plataformas informáticas (8270-D-2012, de la diputada Patricia De Ferrari); la modificación en el impuesto a las ganancias en los conceptos ganancias no imponibles y de cargas de familia (4884-D-2013, del legislador tucumano Luis Sacca), la creación del Defensor del Pueblo adjunto del Paciente (4615-D-2013, del mendocino Enrique Vaquié como firmante), cuya misión es la defensa y protección de los derechos y garantías tutelados en la Constitución Nacional y demás leyes de la Nación que amparen a los pacientes del sistema público de salud de la República Argentina.
Sobre los monotributos figura con el expediente 0976-D-2013 un proyecto de ley para regular la precarización y encubrimiento de relación de dependencia en los monotributistas, que prevé para todo monotributista que se encuentre contratado por un plazo mayor o igual a seis meses contar con Sueldo Anual Complementario proporcional al tiempo trabajado, vacaciones proporcionales al tiempo trabajado, preaviso de 30 días para rescindir el contrato, acceso a un Salario Mínimo Vítal y Móvil y aumento de salario proporcional al 20% a quien acredite mejoramiento profesional o técnico.
El Frente Amplio Progresista, que en las últimas elecciones presidenciales terminó segundo, también cuenta con propuestas cajoneadas, como el 82% móvil para los jubilados del salario mínimo del país (la propuesta consiste en reformular el gasto público y restituir los aportes patronales según el tipo de empresa), la eliminación del impuesto a las ganancias y del IVA sobre la canasta básica (aquí la propuesta consiste en aumentar el aumento del mínimo no imponible y eliminar el IVA en los bienes de primera necesidad) y disponer que la telefonía celular sea un servicio público, mediante un esquema de tarifas “justas” y un sistema que proteja a los usuarios “de los abusos de las empresas”, entre otros.
Entre 2007 y 2013, sólo 82 de los 567 proyectos convertidos en ley por el Congreso surgieron de la oposición, es decir, el 15 por ciento. Y este porcentaje fue empeorando a lo largo del mandato de Cristina Kirchner.
Esto es sólo algunos de los tantos proyectos de ley que con la renovación parlamentaria prevista para fin de año quizás puedan ser debatidos.