Coprosamen: ahora está en la mira la intervención

"Al iniciarse la ronda de preguntas de los legisladores, el diputado radical Víctor Scattareggia  fue quien se extendió en un análisis de lo expuesto y subrayó que varias de las denuncias realizadas no se encuentran en el decreto del gobernador por el cual se ordena la intervención". El párrafo corresponde al informe preparado por el área de prensa de la Cámara de Diputados y quizá esté allí el nudo de la reunión de la Comisión de Econonía de la Cámara baja donde se analizó la crisis de la Coprosamen, la fundación encargada del control sanitario de la producción ganadera y derivados origen animal.

Como se sabe la Coprosamen fue intervenida el 17 de junio pasado a través de un decreto donde se hacía hincapié en la crisis salarial por la que atravesaban los empleados de la entidad a causa de que no cobraran sus haberes. El basamento de esta decisión fue una denuncia del gremio Ampros y que se hizo notar en la reunión legislativa donde asistió el ministro de Agroindustria, Marcelo Barg junto al director de Ganadería, Juan Tejada y el interventor Guido Loza.

El mismo Scattareggia se encargó de resaltar esto, pero marcando una contradicción: Ampros denunció la falta de pago de sueldos porque el Gobierno no le pagaba a la Coprosamen.

Es decir, que el Gobierno decidió intervenir a la fundación por no cumplir con su obligación que, a la vez, se produjo porque el mismo Estado no cumplió con los pagos a la entidad.    

El legislador radical detalló que aún sin el cumplimiento de los pagos por el servicio la Coprosamen durante los primeros cinco meses de 213 no dejó de realizar los controles correspondientes en las barreras fronterizas. Claro que en medio del conflicto laboral  los empleados dejaron de cobrar las tasas de ingreso en señal de protesta y eso generó un perjuicio de 130 millones de pesos, según Barg. 

Otro costado de la descripción del diputado de la UCR que llamó la atención es que los empleados de esta tarea de control están enmarcados en el convenio de los empleados de comercio.

Ese pormenorizado informe en que se convirtió la participación de Scattareggia tuvo un remate muy concreto. El parlamentario que durante la administración radical llegó a ser director de Personas Jurídicas confirmó lo que ya se conocía pero esta vez se vio con la documentación oficial. El 2 de mayo el director Tejada participando de una reunión del Consejo para definir el presidente de la entidad dijo que había dos caminos: o él era elegido presidente de la Coprosamen, o el Gobierno intervenía a la fundación.

Dos fueron las conclusiones del informante radical: la intervención no se justifica y por otro lado, la intervención era una decisión tomada desde hace tiempo, de acuerdo a los mismos dichos del director Tejada.

El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús dijo en contrapartida que la intervención debería haberse instrumentado antes y que el decreto tendría que contener los fundamentos expuestos por Barg en la misma reunión. Por lo que propuso se ratificara el decreto del gobernador Paco Pérez a través de una ley o una resolución legislativa.

Sin embargo la diputada justicialista Sonia Carmona (que responde al vicegobernador Carlos Ciurca), sin disentir abiertamente con Tanús planteó que antes debía llegar a un resultado de la comisión investigadora creada ayer mismo en el Senado.

Hoy será el segundo capítulo de este episodio legislativo que tiene a la Coprosamen bajo la lupa. A las 9 será el turno de Mariela Jayat, la presidenta de la entidad desplazada por la intervención. 

Mientras tanto en el bloque radical que en principio reclamaba participar de la investigación del asunto junto a los senadores ahora dudan sobre esto y se acercan a tomar una actitud más rígida para exigirle al gobierno que devuelva la conducción de la entidad al Consejo de Administración.