Para Gils Carbó, la reforma del Consejo de la Magistratura es constitucional
Luego de que la Corte Suprema aceptara el per saltum introducido por el Poder Ejecutivo contra las sentencias del juzgado de primera instancia, Gils Carbó dictaminó que corresponde revocar esos fallos y declarar constitucional la reforma introducida al Consejo de la Magistratura.
Según dio a conocer la Agencia NA, la procuradora entendió que la elección popular y el incremento de los miembros del ámbito académico y científico dispuestos por la ley 26.855 no son incompatibles con el artículo 114 de la Constitución Nacional.
Al contrario, consideró que la norma consagró una interpretación de ese artículo que concilió mejor su texto "con el compromiso asumido con la ciudadanía, con el resguardo de la soberanía del pueblo, la democracia representativa y el consiguiente fortalecimiento de la participación ciudadana".
Además, evaluó que la nueva ley es adecuada para lograr "los fines de desalentar que intereses sectoriales o corporativos puedan prevalecer en la actuación del Consejo, al dejar sin efecto el voto calificado que regía anteriormente para la elección de los consejeros".
Ahora, se espera que la Corte pronuncie mañana su resolución sobre esta reforma, que establece el sufragio popular de los integrantes de ese cuerpo colegiado.
De esta forma, y teniendo en cuenta que no rigen jornadas inhábiles, la Corte ya está en condiciones de fallar sobre la cuestión de fondo a partir del martes, cuatro días antes del vencimiento del plazo para la inscripción de los candidatos al Consejo ante la Justicia electoral, junto a las listas legislativas para las primarias del 11 de agosto.
El presidente de tribunal, Ricardo Lorenzetti, anticipó que el tema se tratará "inmediatamente".
A pesar del hermetismo en el máximo tribunal, tanto en la oposición como en el oficialismo pronostican un fallo en contra de la elección popular y partidaria de los nuevos integrantes del organismo encargado de designar y remover jueces, por lo que en ese caso no habrá comicios para consejeros, aunque sí de legisladores.