El Gobierno denunció a los Ciccone por fraude y lavado
La denuncia se centra en cuatro grandes operaciones comerciales por varios millones de dólares ocurridas entre fines de 2007 y principios de 2010.
Sólo días después de que la familia Ciccone acudiera a la Justicia con un amparo contra la expropiación de la imprenta, llegó la respuesta del Gobierno: radicó una denuncia por el presunto vaciamiento de la compañía cuando ya afrontaba el concurso preventivo de acreedores, como también un supuesto lavado millonario de activos ilícitos.
Según publica hoy diario La Nación, la denuncia se centra en cuatro grandes operaciones comerciales y financieras por varios millones de dólares ocurridas entre fines de 2007 y principios de 2010, es decir, antes de que irrumpiera en escena The Old Fund, con el abogado Alejandro Vandenbroele.
El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, radicó la denuncia como interventor de la empresa, rebautizada Compañía de Valores Sudamericana (CVS), a la que consideró que los Ciccone intentaron vaciar con prácticas propias de una supuesta administración fraudulenta.
La denuncia quedó en manos del juez federal Julián Ercolini, quien ya tomó las primeras medidas. Pidió al fuero comercial que le envíe todas las copias disponibles sobre esas cuatro operaciones sospechadas, ya que las firmas involucradas intentaron luego cobrar esas acreencias cuestionadas a través de distintos expedientes. Pero Ercolini dio otro paso más: como lo impone el procedimiento penal, le giró el expediente al fiscal federal Federico Delgado para que evalúe si corresponde imputar a alguna persona en particular y sugiera las primeras medidas de prueba.
Algunos nombres ya quedaron bajo la lupa. En su denuncia, el Gobierno apuntó a la presidenta de la imprenta -Olga Beatriz Ciccone, hija de uno de los hermanos fundadores, Nicolás Ciccone-, al contador y al síndico de la empresa, y a los tres ejecutivos que celebraron aquellas operaciones. Esos ejecutivos son Roberto Molina, un abogado ya fallecido que era de extrema confianza de la familia fundadora; Pablo Amato, esposo de Olga y yerno de Nicolás, y Federico Schmid.
Amato, Molina y Schmid, según la denuncia, habrían acordado operaciones ilícitas, en pesos y en dólares, con tres firmas interconectadas entre sí -Bates Integrated Communications SA, la Cooperativa Mamakiya de Vivienda, Crédito y Consumo Limitada y VHS Sports SA-, en las que la figura decisiva sería Horacio Alberto Dannunzio, un empresario muy cercano también a Nicolás Ciccone.
Con la denuncia ya en su poder, el fiscal Delgado estimó que las operaciones sospechadas podrían ser "maniobras destinadas a producir el vaciamiento de Ciccone Calcográfica y/o el ingreso al mercado financiero de dinero de origen ilícito".
Delgado recomendó al juez Ercolini que analice por separado si el fuero federal es el competente para investigar esas operaciones, ya que en principio sólo afectaría al patrimonio de una sociedad anónima y a sus acreedores, aunque sostuvo que dada la "urgencia del caso" también sugirió el primer paso de la investigación penal para evitar demoras.
Amato, Molina y Schmid, según la denuncia, habrían acordado operaciones ilícitas, en pesos y en dólares, con tres firmas interconectadas entre sí -Bates Integrated Communications SA, la Cooperativa Mamakiya de Vivienda, Crédito y Consumo Limitada y VHS Sports SA-, en las que la figura decisiva sería Horacio Alberto Dannunzio, un empresario muy cercano también a Nicolás Ciccone.
Con la denuncia ya en su poder, el fiscal Delgado estimó que las operaciones sospechadas podrían ser "maniobras destinadas a producir el vaciamiento de Ciccone Calcográfica y/o el ingreso al mercado financiero de dinero de origen ilícito".
Delgado recomendó al juez Ercolini que analice por separado si el fuero federal es el competente para investigar esas operaciones, ya que en principio sólo afectaría al patrimonio de una sociedad anónima y a sus acreedores, aunque sostuvo que dada la "urgencia del caso" también sugirió el primer paso de la investigación penal para evitar demoras.