La costumbre de comprar sin licitación

El Estado tiene un estricto proceso para comprar bienes y contratar servicios que obliga, según el monto, a realizar concursos o licitaciones públicas. Pero en el Instituto Provincial de Juegos y Casinos hicieron, al menos durante la gestión anterior, su propia forma de contratar y tomaron la excepción como regla: buena parte de algunas de las millonarias contrataciones las hicieron de manera directa, sin licitación. Y también hubo casos donde hubo licitación, pero con reglas de juego poco claras y con presupuestos subvaluados en los pliegos, pero inflados a la hora de pagar.

Todas esas contrataciones cuestionadas ocurrieron en el año 2011, justo el mismo período donde se renegoció el contrato de concesión de los tragamonedas y que terminó en una fuerte polémica. Justamente ese proceso es el más cuestionado porque a entender del Tribunal de Cuentas el nuevo contrato debería haberse a través de una concesión nueva licitada.

En todos los casos los apuntados como responsables son el ex presidente del Instituto, Daniel Pereyra, los ex directores Juan Manuel Nacif y Esteban Navarro; el ex gerente General Horacio Miguel, el ex gerente técnico Ricardo Rodríguez y el síndico Ítalo Della Gáspera, entre otros.

Uno de los casos de licitación irregular ocurrió con el servicio de limpieza. El llamado a licitación fue por 2,6 millones de pesos. Pero el servicio se adjudicó por un presupuesto que casi duplicó esa previsión: 4,5 millones de pesos. Incluso el proceso es más confuso, porque se cambiaron los valores dos veces más y desde el Tribunal de Cuentas obligan a justificar más de medio millón de pesos con la posibilidad de que se los hagan devolver a los funcionarios responsables. Pero además, entre enero y mayo de ese año se contrató el servicio de limpieza de manera directa por valores que oscilaron entre los 222 mil y 247 mil pesos mensuales y casi un millón en total.

Algo similar ocurrió con el servicio de vigilancia. Entre enero y marzo de ese año se contrató a la empresa Presto de manera directa y le pagaron 1,2 millones de pesos. Según aseguran desde el Tribunal de Cuentas ambas contrataciones deberían haberse hecho por licitación debido a los montos. Pero además, no fueron publicadas como corresponde.

El Casino tampoco llamó a licitación para conseguir un edificio para mudar las oficinas administrativas del Casino. Allí hay una historia particular. El Instituto puso como condición para la renegociación del contrato de los tragamonedas que la empresa Mendoza Central Entretenimientos (la beneficiada por el aumento del canon) hiciera una inversión de 3 millones de pesos en reformas. Pero la Provincia debió hacerse cargo de las consecuencias de esa ampliación que fue, por ejemplo, la mudanza de las oficinas. Sólo en 2 años de alquiler la provincia gastó 1.320.000 pesos, a razón de 55 mil pesos por mes de alquiler. Desde el Tribunal de Cuentas aseguran que esa contratación debió hacerse por licitación también. Ese contrato debió ser rescindido porque el edificio requería reformas que costaban 1,5 millones. Pero por ese proceso la Provincia debió indemnizar al Centro de Retirados de la Policía titulares del inmueble) en 200 mil pesos y luego alquilar otro edificio.

También fue comprado de manera directa un equipo de aire acondicionado por un valor por el que debería haberse licitado. Pero el proceso de compra tuvo otras irregularidades. El primer presupuesto que figura y por el que se iba a comprar era por 835 mil pesos. Pero un mes después, la misma empresa envía un presupuesto por 960 mil pesos, es decir un 15% más caro.

Luego de que se presentaran otros presupuestos, se compró el equipo que habían seleccionado primero, pero sin licitación y la justificación que se efectuó era la necesidad “urgente” del equipo. Sin embargo en todo el proceso pasaron 4 meses.

Pero la irregularidad más grande en cuanto a las contrataciones sigue siendo la del servicio de Tragamonedas que según el Tribunal de Cuentas, como adelantó MDZ, debería haberse licitado nuevamente. Se trata de un contrato multimillonario que podría generar perjuicios para el Estado. La base del cuestionamiento es que se cambiaron las condiciones del contrato original y no se licitó. Por eso las anteriores autoridades del Casino deben explicar. Incluso obligan a que den argumentos creíbles sobre por qué se renegoció el contrato.

En el mismo sentido se adjudicó de manera directa, sin licitación, el servicio de bar y restaurante, quedando todo en manos de Mendoza Central Entretenimientos.